Otro
mazazo a la clase media. El diputado Darío Pérez propuso que el programa de
interés social de construcción de viviendas sea financiado con el ahorro
previsional de los trabajadores en República AFAP.
El hecho de haber apelado al
voluntarismo, sin análisis previos ni estudios técnicos adecuados que evalúen
la factibilidad y rentabilidad económica para hacer atractiva la invitación a invertir
en la construcción de viviendas, condenaron la participación de empresas
privadas a un rotundo fracaso. El gobierno del Frente Amplio y de José Mujica
(no es una redundancia) instrumentó por ley un ambicioso programa social que se
basó en la voluntad de los patrones privados que no resultó. En seis meses, el
Ministerio de Vivienda recibió apenas una decena de proyectos.
Al empresariado no lo mueve el
interés social sino la rentabilidad. De esto se desprende entonces que, para
los particulares, hacer viviendas en las condiciones formuladas no es un buen
negocio. Como era de preverse alguien
propondría como alternativa al Estado como inversor, cosa que puede ser
debatible en atención a lo que la propia Constitución establece en su artículo
45, “todo habitante de la
República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa” y “la ley propenderá a asegurar la vivienda
higiénica y económica”.
Lo que no estaba en los cálculos
de nadie es la variante propuesta en las últimas horas por el diputado del
oficialismo por Maldonado, que en primer lugar admite el fracaso de la
iniciativa de Mujica al sugerir lo que sugirió y en segundo lugar, admite el
fracaso de la propia Intendencia de su partido, que prometió soluciones a un
problema que se agudiza en el departamento en virtud de la inmigración
constante que es sujeto. De los Santos insiste en anunciar la creación de un
fideicomiso a través de la venta terrenos de propiedad municipal para la
construcción de viviendas pero, en siete años de gestión, apenas se han
construido un puñado de soluciones habitacionales.
Lo que propone ahora el diputado
Pérez es alarmante. Una vez terminada la reunión que tuvo con la Ministra Graciela
Muslera de la cual, admitió, salió con un “entripado” (FM Gente 16/2/2012),
lanzó la idea que República AFAP haga el negocio que los privados no quisieron
hacer, aunque la rentabilidad sea menor a la que viene teniendo República AFAP
con sus inversiones (SIC).
En tal caso, lo que propone
Pérez libera al Estado uruguayo de su responsabilidad constitucional y obliga a
los trabajadores a invertir sus ahorros previsionales en una aventura incierta,
que los empresarios no vieron viable.
Increíble.
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