Por Dr. Ope Pasquet (*)Días atrás, el Presidente de la República sugirió a los directores de empresas públicas que condicionen la compra de espacios publicitarios en los medios de comunicación, al tratamiento que esos medios den a la “crónica roja”. A Mujica no le gusta la manera en que los canales de televisión, sobre todo, cubren las noticias policiales; entiende que les dan demasiado tiempo, demasiado énfasis; y estima que esa cobertura excesiva genera sensaciones de temor e inseguridad en la población, que no tendrían –según él- justificación objetiva. Para corregir esta situación, lo que el presidente propone es presionar a los medios de comunicación de una manera simple y directa: haciéndoles saber que si no modifican sus criterios informativos de acuerdo con los deseos del gobierno, dejarán de recibir los millones de dólares que reciben anualmente por concepto de publicidad oficial. Así de sencillo.
Ayer jueves, el vicepresidente Danilo Astori confirmó a la prensa que el tema fue “comentado en el ámbito gubernamental” (así se lee en la página web de la Presidencia de la República), sin que se haya adoptado todavía ninguna decisión al respecto. “Astori valoró la importancia que tendría jerarquizar otras noticias positivas que ocurren para darle un equilibrio razonable a las noticias”, sigue diciendo la página oficial, que a continuación cita entre comillas al Cr. Astori: “No digo inventar información ni mucho menos, sino jerarquizar información que refiere a cosas muy buenas que está teniendo Uruguay y muchas veces pasan desapercibidas”.
Es cierto, pues, más allá de toda duda razonable: el gobierno está pensando en limitar la libertad de prensa. La idea no es, por supuesto, llevar presos a los periodistas que molesten (eso sería una torpeza innecesaria...), sino amenazar a los dueños de los canales de televisión con que van a ganar menos dinero si sus empresas no hacen lo que el gobierno quiere que hagan. Durante el anterior período de gobierno, un Sr. Visillac que se desempeñaba en la oficina de prensa de una empresa pública (ANTEL, si mal no recuerdo) planteó algo parecido; fue muy criticado y luego se supo que se le habían asignado otras tareas. Ahora es el presidente Mujica el que retoma la iniciativa, permitiendo que aflore, una vez más, esa veta autoritaria que en él es tan auténtica como sus pulsiones anárquicas. El vicepresidente Astori reformuló la misma idea de manera más hábil, pero no menos peligrosa: “jerarquizar” la información según los criterios del gobierno, destacando lo que al gobierno le gusta y relegando o suprimiendo lo que le molesta, es también recortar la libertad de prensa.
Algún iluso pensará, seguramente, que esta es una más de esas ocurrencias presidenciales que luego quedan en nada. Error: la amenaza ya se hizo pública y ya está surtiendo efecto. Seguramente, los medios de comunicación ya están revisando sus criterios informativos, por lo menos para no incurrir en “excesos involuntarios”...Porque aunque no se dicte ningún decreto ni ninguna resolución oficial, por la vía de los hechos simplemente, las pautas publicitarias pueden variar sin restricción legal alguna, en esa zona lejana y brumosa donde lo discrecional limita imprecisamente con lo arbitrario. Y esas variaciones pueden significar, al cabo de un tiempo, miles o millones de dólares.
¿Que estoy exagerando? No lo creo. El capital es cobarde y el bolsillo es el órgano más sensible del cuerpo humano, como todos sabemos. Ya hoy los líderes de la oposición aparecen en los informativos muchísimo menos que figuras del tercer o cuarto nivel del gobierno; la diferencia es enorme y no guarda ninguna proporción con los resultados electorales ni con la representación parlamentaria de los partidos. Y hay otros sesgos: alguien me hizo notar que un noticiero televisivo dejó de dar información relativa a la edad de quienes cometen los delitos que nutren la “crónica roja”; ¿por qué será...?
El hecho está ahí y hay que asumirlo: hoy, en el Uruguay, la libertad de prensa está amenazada y bajo presión oficial.
(*) Abogado. Senador de la República. Secretario General del Partido Colorado
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