Ni oportuno ni necesario

Por Carlos Flores

La Intendencia de Maldonado pretende recaudar 40 millones de dólares con la venta de terrenos de su propiedad.

El presupuesto quinquenal de la Intendencia de Maldonado fue calificado con toda justicia como el más caro de la historia. Más de 1.000 millones de dólares serían destinados para el mismo y determinadas obras, que las autoridades departamentales han calificado como prioritarias, serían ejecutadas a través de la creación de fideicomisos financieros que se integrarían con lo recaudado por la venta de propiedades inmobiliarias que tiene la comuna.

Estos fideicomisos son fondos provenientes de las ventas de predios municipales realizadas con la finalidad de obtener recursos para la construcción del Centro de Convenciones y el Predio Ferial de Punta del Este por un valor de 15 millones de dólares (ya aprobado por 2/3 de la Junta Departamental, con votos de la oposición) y un segundo fideicomiso para la construcción de viviendas (pendiente de aprobación) por un valor de 25 millones de dólares que se sumarían a otros 7 millones más, provenientes de las arcas municipales. Ambos serán administrados por República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima (AFISA), dependiente del Banco República.

Como herramienta, la creación de estos fideicomisos es absolutamente legal y válida para que el Estado desarrolle ciertas obras de infraestructura. La Ley de Fideicomiso 17.703 del 15 de octubre de 2003 fue creada justamente para eso, como parte del paquete de normas de reactivación económica que desarrolló el gobierno del Dr. Jorge Batlle para salir de la peor crisis económica y financiera que sufrió el país. Pero en el caso de Maldonado y en la actualidad, no es necesario ni oportuno vender su patrimonio. Veamos:

El intendente De los Santos se ha perdido, en dos períodos consecutivos, la maravillosa oportunidad de reestructurar una intendencia que cuenta con centenares de millones de dólares provenientes de los impuestos y tasas municipales del departamento más rico del país, pero que destina un 80 % de los mismos en sueldos y gastos de funcionamiento y apenas un 20 % en obras e inversiones. Lejos de disminuir el número de funcionarios este ejecutivo departamental ha incrementado su plantilla de empleados y los cargos de confianza se han seguido multiplicando. El déficit presupuestal sigue en aumento y el endeudamiento es cada vez mayor. Una gestión más ordenada y con menor clientelismo político permitiría destinar recursos propios, pagar las deudas, y evitaría la venta de sus propiedades para hacer alguna cosa. Por eso, digo, no es necesario.

En cuanto a la oportunidad, De los Santos peca de oficialismo: es que al Frente Amplio le cuesta interpretar la realidad. Todos los operadores indican que los negocios inmobiliarios están congelados debido a las medidas adoptadas por el gobierno argentino (cepo cambiario, recargas impositivas a los gastos de sus ciudadanos en el exterior, protección del turismo interno, etc.) y también por las medidas adoptadas por el gobierno uruguayo, de su propio partido, que se dispone a firmar un acuerdo de intercambio de información tributaria con Argentina, cosa que provoca la disparada de inversores provenientes de ese país, principales clientes potenciales. En cuanto a la construcción del Centro de Convenciones, en momentos de presumible contracción de la actividad turística (el 58% de los turistas de Punta del Este provienen de la vecina orilla) y con la falta de conectividad históricamente existente, a la que se le agrega el cierre de PLUNA, no parece razonable desde el punto de vista estratégico que sea una prioridad. Los posibles congresales sencillamente no tienen como venir.

De todas formas lo más grave no es que esas propiedades municipales no se vendan o se vendan mal. Lo más grave es que la Intendencia de Maldonado propone que si esto ocurre las obras se realizarán igual, a través del acceso a más créditos bancarios con un mecanismo de endeudamiento con el Banco República previsto en el propio documento que firmaron De los Santos y el presidente  del BROU Fernando Calloia para la administración de los fideicomisos.

De los Santos todavía está a tiempo de evitarlo; el problema es que, tras siete años de gestión, no tiene nada que mostrar. Veremos que ocurre en la Junta Departamental. Los ediles tienen la palabra.