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| Dr. Ope Pasquet |
En
la columna de Francisco Faig que publica hoy, sábado 18 de febrero, el diario
El País , se critica la
propuesta de Vamos Uruguay de extender la segunda vuelta a la elección de los
intendentes y la representación proporcional a las Juntas Departamentales.
El argumento central
de Faig es que la propuesta abriría la “caja de Pandora” de la reforma
constitucional, creando el ambiente propicio para que el Frente Amplio concrete
la tantas veces anunciada convocatoria a una Convención Nacional Constituyente.
En las actuales circunstancias, dice Faig, eso supondría un grave riesgo para
las instituciones de honda raíz liberal que siguen constituyendo –pese a todos
los pesares- los pilares de la república. Por lo tanto, concluye, lo que debe
hacer la oposición es manejarse dentro del marco normativo vigente y, de la
Constitución, no tocar nada.
Por lo demás, agrega,
debe evitarse repetir la “horrorosa” experiencia de 1971, cuando se votó a la
vez por el régimen vigente y por el proyectado, con las consiguientes
confusiones.
Pensamos que se
equivoca el columnista de El País, por las razones que seguidamente exponemos.
El Frente Amplio no
necesita que uno o ambos partidos tradicionales promuevan una reforma
constitucional, para estar en condiciones políticas de plantear iniciativas en
ese terreno. El Frente tiene mayoría parlamentaria y el apoyo de un poderoso
bloque social, como lo ha señalado en otras ocasiones y con acierto el propio
Sr. Faig; está encabezado además por las tres figuras políticas más populares
del país (Mujica, Vázquez y Astori). El
Frente puede pues instalar en la agenda pública la cuestión de la reforma
constitucional, cuando quiera hacerlo. Tiene los votos para llegar a convocar
una Convención Nacional Constituyente (artículo 331 Constitución, literal C).
Podría también, más fácilmente, presentar su proyecto de reforma a la Asamblea
General, sin negociarlo con nadie, y someterlo directamente a plebiscito (mismo
artículo, literal B). Obviamente, también tiene todos los recursos necesarios
para reunir firmas con el mismo objetivo (mismo artículo, literal A).
¿Por qué, entonces, el
Frente no se ha lanzado ya a la reforma? No porque los partidos tradicionales
no lo quieran, sino porque no le ha de resultar sencillo lograr los acuerdos
internos necesarios a tal efecto. La convocatoria a la multitudinaria
Convención Constituyente (260 miembros), con todo lo que implica, de hecho
adelantaría el año electoral y paralizaría anticipadamente al país; ¿qué
interés pueden tener en algo así, quienes tienen hoy la sartén por el mango?
Por lo demás, nadie le garantiza al Frente el logro de la mayoría absoluta en
la elección de los constituyentes, y la perspectiva de una Convención Nacional
Constituyente con mayoría opositora, funcionando en paralelo al Parlamento, no
ha de resultar atractiva para el oficialismo.
Por otra parte, ¿qué
cambios a la Carta introduciría el Frente? ¿La relección presidencial? Esa
propuesta generaría seguramente graves conflictos internos. ¿Recortes a los
derechos individuales, y en particular al derecho de propiedad? No me parece
que una reforma de corte chavista pueda obtener el apoyo de la ciudadanía;
incluso muchos frentistas no la acompañarían.
La apertura de la caja
de Pandora, como dice Faig, no depende pues de lo que los partidos
tradicionales hagan o dejen de hacer, sino de la interna frenteamplista, que no
parece en condiciones de afrontar una aventura constituyente.
Y en cuanto a que la
propuesta de reforma obligaría a los ciudadanos a votar a la vez por el régimen
proyectado y por el vigente, es muy claro el error. El plebiscito se realizaría
en octubre de 2014, conjuntamente con las elecciones nacionales (elecciones
legislativas y primera vuelta de la elección presidencial). Si la reforma
resultara aprobada, sus disposiciones se aplicarían en la elección
departamental siguiente, a celebrarse en mayo del año 2015, en la que los
ciudadanos votarían solamente en el marco del régimen vigente a esa fecha.
Las objeciones
consideradas, pues, no son de recibo.
(*) Abogado. Senador de la República.
Secretario General del Partido Colorado
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