Bordaberry quiere respuestas por el acuerdo entre el gobierno y Montes del Plata

Pedirá que el ministro de Ganadería sea llamado a sala

El senador Pedro Bordaberry pedirá el llamado a sala del Ministro de Ganadería Tabaré Aguerre para preguntarle si estaba enterado del contrato “secreto y confidencial” que firmó el gobierno con la empresa Montes del Plata (MDP) el pasado 18 de enero, el cual –según él- deja a la empresa multinacional por fuera del impuesto a la tierra que impulsa el Poder Ejecutivo.

El líder colorado cuestionó la forma “de encarar la justicia tributaria” que realiza el gobierno con el impuesto, el cual aumentará la presión tributaria para los propietarios de tierras con más de 2.000 hectáreas. “Lo que llama la atención es que mientras los militantes del MPP y el Frente amplio pintaban los muros contra el latifundio, el gobierno suscribió un documento que rotuló de secreto y confidencial por el cual a la empresa que es propietaria de 250.000 hectáreas se le estaba dejando fuera del impuesto”, expresó Bordaberry a El Observador.

De esta forma, cuestionó las declaraciones que este lunes hizo el directo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Gabriel Frugoni, quien este lunes señaló que “no está contemplado” que el nuevo impuesto genere “mecanismos de resarcimiento” para Montes del Plata.

“Cuando el señor Frugoni dice que este impuesto se le va a aplicar a MDP está mintiendo. En el artículo 3.5.10 del contrato de inversión se dice que si se establecen nuevos impuestos el gobierno lo va a compensar para que no se les apliquen”, comentó.

Dicho artículo del acuerdo, al cual accedió El Observador, indica: “ROU y MDP convienen que para el caso que hubiera cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto de MDP durante la vida del mismo, las partes revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la Ley de Inversiones para compensar por esta vía los citados eventuales perjuicios”.

“Me parece que eso está mal”, dijo Bordaberry. “Los impuestos son para todos y en base a la capacidad contributiva, quien tiene 250.000 hectáreas tiene una capacidad contributiva mayor que otras personas”, indicó. “Esto no es contra Montes del Plata, a mí me parece muy bueno que Montes del Plata haga su inversión. Es contra esta forma de encarar la justicia tributaria que tiene el gobierno de Mujica. Al que tiene 250.000 hectáreas lo deja fuera del impuesto y al que tiene 2.100 lo deja adentro. Parece no ser el camino”, agregó.

Equivocaciones

El senador agregó que el contrato tiene varias equivocaciones. Una de ellas es que interfiere en la autonomía del Instituto Nacional de Colonización (INC). Según Bordaberry, el gobierno se obliga a no hacer uso de la opción a la cual el INC tiene derecho por ley de compra cuando se vende un inmueble. Así lo señala el artículo 3.5.4: “ROU se compromete a que en dicha operación de fusión el Instituto Nacional de Colonización no ejercerá la opción de compra sobre las tierras que serán transferidas por las empresas a ser absorbidas en el citado proceso, en la medida que los precios manejados sean precios de mercado al momento de la operación”.

“En eso el gobierno está metiéndose dentro de la autonomía del INC, lo que es ilegal y no se puede hacer”, comentó. “Cuando compra una multinacional el INC no puede hacer uso de la opción y cuando compra un particular sí, lo hace”.

Contrato confidencial

El contrato fue firmado por el secretario de Presidencia Alberto Breccia por parte del gobierno. En el capítulo 5, subtitulado “Confidencialidad”, se determina el carácter secreto del acuerdo. “El contenido del presente documento así como todas las informaciones adicionales presentadas por MDP se consideran confidenciales y por tanto las partes se obligan entre sí a no divulgar el contenido de este documento ni ninguna otra información relativa al proyecto de MDP en Uruguay, respetando la legislación vigente en Uruguay”.

Para Bordaberry es “ilegal” que el vínculo sea secreto y confidencial. “¿Qué es lo que querían ocultar? Le querían ocultar a sus militantes que pintaban sus muros contra el latifundio que en realidad estaban beneficiando al propietario de 250.000 hectáreas, le querían ocultar a los pequeños productores lecheros y queseros de Colonia y San José que estaban recategorizándolos para que sean área de prioridad forestal las tierras donde hoy ellos están trabajando”, se preguntó.

Sobre este último punto, el contrato indica en su numeral 3.1.3 que “las partes reconocen la necesidad de ir sustituyendo las plantaciones más alejadas de la planta industrial (de Punta Pereira) por plantaciones en un radio máximo de 200 km de Punta Pereira, considerando en particular la existencia de suelos 5.02b de aptitud forestal, que pueden tener un uso compartido y complementario con otros tipos de explotación agropecuaria también estratégicos para el desarrollo del país”. También se agrega en el numeral 3.1.5 que los suelos 5.02b incluyen suelos con características que permitirían considerarlos de “prioridad forestal” y que la Dirección General de Recursos Naturales Renovables lleva a cabo un estudio del cual “debería surgir una cantidad de suelos recategorizados suficiente para las necesidades del proyecto”.

“Son muchas cosas a explicar”, señaló Bordaberry quien ya habló con el senador Jorge Larrañaga, presidente de la Comisión de Ganadería del Senado, para que Aguerre sea citado y responda sus dudas.