Por Germán Cardoso (*) Existe una gran incertidumbre entre los operadores del departamento de Maldonado ante la posibilidad de la firma por parte de nuestro país de un acuerdo de intercambio de información tributaria con la República Argentina. Al vivir en una región eminentemente turística con Punta del Este y Piriápolis como referentes principales y la cadena de balnearios que ambos poseen en sus alrededores, en forma recurrente nos llegan diferentes planteos sobre los prejuicios que ya está acarreando la eventual firma del acuerdo mencionado. Hace meses el mercado inmobiliario ha sentido una retracción en distintas áreas. En la construcción de nuevos emprendimientos, en la finalización de otros, con perspectivas nada halagüeñas para la próxima temporada por las medidas proteccionistas que vienen del otro lado del Río de la Plata.
El posible acuerdo de intercambio de información tributaria con
la Argentina se produjo en el marco de una serie de convenio similares
que el país realizó en los últimos años para ajustarse a los estándares del
“Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria” de la
OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El año
pasado Uruguay suscribió una docena de acuerdos con otros tantos países. Más
tarde el organismo internacional planteó la necesidad de firmar acuerdos con
los socios comerciales más relevantes, lo que incluye a Brasil y la Argentina.
Los acuerdos entran en vigencia treinta días después de que sea aprobado
por los parlamentos de cada país. En nuestro caso votaremos en contra de dicho
acuerdo por considerarlos nefasto para los intereses de nuestro país.
Estas exigencias -contrarias al interés
nacional- provienen de un organismo internacional con el cual no tenemos
ninguna obligación jurídica. No hay ningún motivo concreto por qué
tengamos que admitir recortes y perjuicios en los sectores financieros, de
turismo y de servicios. Sinceramente no he escuchado una sola razón de peso
para sostener que tenemos que ceder a este tipo de presiones.
OCDE presiona al gobierno uruguayo por las inversiones de
argentinos en el país, pero no hace lo propio con los Estados Unidos,
donde esos mismos argentinos tienen cifras millonarias depositadas en los
bancos y en bienes inmuebles.
Deberíamos estrechar filas con países como Estados Unidos o
España, para resistir los embates para acceder a la información de las
inversiones de los ciudadanos de la vecina orilla, los que pagan religiosamente
los impuestos generados por sus bienes dentro de nuestro territorio nacional.
La OCDE es un órgano político y se maneja según sus propios
intereses. De los diez elementos que la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico puntúa Uruguay califica en ocho, mucho
menos Macao o Gibraltar. Sucede que Macao tiene respaldo de China y
Gibraltar de Gran Bretaña. Por eso no tienen las mismas exigencias con
ellos. ¿Y nosotros? ¿Somos el hijo de la
pavota?
No debemos someternos a las
decisiones de un estado extranjero en materia tributaria.
El gobierno se escuda en las “presiones” de la OCDE para
llevar adelante las medidas que siempre anunció. Quieren modificar
algunos de los paradigmas del país en materia de intimidad de los ciudadanos en
sus asuntos, en su privacidad, y en los aspectos financieros. Cambios
propios de una ideología obsoleta.
Será algo terrible para la inversión inmobiliaria y para
la construcción que son unos de los pilares de nuestra economía.
Desalentaría la inversión extranjera por dónde se mire.
Debemos tener presente que quienes hoy nos presionan local
e internacionalmente por estos “acuerdos” son los mismos que no respetan
sistemáticamente otros, violan la normativa del MERCOSUR
estableciendo medidas proteccionistas que dañan las exportaciones uruguayas.
Violaron durante cuatro años el Tratado de Asunción cortando el libre tránsito
de personas y bienes por el puente General San Martín.
Dan por terminada la aplicación del convenio para evitar
la doble imposición tributaria que habían firmado con Chile y España
demostrando su incumplimiento de acuerdos.
Son los mismos que hoy -descaradamente- quieren destruir nuestra
economía con estas medidas.
En este tema no hay banderas políticas, de lo que se trata es de
defender los puestos de trabajo de nuestra población.
Por todas estas razones nos opondremos con firmeza y convicción
al Tratado de Intercambio de información Tributaria con la República Argentina.
(*) Representante Nacional por el
Departamento de Maldonado (Vamos Uruguay – Partido Colorado)
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