Los convenios colectivos deben cumplirse

Por Ope Pasquet (*)

El gobierno responde al reclamo de aumento salarial que plantean los docentes, diciendo que está cumpliendo e incluso adelantando el cumplimiento del convenio colectivo oportunamente celebrado con ellos, por lo que no puede exigírsele más.

Por su parte, en la concentración que tuvo lugar ayer frente al Palacio Legislativo, algunos dirigentes del PIT-CNT le reclamaron al ministro de Trabajo que cumpla un convenio colectivo relativo a la derogación del decreto 401/008, que habilita los descuentos por paros distorsivos.

Ante este panorama la pregunta que uno se hace es la de si quienes suscriben convenios colectivos lo hacen de buena fe y con la intención de cumplirlos, o no.

Admitir que el cumplimiento de los convenios colectivos quede librado a la voluntad de cada una de las partes, equivale a renunciar al diálogo y a la búsqueda de soluciones de entendimiento y compromiso entre ellas, resignándose a la vigencia de la ley de la selva: el que al amparo de una circunstancia favorable puede sacar ventajas, las saca, aunque ello implique borrar con el codo lo que escribió con la mano y causar todos los perjuicios que se quiere evitar celebrando un convenio colectivo.

Es claro que por este camino no se llegará a solucionar los conflictos, sino a la victoria de unos y la derrota de otros, que es la combinación necesaria para generar nuevos y más graves enfrentamientos en la primera oportunidad que se presente.

La cuestión no debe hacerse depender de que se haya pactado o no, expresamente, una "cláusula de paz". El principio de buena fe, que es un principio general de Derecho que se aplica en todos los ámbitos, desde un humilde contrato entre particulares hasta un tratado internacional entre superpotencias, obliga a entender que quienes se ponen de acuerdo en una materia determinada, por un plazo determinado, dejarán de hacerse reclamos en esa materia mientras dure ese plazo. La tesis contraria es la negación de la idea de acuerdo, porque las concesiones se hacen para poner fin a un litigio, no para continuarlo.

A fines del año 2001, la Intendencia Municipal de Montevideo llegó a un acuerdo salarial con ADEOM que luego no cumplió. Los funcionarios municipales acudieron a la Justicia y triunfaron; el incumplimiento de la Administración Arana le costó millones de dólares a los montevideanos.

Hoy son los sindicatos docentes los que plantean un conflicto mientras está vigente un convenio colectivo; los perjuicios más graves los sufren los alumnos de la enseñanza pública, y pretender negarlo es como querer tapar la luz del sol con un dedo.

Las relaciones laborales se han ido haciendo cada vez más arduas y complejas. Es de interés general que las diferencias y conflictos se resuelvan cuanto antes; especialmente cuando afectan la prestación de servicios tan importantes como la educación o la salud. Para que así suceda, el acuerdo básico es que los acuerdos deben cumplirse de buena fe; si no, ¿para qué negociar?

Lamentablemente, la tesis de que el fin justifica los medios (que en nuestro país se ha expresado desde la primera magistratura, diciendo que "lo político está por encima de lo jurídico") parece haber ganado terreno también en el ámbito laboral, público y privado. Es preciso restablecer la primacía del Derecho y la buena fe, para que no se siga echando leña a la hoguera. Si "se incendia la pradera", como está de moda decirlo, pierde el país.

(*) Abogado. Senador de la República  (Vamos Uruguay – Partido Colorado)