Por Ope Pasquet
(*)
La celebración del 183º aniversario de la jura de la primera
Constitución nacional se realizó ayer en condiciones anormales. En prevención
de anunciadas protestas de los gremios docentes, se desplegó un dispositivo de
seguridad que aisló a las autoridades no sólo de los manifestantes, sino del
público en general. No son estas, evidentemente, las condiciones apropiadas
para una conmemoración patriótica que debe significar la renovación del
compromiso nacional con el ideal del Estado de Derecho, simbolizado por la
Constitución originaria.
El mes
pasado, la Intendencia Municipal de Canelones optó por cancelar el tradicional
desfile que se realiza en la ciudad de Sauce para conmemorar el natalicio de
Artigas, por temor a lo que pudiera ser la protesta de los docentes en
conflicto.
Y en el
mes de febrero de este año, la ceremonia en la que la Suprema Corte de Justicia
dio posesión de sus nuevos cargos a un grupo de jueces debió postergarse por
más de dos horas, a la espera de que la Policía desalojara del Palacio Piria a
un grupo de manifestantes que protestaba contra el traslado de una .jueza
impidiendo, de hecho, la celebración del acto.
Estamos
asistiendo, por lo tanto, a la reiteración de situaciones en las que chocan o
amenazan chocar las protestas y reclamos de diferentes grupos, con la
realización de actos oficiales. Las consecuencias de la colisión son que o bien
se cancelan los actos, o se realizan de manera distorsionada.
Es obvio
que las autoridades no pueden ni deben dejar de actuar como tales, cumpliendo
sus funciones y celebrando los grandes fastos nacionales como corresponde, sin
dejarse intimidar. Y es obvio también que lo anterior es perfectamente
compatible con el pleno ejercicio de los derechos de reunión, de expresión del
pensamiento y de huelga, que nuestra Constitución reconoce y garantiza a todos
los habitantes del país.
El
problema está en que, por un lado, hay quienes siguen sin entender que el
derecho de cada uno termina allí donde empieza el derecho de los demás, y por
otro hay un gobierno que sufre una especie de complejo inhibitorio que le
impide el ejercicio de su legítima autoridad. Entre los excesos de algunos y la
pasividad de otros, terminamos cancelando fiestas patrias o celebrándolas poco
menos que a escondidas.
La
reunión de cuatro o más personas “para perturbar con gritos, injurias o
amenazas, una reunión pública, o la celebración de alguna fiesta, religiosa o
cívica…”, configura una de las modalidades de comisión del delito de asonada y
se castiga con pena de tres a nueve meses de prisión (art. 145 del C. Penal).
Quizás no lo sepan muchos de los que actúan como si sus reivindicaciones fueran
título que los autoriza a insultar e imponerse con prepotencia a los demás;
aunque la ignorancia de las leyes no sirve de excusa, no estaría demás que se
les recordara que la norma citada está en vigencia.
El
gobierno tiene el deber no sólo de cumplir la ley, sino también de hacerla
cumplir. Si se preocupa por la defensa de la convivencia y por ello reflota las
viejas faltas, entre ellas la que consiste en causar desórdenes en un
espectáculo público, con más razón debe aplicar la ley para garantizar la
realización pacífica y normal de los actos oficiales. El funcionamiento del
Estado no puede depender del talante de grupos de exaltados. El primer
requisito para la convivencia ciudadana es la efectiva vigencia del Derecho, y
eso es precisamente lo que se pone en tela de juicio cuando se ofrece a la
sociedad el deprimente espectáculo de un gobierno arrinconado, que celebra un
18 de Julio a desgana y poco menos que en la clandestinidad.
(*) Abogado. Senador de la República (Vamos Uruguay - Partido
Colorado)
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