El pasado miércoles 22 tuve el honor de participar en una instancia de reflexión acerca del estado de la educación en el Uruguay, convocada por la fundación “Wilson Ferreira Aldunate”. Los expositores fueron, por su orden, el Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich; el miembro del CODICEN de la ANEP , Lic. Daniel Corbo; el Presidente del Partido Independiente, Dr. Pablo Mieres; el autor de esta nota; el senador Jorge Larrañaga y el Vicepresidente de la República , Cr. Danilo Astori.
No aspiro a resumir en estas pocas líneas lo dicho por cada uno de los nombrados. Me siento sí en la necesidad de dejar breve constancia escrita de mis dichos.
Expresé, en sustancia, que en educación –como en tantos otros temas- pasó el tiempo de los diagnósticos, las propuestas y los debates, y es hora de resolver y ejecutar lo resuelto.
Los problemas de la educación han sido señalados una y otra vez y están todos los días en la prensa: cobertura, calidad y pertinencia de los aprendizajes, resultados educativos que reproducen la desigualdad en vez de corregirla, pérdida de autoridad de los docentes y crecientes manifestaciones de indisciplina estudiantil, pérdida de vigencia de la laicidad, gestión administrativa ineficaz, ausentismo docente y un largo rosario de etcéteras.
Propuestas, las hay para todos los gustos. Cada partido político ha hecho las suyas y algunos sectores han agregado desarrollos propios a la base programática común de sus respectivas colectividades. Al comienzo del actual período de gobierno, un grupo de trabajo interpartidario logró un amplio acuerdo en varios temas, como se recordará. Desde fuera de las estructuras partidarias, docentes y otros técnicos han hecho también valiosos aportes al debate.
El marco jurídico que la fuerza política de gobierno considera apropiado para la enseñanza es el establecido por la Ley de Educación del año 2008. Esa ley fue votada por el Frente Amplio (no por el Partido Colorado, ni por el Partido Nacional), que como es notorio tiene también en este período la mayoría parlamentaria necesaria para introducirle las modificaciones o ajustes que considere pertinentes.
Los equipos de gobierno de la enseñanza se instalaron en el CODICEN a fines de mayo del año pasado, y en los Consejos Desconcentrados a fines de junio de dicho año. En todos esos Consejos hay solamente una persona propuesta por el Partido Nacional, el Lic. Corbo, y ninguna propuesta por el Partido Colorado. Los acuerdos políticos del año pasado, según los cuales se designaría una especie de “veedor” propuesto por alguno de los partidos de la oposición junto a cada Consejo Desconcentrado, no fueron cumplidos por el gobierno. Quiere decir pues que el actual gobierno del Frente Amplio tiene el dominio absoluto de todos los consejos que rigen la enseñanza en el Uruguay.
Los recursos también están. El gobierno anterior cumplió la promesa electoral del Frente Amplio de asignarle el 4,5% del PBI a la educación. El PBI no ha parado de crecer, y con él creció la asignación presupuestal destinada a la educación. El presupuesto quinquenal vigente desde el primero de enero de este año previó un aumento de rubros en función del incremento del producto, y ya se ha anunciado desde el gobierno que se dará cumplimiento a esa disposición destinando 1.100 millones de pesos más a la enseñanza, en la Rendición de Cuentas que en estos días se enviará al Parlamento.
Recapitulando: los problemas son graves y conocidos, hay múltiples propuestas para resolverlos, las personas en las que el gobierno confía para dirigir la educación ocupan sus cargos desde hace un año, el marco jurídico de su actuación fue establecido por el propio Frente Amplio y el presupuesto para la enseñanza es el más alto de la historia nacional.
¿Qué más necesitan el CODICEN y los Consejos Desconcentrados para poner en marcha una gran reforma educativa, con objetivos, metas y plazos concretamente definidos, para conocimiento y control de la ciudadanía?
La respuesta a esta pregunta la dio en el curso de su exposición, acaso sin proponérselo, el ministro Ehrlich. El ministro dijo que el Poder Ejecutivo se propone convocar al Congreso Nacional de Educación (órgano previsto con una integración “plural y amplia” por el artículo 44 de la Ley de Educación), para que elabore un Plan Nacional de Educación.
Es lo que faltaba. El anuncio oficial de que está pendiente la elaboración de un “Plan Nacional de Educación”, es la excusa perfecta para que los Consejos no intenten siquiera hacer más nada y sigan en “piloto automático” hasta que el Plan esté publicado en el Diario Oficial.
Mientras tanto, el tiempo pasa y los muchachos no aprenden, o aprenden poco, en años decisivos para su formación.
Pasó el tiempo de los congresos, los debates, los diagnósticos...
Transcurrió un año y medio del actual período de gobierno.
Con angustia lo digo: es tiempo de hacer.
(*) Abogado. Senador de la República. Secretario general del Partido Colorado.
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