Por Dr. Pedro Bordaberry (*)
Esta semana tres Ministros expresaron que no tienen información sobre el proyecto de explotación minera de la empresa Aratiri.
Esa será, aparentemente, la estrategia que los integrantes del Poder Ejecutivo seguirán en la interpelación que deberán enfrentar próximamente.
Esta actitud no es nueva.
Hace unos meses, otros dos Ministros, los de Defensa e Interior, manifestaron algo similar ante otra interpelación. Preguntados concretamente si sabían quién había entregado un supuesto video intimidatorio al Presidente de la República, negaron saberlo y además afirmaron que no le preguntaron al mandatario sobre el mismo.
Los encargados de Seguridad no tenían información. Difícil de creer.
Resulta complicado llevar a cabo nuestra tarea constitucional de contralor parlamentario sobre los Ministros ante esta reiterada actitud de ellos.
La misma es respaldada por la mayoría que el oficialismo posee en el Parlamento.
Ante la falta de información la natural reacción es oponerse a lo que se propone.
Resulta obvio que no se puede apoyar un proyecto de megaminería a cielo abierto, con mineroducto, desvíos de cursos de arroyos y utilización de dinamita tres veces por día, entre otras cosas, cuando los Ministros de Industria y Energía, Turismo y Medio Ambiente afirman que no tienen información.
Por otro lado, en el Parlamento se está por aprobar un proyecto de ley que modifica el Código de Minería. El mismo extiende los plazos de los permisos mineros, cambia el monto del canon que se paga, establece servidumbres y afecta derechos sin notificar a los propietarios de los predios.
Parece hecho, a mi juicio lo es, a medida y solicitud de la empresa que se propone hacer la inversión. Afirmo que “a mi juicio lo es” fundado en la coincidencia entre la inversión que se está realizando y el apuro en modificar el referido Código que regula su actividad.
Mientras los Ministros sostienen que no tienen información y el Frente Amplio con sus votos aprueba de apuro las modificaciones al Código de Minería, la empresa Aratiri anuncia que empezará a funcionar en el 2013 y que quiere vender la mitad de su capital accionario.
En el medio de tanto desatino, la Dirección Nacional de Medio Ambiente rechazó el pedido de autorización ambiental y la empresa retiró su solicitud expresando que la reformulará.
A eso se suma la información de que el Poder Ejecutivo habría cedido a la empresa un predio de 250 hectáreas propiedad del Ministerio de Defensa en la zona de La Angostura de la Laguna Negra, en la costa atlántica de Rocha.
Hace más de un mes realicé un pedido de informes sobre ello y … el Poder Ejecutivo no contesta!
Para terminar, el Presidente de la República hizo pública su voluntad de que la autorización del emprendimiento la otorgue la ciudadana en un plebiscito consultivo que se realizará luego que se apruebe una ley que todavía no está redactada.
Ante tanta contradicción y desprolijidad la reacción natural no es otra que tomar precauciones para evitar catástrofes.
Por ello presentamos un proyecto de ley siguiendo los lineamientos de lo que está haciendo el Parlamento de la Unión Europea (http://bit.ly/ko2mXz) y lo que hizo Costa Rica.
Por el mismo pretendemos elevar los requisitos que la empresa debe cumplir si quiere acceder a los permisos.
Ante esta propuesta se nos acusó de estar en contra de una actividad que generará empleos, ingresos para el país y que puede provocar la instalación de nuevas industrias y tecnologías.
No estamos en contra de eso. Por lo contrario estamos muy de acuerdo en que existan nuevas actividades que generen trabajo y crecimiento.
Si lo estamos, pero solo si: se nos dice como se afectará el ambiente; como se restablecerán las condiciones del lugar cuando termine la explotación; se clarifican los aspectos económicos y el retorno nacional; se presentan los estudios de impacto para mitigar la contaminación de acuíferos y la calidad del aire, se presentan planes de contingencias para el mineroducto, no se afectan los palmares, la biodiversidad, ni los humedales de Rocha.
Sobre todo si, pero sólo si los Ministros de Estado, responsables del cuidado del Uruguay están informados e informan en lugar de decir que no tienen información de una empresa que dice que empezará a funcionar en el 2013.
Porque sí hay que crecer y fomentar la inversión pero no a costa de destruir el soporte físico y ambiental que debemos legar en mejores condiciones a las generaciones que en el futuro vivan en el Uruguay Natural.
(*) Abogado. Senador de la República. Líder de Vamos Uruguay
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