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| Senador Ope Pasquet |
Por Ope
Pasquet (*)
El
canciller Almagro y el prosecretario Cánepa rechazaron airadamente las críticas
a la sesgada actuación uruguaya en el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. Las calificaron de llanas, vacías, superficiales y falaces.
¡Con qué facilidad pierden la línea!
Los hechos, sin embargo, están
ahí. Uruguay votó a favor de varias resoluciones –no una sola- contrarias a
Israel, entre las que hay una que incluye la designación de una misión
investigadora para establecer el impacto de los asentamientos israelíes sobre los
derechos del pueblo palestino; sin embargo, el representante de nuestro país se
abstuvo de votar la prórroga del mandato del Relator Especial designado el año
pasado por el Consejo, para investigar la situación de los derechos humanos en
Irán.
En ambos casos, se trataba de
derechos humanos.
Pero votamos a favor de
investigar a Israel, y nos abstuvimos con respecto a Irán; ahí está la
disparidad de criterios.
A Israel se lo cuestiona
siempre; es el único país al que el Consejo de Derechos Humanos le reserva,
permanentemente, un punto de su agenda (el séptimo). Casi la mitad de las
resoluciones adoptadas por el Consejo desde su creación hasta hoy están
referidas a Israel, lo que ha sido criticado tanto por el anterior
Secretario General de la ONU, Kofi Annan, como por el actual, Ban Ki- moon,
entre otros.
Se ha dicho, y es cierto, que
Uruguay vota favorablemente desde 1998 la resolución que condena los
asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados desde 1967. Ello
demuestra que el ejercicio de un criterio propio en estos asuntos, sin
perjuicio de la amistad con Israel, no empezó en el 2005 con el gobierno del
Frente Amplio. Pero nunca antes habíamos votado –que yo sepa- el envío de toda
una misión investigadora a los asentamientos. Esta sí es una novedad.
Pero lo alarmante no es eso;
después de todo, Uruguay también recibió la visita de un representante de las
Naciones Unidas que inspeccionó nuestras cárceles y dijo la verdad al respecto,
y no nos consideramos agredidos ni ofendidos por ello.
Lo que solivianta es que
mientras votamos a favor de investigar a Israel, una democracia con todas las
de la ley que no ha dejado de serlo ni aún en medio de las múltiples guerras
que debió pelear para sobrevivir, nos abstenemos de hacerlo cuando se trata de
Irán.
El canciller Almagro dice que
se trató de una cuestión meramente “procedimental”, y que la coherencia nos
llevó a la abstención porque también nos habíamos abstenido el año pasado,
cuando se votó la designación del Relator Especial para Irán.
Se equivoca el canciller. No se
trata de “cuestiones procedimentales” sino de derechos humanos; de derechos
humanos que están siendo violados hoy.
La diferencia entre el 2011 y
el 2012, que hubiera justificado holgadamente el cambio de posición de Uruguay,
está en el informe del Relator Especial para Irán, Ahmed Saheed, acerca de sus
primeros meses de investigación (que se puede encontrar en la página web del
Consejo de Derechos Humanos).
El Relator denuncia “un
impactante patrón de violaciones de derechos humanos fundamentales garantizados
por la ley internacional”. Señala un brutal aumento de las ejecuciones
oficialmente reconocidas (hay también de las otras): de menos de 100 en el
2003, a más de 600 en el 2011. Entre los condenados que esperan su turno en los
“pabellones de la muerte”, hay 15 (hombres y mujeres) condenados a morir por
lapidación (a pedradas) por haber cometido adulterio.
Normas penales de absoluta
vaguedad; arrestos que duran meses sin que el detenido conozca los cargos que
se le formulan; apremios físicos y síquicos; juicios que son farsas y que en
¡siete minutos! terminan con una condena a muerte; durísima represión al
periodismo (en Irán hay 42 periodistas presos, dice el Relator Especial); gente
perseguida y castigada por sus preferencias sexuales, por el grupo étnico al
que pertenece (la minoría kurda) o por sus creencias religiosas (la comunidad
Baha’i es duramente perseguida); la lista de abusos y atropellos que contiene
el informe es larguísima.
Con este informe a la vista,
Uruguay debió haber votado a favor de la prórroga del plazo de la misión del
Relator Especial, pero prefirió lavarse las manos. Al abstenernos quedamos en
compañía de Angola, Burkina Faso, Qatar y Uganda, entre otros paladines de los
derechos humanos. Países como Chile, Costa Rica, Italia, México y los Estados
Unidos votaron a favor; Cuba y China lo hicieron en contra, por supuesto.
La disparidad de criterios es
flagrante, aunque se enoje el gobierno, sin que hasta ahora sepamos a qué deba
atribuirse este afán dilapidador del prestigio que el Uruguay supo ganar en
otros tiempos.
(*) Abogado. Senador de la
República (Vamos Uruguay, Partido Colorado)
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