Tras los cambios sociales, cambios legales (II)

Por Ope Pasquet (*)

Concluíamos nuestra nota de la semana pasada diciendo que la nueva tolerancia de la sociedad ante la homosexualidad y los homosexuales, y el consiguiente aumento de la “visibilidad” de estos, pone de manifiesto la necesidad de que sus relaciones de pareja con vocación de permanencia tengan un estatuto  jurídico que las regule.

Ese estatuto puede ser el del matrimonio, ampliado para comprender también a las parejas homosexuales, o bien puede constituir un régimen especial, con nombre propio y distinto de aquél.

La segunda alternativa, es decir, el régimen especial denominado, por ejemplo, “unión civil” o algo por el estilo, me pareció hasta hace un tiempo la preferible. Tiene la ventaja de ofrecer a las parejas homosexuales el amparo del Derecho, sin modificar para ello una institución milenaria que constituye el mejor marco posible para traer hijos al mundo, criarlos y educarlos.

Lo que me hizo cambiar de idea y apoyar la propuesta del “matrimonio igualitario”, fue la comprensión de que lo que las parejas homosexuales reclaman no es solamente una solución técnica para sus problemas jurídicos, sino también y fundamentalmente el reconocimiento social, expresado a través de la ley, de la legitimidad de su condición de homosexuales y de su unión como tales. En último análisis, lo que se reclama es  el reconocimiento de que la dignidad de la persona es la misma para todos los individuos de la especie humana, y no aumenta ni disminuye en función de  la orientación sexual de cada uno, del mismo modo en que no varía tampoco en función de la nacionalidad, el color de la piel o el credo religioso del sujeto del que se trate.

La exigencia de aceptación y reconocimiento de personas  que ya no aceptan ocultarse, ni negar una manera de ser que en la mayoría de los casos no fue siquiera elegida libremente por ellas, sino asumida como un hecho de la naturaleza,  es lo que constituye a mi juicio el meollo de la cuestión.

Planteada así la cuestión, se resuelve a favor de la aceptación del “matrimonio igualitario”. En el ámbito de las relaciones de familia, el matrimonio es la institución legítima y legitimadora por excelencia; la ley es el instrumento dotado de la eficacia jurídica y la potencia simbólica necesarias para hacer ingresar en aquella venerable estructura a sus nuevos habitantes.

Es cierto que el matrimonio ha sido históricamente el marco jurídico protector de la procreación humana. ¿Por qué admitir en su seno, entonces, a aquellos  cuya unión no puede engendrar un nuevo ser?

La reproducción dejó de ser hace tiempo, si es que alguna vez lo fue realmente, la única razón por la que la gente se casa. Miremos a nuestro alrededor. Muchos contraen matrimonio sin querer tener hijos o sin poder hacerlo, sea por razones de edad, de patologías congénitas o adquiridas, etc. A nadie se le pide, cuando se casa, que asuma el compromiso de la reproducción. Si así son las cosas, no se entiende por qué la imposibilidad de reproducción tiene que ser un obstáculo insuperable para que los homosexuales que deseen compartir la vida puedan darle a su unión el nombre dignificador de matrimonio, evitando el “apartheid” jurídico de la “unión civil” o institutos similares.

“Hagamos que el tránsito de los hombres sobre la tierra, de suyo difícil y amargo, sea, por lo menos en los límites de nuestra patria, lo más llevadero posible. Hagamos que para todos resplandezca, en la medida de las posibilidades humanas, el sol de la felicidad”. Este párrafo de una nota publicada en El Día en los años veinte, en vida de don José Batlle y Ordóñez, expresa bien el espíritu que nos anima al anunciar nuestro voto a favor del matrimonio igualitario.

(*) Abogado. Senador de la República (Vamos Uruguay – Partido Colorado)