Justo cuando la seguridad ocupa el eje de la polémica y divide en dos a la sociedad, el gobierno tuvo una seguidilla de hechos que pueden jugarle en contra. Y en lugar de opacar la figura del senador Pedro Bordaberry y bajar de la primera plana sus iniciativas, está logrando exactamente lo contrario.
Para empezar, eligió el momento quizás menos oportuno para presentar el proyecto que permite liberar presos que hayan cumplido dos tercios de su condena. Cuando el tema de debate es si los menores de 18 años deben o no ser imputables y se preparan más plazas para internar jóvenes infractores, el proyecto de eventual liberación de presos no hizo más que reavivar las críticas de la oposición.
El Ejecutivo plantea que en caso de “hacinamiento crítico” los jueces deberán analizar las causas de los reclusos que pueden ser liberados. Pero el Poder Judicial rechazó el texto y cuestionó que una vez más un asunto político como es la seguridad pública deba ser resuelto por los jueces.
Además, advirtieron que si hay hacinamiento, la solución no es liberar reclusos sino construir más cárceles. El envío de este proyecto al Parlamento dio la oportunidad a toda la oposición, y en particular a Bordaberry que se ocupó especialmente del caso, a dejar al gobierno como blanco de las críticas.
Permanente
El segundo paso en falso fue la permanente alusión que se realizó en el último acto del Frente Amplio a la recolección de firmas que lleva adelante el senador colorado en compañía de sectores del Partido Nacional para bajar la edad de imputabilidad.
Buena parte del acto del jueves pasado en Las Piedras estuvo centrado en cuestionamientos a esa propuesta. “No es con leyecitas ni juntando firmas para bajar la edad de imputabilidad que vamos a lograr resolver algunos problemas de la gente”, dijo la senadora Lucía Topolansky (MPP). El punto también fue tocado por el senador Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista) y el intendente de Canelones, Marcos Carámbula. La sombra de Bordaberry estuvo presente en el acto.
Buena parte del acto del jueves pasado en Las Piedras estuvo centrado en cuestionamientos a esa propuesta. “No es con leyecitas ni juntando firmas para bajar la edad de imputabilidad que vamos a lograr resolver algunos problemas de la gente”, dijo la senadora Lucía Topolansky (MPP). El punto también fue tocado por el senador Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista) y el intendente de Canelones, Marcos Carámbula. La sombra de Bordaberry estuvo presente en el acto.
Y el tercer traspié fue el enfrentamiento público de Topolansky con el senador colorado. El líder de Vamos Uruguay cuestionó la iniciativa del gobierno de poner a consideración de los jueces la liberación de presos y la catalogó de “locura”. Acto seguido, en declaraciones a El Espectador, Topolansky acusó a la oposición de “hacer campaña con el látigo terrorista”.
Y con esa frase dio el pie para que Bordaberry no perdiera la oportunidad de responderle. “La verdad, yo por lo menos nunca participé en ninguna acción terrorista. Quizás ella pueda hablar con más propiedad que yo”, dijo el senador a Ultimas Noticias, en clara referencia al pasado guerrillero de la senadora.
Agregó que “la señora evidentemente no entiende el juego democrático” por el cual la oposición puede cuestionar al gobierno. Agregó que “ella quiere un sistema político en el que nadie pueda criticarla”. El senador aprovechó el pie de la senadora para además, decir que “perdió los parámetros de la libre expresión, el republicanismo y la libertad”.
Bordaberry tampoco dejó pasar la chance de recordar otro hecho en el que el gobierno fue ampliamente cuestionado. “No quieren que la oposición dé su opinión, no quieren que los periodistas informen, quieren sancionar a los medios cuando informan lo que no les gusta”, dijo. Días atrás, el presidente José Mujica sugirió a los directores de los entes autónomos que podría recortarse la publicidad oficial a los medios para enviar señales de advertencia por el tratamiento que se da a las noticias policiales.
Bordaberry tampoco dejó pasar la chance de recordar otro hecho en el que el gobierno fue ampliamente cuestionado. “No quieren que la oposición dé su opinión, no quieren que los periodistas informen, quieren sancionar a los medios cuando informan lo que no les gusta”, dijo. Días atrás, el presidente José Mujica sugirió a los directores de los entes autónomos que podría recortarse la publicidad oficial a los medios para enviar señales de advertencia por el tratamiento que se da a las noticias policiales.
Extraído de El Observador, 23 de agosto de 2011.
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