Por
Pedro Bordaberry (*)
Corría
el mes de Julio del año pasado cuando fue citado, de forma urgente, el Senado
de la República.
El gobierno había cerrado la empresa
aeronáutica de todos los uruguayos, Pluna, originando un sin fin de
complicaciones: pasajeros con pasajes pagos que se quedaban sin viajar,
acreedores privados que no cobrarían sus cuentas, acreedores públicos como
Ancap que perdieron 30 millones de dólares, garantías de aviones que el Estado
debía asumir.
La medida era grave puesto que la
decisión se tomó en las vísperas de las vacaciones julianas. Muchos se
aprestaban a viajar y quedaron varados.
En ese momento el argumento del
gobierno para la medida fue una falacia: una sentencia de la Justicia brasileña
creaba un riesgo de juicios por 3.500 millones de dólares por reclamos de los
ex trabajadores de Varig (anterior accionista de Pluna) y por eso debía ser
cerrada.
Llamó la atención lo oportuno del
argumento para el gobierno. Pluna llevaba meses de agonía por la pésima
privatización realizada por el Frente Amplio, el Estado había asumido el
control de la empresa con la intención de volverla a vender, pero de buenas a
primeras la liquidaba con este fundamento.
Las averiguaciones realizadas pusieron
de relieve que lo que los Ministros decían no era cierto.
La presunta sentencia era del año 2003,
conocida antes que el Frente Amplio desde el gobierno le entregara Pluna a Leadgate y el Sr. Campiani.
Resultaba obvio que si la sentencia era
del 2003, en el 2007 ese era un hecho que debía ser conocido; que lo era.
El estudio del contrato con la empresa
Leadgate así lo comprobó. En el 2007 el Estado asumió para sí, es decir le
quitó a Pluna, el posible reclamo de los trabajadores de Varig.
Los informes de los auditores de Pluna,
posteriores al 2007, así lo confirmaban puesto que dejaban constancia que no
incluían esa posible contingencia porque esa obligación no era de la Aerolínea.
Los juicios además no eran 700 ni por
3.500 millones de dólares. Ni cerca. Eran unos 70, algunos se habían ganado,
otros perdido y las normas brasileñas no permitían un reclamo mayor a los 45
mil dólares. Riesgo de tres, no de 3.500, millones de dólares.
Se cayeron varios ceros en el camino.
Echarle la culpa a la gestión de Varig
era traspasar la responsabilidad al gobierno que hizo la licitación que llevo a
la asociación en el año 1994. Era hablar, de nuevo, de la herencia, del yo no
fui, la culpa es de otro.
El Frente Amplio faltaba a la verdad
para sacarse de encima la culpa de su fracaso en Pluna. Fracaso que costó
millones de dólares a todos los uruguayos.
La claridad del tema no permitió dudas
y el rápido acceso a la información fue tan contundente que ya no insisten con
que no son responsables del desastre.
La responsabilidad por lo que sucedió
fue de las decisiones tomadas en el 2007 por Vázquez y Astori y la pésima
gestión posterior. Así de sencillo y no de Varig u otras cosas.
Pero hubo más.
Mientras discutíamos en el Senado, un
asesor acercó el Diario Oficial publicado ese mismo día.
Perdido entre Edictos de Casamientos,
Sucesiones, Llamados Públicos y un cúmulo de avisos, había un aviso que llamaba
la atención.
Era una resolución del Poder Ejecutivo que
decretaba la confidencialidad de la documentación de Pluna. El mismo día en que
discutíamos en el Parlamento el Gobierno prohibía el acceso a la información.
Eso no hizo más que exacerbar los
esfuerzos por llegar a los datos, conocer los motivos por los que se hacía esto
y confirmó nuestras sospechas de cuál era la real intención que se perseguía.
Al acceder a la información nos
enteramos que de las actas de la empresa aeronáutica, surgía que los
representantes designados por el Poder Ejecutivo habían tomado resoluciones
perjudiciales para la empresa: volvieron a poner en cabeza de Pluna la
obligación que el Poder Ejecutivo tenía de pagar los reclamos de los ex
trabajadores de Varig.
Lo que era más grave aún.
Toda esta confidencialidad, secretismo
y accionar conspira contra la transparencia y el control que los legisladores y
la sociedad tenemos derecho a realizar sobre la acción de los gobernantes.
En la ley de Rendición de Cuentas, a
estudio en estos momentos en el Parlamento, se pretende darle más potestades al
gobierno en cuanto a mantener secretos y no brindar información.
Es decir, se está legislando para que
quien está en el Gobierno pueda negarse a dar información.
Es sabido que la ley 18.381 de Acceso a
la Información Pública, obliga al Estado a darle a cualquier ciudadano la
información que solicite. Pero ahora el gobierno del Frente Amplio quiere
restringir esto.
Pretende, de acuerdo con los artículos
37 y 38 del proyecto de Rendición de Cuentas, no dar información cuando los
datos solicitados estén sujetos a “procedimientos de control, evaluación,
investigación o deliberación”.
Si esto prospera bastará con decir que
la están evaluando para denegar la información.
Un retroceso para la transparencia que
necesitamos si queremos construir un país honesto y de primera. Pero sobre todo
un aliento para los que ocultan información o no dicen la verdad sobre los
motivos que llevan al cierre de una empresa del Estado.
La nueva forma de hacer política que
pregonamos está en contra de estas prácticas.
Todos deberíamos estarlo.
(*) Abogado. Senador de la República. Líder
de Vamos Uruguay – Partido Colorado
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