Senador Ope Pasquet |
Por
Ope Pasquet (*)
El
presidente Mujica no autorizó al Partido Colorado a hacer uso de la palabra en
el acto en el que el Estado uruguayo declarará que asume su responsabilidad
internacional en el caso Gelman. El acto a celebrarse hoy, miércoles 21, tendrá
lugar en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados y la Asamblea General, para dar cumplimiento a la sentencia dictada
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso indicado.
El Partido Colorado
había resuelto solicitar el uso de la palabra en la sesión del Comité Ejecutivo
Nacional del pasado lunes. La Secretaria General del Cuerpo, la diputada Martha
Montaner, trasmitió personalmente la solicitud al presidente Mujica en una
reunión celebrada ayer por la tarde en la Torre Ejecutiva. Pocas horas después,
desde la presidencia se hizo saber que la respuesta al planteo colorado era
negativa.
Los colorados
estimamos que la sentencia de la Corte Interamericana es equivocada e injusta,
pero que aun así debe cumplirse.
La sentencia es
equivocada e injusta, afirmamos, no porque haga responsable al Estado uruguayo
por los crímenes de la dictadura, sino porque lo responsabiliza también,
expresa y específicamente, por la sanción legislativa y la ratificación popular
de la Ley de Caducidad. La Corte ha resuelto, por sí y ante sí –no hay ningún
órgano superior que pueda revocar sus sentencias- que las violaciones graves de
los derechos humanos no son amnistiables. Por lo tanto, no reconoce la validez
de la Ley de Caducidad. Y no sólo eso, sino que agrega que el Estado uruguayo
incurrió en responsabilidad internacional cuando el pueblo se pronunció, en las
urnas, a favor de la ley.
El Frente Amplio fue
el gran promotor de las dos consultas populares, la de 1989 y la del 2009. Las
campañas de recolección de firmas para llegar al referéndum del 89 y al
plebiscito del 2009 decían: “para que el pueblo decida”. Pero el pueblo decidió
en contra de lo que el Frente quería, y entonces cambió el discurso. Tabaré
Vázquez se acordó de Benedicto XVI y citó sus palabras para sostener que, en
materia de derechos humanos, la voluntad de las mayorías no cuenta.
El gobierno
frenteamplista no defendió, frente a la Corte Interamericana, el derecho del
pueblo uruguayo a decidir en las urnas su destino. Mientras el juicio
transcurría el canciller Almagro hacía declaraciones públicas diciendo que la
Ley de Caducidad era una vergüenza, y los abogados del Ministerio de Relaciones
Exteriores no mencionaron siquiera en sus escritos los artículos del Pacto de
San José que reconocen que los derechos de las personas pueden limitarse,
mediante la ley, por razones de interés general. La Ley de Caducidad hizo eso:
limitó el derecho de acceso a la justicia de algunas personas, para asegurarle
a la sociedad entera la consolidación pacífica de las instituciones
democráticas. El pueblo lo entendió así, y por eso ratificó la ley en 1989 y se
negó a anularla en 2009.
Ahora el gobierno de
Mujica, en nombre de la necesidad de cumplir el fallo de la Corte, va más allá
de lo necesario a ese efecto y no sólo declara la responsabilidad internacional
del Estado sino que además repite y hace suyos los argumentos de la Corte, que
ya no son solamente argumentos en contra
de la Ley de Caducidad, sino que son también argumentos en contra de la
voluntad popular que la ratificó.
Es en este punto que
los colorados discrepamos. Para cumplir el fallo alcanza con decir que el
Estado asume la responsabilidad internacional que la Corte le atribuye en su
sentencia. Pero no tenemos porqué aceptar además los fundamentos del fallo, que
le niegan el respeto debido a la voluntad popular. La nación es soberana, y su
voluntad, cuando se expresa de acuerdo con la Constitución, debe respetarse
siempre.
Hace siglos, la
Iglesia Católica condenó a Galileo Galilei porque este sostenía una opinión
científica que era considerada herética por la jerarquía eclesiástica; Galileo
decía que era la tierra la que giraba en torno al sol, y no a la inversa. Tan
fuerte fue la presión sobre el pobre Galileo que al final éste, ya anciano y
frágil, acabó rindiéndose y admitiendo frente a los censores que la tierra
estaba fija en el centro del universo. Sin embargo, después de haber abjurado
así de lo que realmente pensaba, agregó en voz baja (o dice la leyenda que
agregó): “eppur si muove”, o sea, “y sin embargo se mueve”.
El gobierno del Frente Amplio no sólo quiere
cumplir la sentencia, sino que además quiere decir “amén”.
Aunque no nos dejen
hablar en el recinto de la Asamblea General, los colorados seguimos pensando:
“eppur si muove”.
(*) Abogado. Senador de
la República (Vamos Uruguay, Partido Colorado)
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