Senador Pedro Bordaberry |
El
tema de la Educación parecía difícil, casi imposible. Se presentaban propuestas
(http://bit.ly/pGGede), proyectos de ley (http://bit.ly/wesE03) y los mismos ni
se trataban.
Se había firmado un
acuerdo entre todos los partidos hace más de un año y medio y no se había
cumplido siquiera con la posibilidad de tener veedores para acceder a la
información de primera mano.
Hasta pensamos en
salir a recoger firmas, como lo hicimos con la seguridad, y lo anunciamos
públicamente en esta misma columna.
Desde el Parlamento
los Partidos convocamos al Ministro de Educación y a las autoridades de la
Educación.
Las diferencias parecían
insalvables.
Las palabras de los
integrantes de los órganos de la educación en el Parlamento, salvo la excepción
del Presidente, no ayudaban.
Las de los gremios de
la educación tampoco.
Sonaban a algo así
como “el sistema político no debe meterse en este tema de la educación; sólo
nosotros podemos hacerlo”.
Creímos en ese momento
y volvemos a creerlo ahora que hay un error de enfoque en ello.
Grave.
La gente vota en el
Uruguay cada cinco años. Elige Presidente, Senadores, Diputados.
Somos, los representantes
del Pueblo.
De acuerdo con la
Constitución la soberanía radica en la Nación y ella se manifiesta a través del
voto.
Como representantes
aprobamos leyes, presupuestos, fijamos objetivos, prioridades.
Uno de ellos, quizás
el más importante es la Educación. Se trata del futuro de nuestros jóvenes y
niños, sus oportunidades de vida.
También es nuestro
deber, como representantes del pueblo, controlar, analizar los resultados,
exigir su mejora y los cambios y correcciones que sean necesarios.
De ahí que pensar que
sólo un sector, una corporación, puede ocuparse del tema de la educación es un
error.
La autonomía es para
que no se utilice la educación políticamente a favor de un Partido o una
ideología.
No para que no se
pueda evaluar la misma, exigir mejores resultados, sugerir correcciones, crear
nuevas instituciones, dictar leyes y establecer formas de gobierno.
A las autoridades
mayoritarias de los órganos de la educación los designa el Poder Ejecutivo con
venia del Senado. Eso se determina por una ley que aprueba el Parlamento.
No las nombran las
corporaciones gremiales. Ello porque éstas representan a una parte, importante,
pero una parte de la sociedad.
No es que no puedan
participar. Es que no pueden ni deben ser los que tengan derecho de veto o los
únicos que pueden tomar decisiones, porque su interés es, por definición,
parcial.
Creemos que debe
escucharse a los gremios docentes. Que su opinión y voz siempre debe ser tenida
en cuenta antes de tomar decisiones.
Pero no pueden ser la
única ni tener capacidad de veto.
Volviendo a Diciembre
del pasado año, todo parecía complicado y de mal pronóstico. Las posiciones
eran irreductibles los enfrentamientos públicos también.
Pero se fijaron
objetivos posibles, nos bajamos todos de posiciones iniciales con el fin de
lograr consensos y acordamos durante el verano cuatro puntos.
Pero también fuimos
claros en el momento del cumplimiento de lo pactado.
Para nosotros era
vital la Universidad tecnológica en el interior del Uruguay. Es algo en lo que
venimos insistiendo hace mucho rato. Una nueva Universidad y en el interior.
También lo era
otorgarle más poder a los representantes del gobierno en el Codicen, lo que se
logró con el acuerdo por el doble voto al Presidente del mismo.
El plan de
fortalecimiento de los centros educativos acordado es empezar a retomar la
línea que en 1996 señalaron German Rama, Carmen Tornaría y José Claudio
Williman. De la que no tendríamos que habernos separado.
Instalar el Instituto
de Evaluación significará poder contar con información confiable.
Ahora viene la parte más
compleja: su implementación práctica, su cumplimiento.
No debe demorarse esto
porque los números que se hicieron públicos esta semana son realmente
preocupantes o, mejor dicho, desesperantes.
Hoy tenemos un 43% de
repetición en primero de liceo en Montevideo, la que aumentó más de 30% en los
últimos seis años. Estamos mal y venimos en picada.
Sólo uno de cada diez
de los muchachos de los hogares de ingresos más bajos terminan la Educación
media mientras que 8 de cada diez de los hogares con mayores ingresos si lo
terminan.
Es injusto y no
democrático. Cercena oportunidades de miles de jóvenes uruguayos.
Enfrentamos una enorme
caída de la cantidad de alumnos en la Educación Pública en el Uruguay.
De ahí la importancia
de lo que se hizo esta semana.
Insistiremos con otros
desafíos: la fijación por ley de 200 días de clase como mínimo; la extensión de
7º, 8 y 9º a las escuelas urbanas, la evaluación y acreditación universitaria,
la puesta en funcionamiento del plan de fortalecimiento, la instalación de la
Universidad tecnológica en el interior.
Viene el momento de la
gestión, del hacer.
Tenemos un presupuesto
educativo enorme, tenemos un acuerdo. No hay excusas para no mejorar.
Parece difícil, pero no
es imposible.
¡Vamos Uruguay!
(*) Abogado. Senador de
la República. Líder de Vamos Uruguay
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