A toda costa

Por Dr. Daniel Bianchi (*)

En los próximos días, según se anunció, sería presentado al Parlamento Nacional, para su consideración, un Proyecto de Ley dirigido a establecer la Patente Única Nacional, que en caso de aprobarse comenzaría a regir desde el 1º de enero del año 2012.

La mencionada iniciativa surge luego de un preacuerdo del Poder Ejecutivo con el Congreso Nacional de Intendentes Municipales (CNIM). A través de la misma, las intendencias se asegurarían un subsidio que les evitaría pérdidas en sus recaudaciones, el cual sería abonado por el gobierno central, al tiempo que se establecería un fideicomiso nacional recaudador que luego distribuiría el dinero a cada comuna.

Un fideicomiso es un contrato o acuerdo jurídico a través del cual un determinado bien, dinero o propiedad se deja con un propósito determinado en beneficio a alguien. La instrumentación de dicho fideicomiso, según se estableció, deberá ser acordada y votada por el CNIM.

Puntualmente, la intención es, respecto a autos de menor valor de mercado, lograr un valor único promediando hacia la baja, mientras que para los vehículos de mayor valor se acordaría un valor promedio próximo al más alto que se cobra actualmente a nivel nacional. La diferencia será subsidiada por el Gobierno Central.

En teoría, la solución parece -en lo previo- conveniente y adecuada para poner fin a la famosa “Guerra de Patentes” y establecer, a toda costa y pese a quien le pese, una Patente Única Nacional. Sin embargo, sobrelleva varios errores.

En primer lugar, esta ley -en caso de llegar a ser sancionada- será inconstitucional, ya que afectará la autonomía que la Carta Magna establece explícitamente para los gobiernos departamentales.

En segundo lugar, desde su origen este proyecto entabla una nueva forma de centralización -aunque se niegue- punto sobre el cual no nos extenderemos por lo evidente del mismo: el Gobierno Nacional interviniendo desde Montevideo en asuntos propios de las comunas.

Finalmente, si bien la adhesión al “nuevo sistema” no es obligatoria, estará ligada al compromiso de gestión adquirido por cada Intendencia, de manera que aquellas comunas que no adhieran al acuerdo verán recortadas las partidas del gobierno central. Lisa y llanamente, una amenaza para nada encubierta: quien quiera continuar recibiendo las partidas, deberá aceptar y poner en aplicación el sistema en estudio.

Insultante.

Y, verdaderamente, es así, porque todo ello apunta, en definitiva, a paliar el déficit de las intendencias de Montevideo y Maldonado, cuyos valores de patentes son muy superiores a los de los demás departamentos y, aún así, a pesar de los ingresos a sus arcas muy por encima de la media del territorio nacional, sus gestiones muestran las más elevados cifras en rojo del país.

Sobre todo lo anterior, sobrevuela una pregunta que muchos nos hacemos: el Gobierno Nacional, ¿ha saneado sus arcas como para financiar parte de un fondo dirigido a cubrir errores de las Intendencias? ¿Ha solucionado todo lo referente a inseguridad, educación, vivienda, trabajo, infraestructura, salud y tantas cosas más? ¿Le sobra el dinero para pagarle a intendencias ineficientes?

La respuesta es contundente: claro que no. Es por demás evidente que el Gobierno Nacional falla en todas esas facetas que el ciudadano de a pie le reclama cada vez con mayor insistencia. Y para demostrarlo, allí está el último balance oficial que muestra que la deuda externa creció en mil millones de dólares en el último año.

El agujero negro persiste, y ¿por un compromiso político el Gobierno Central va a implicarse en financiar algo que no puede?

Parece fuera de lugar.

Totalmente fuera de lugar.

(*) Médico. Representante del Departamento de Colonia. Dirigente del Partido Colorado.