La autonomía no es un chicle

Por Dr. Ope Pasquet*

El presidente Mujica anunció que el Consejo de Ministros se reunirá el 14 de febrero para considerar la situación de la educación en el país. Posteriormente se supo que el CODICEN -con el representante del Partido Nacional incluido- será invitado a la reunión.

  
En enero, el vicepresidente Astori había dicho –palabra más, palabra menos- que el gobierno debe asumir la conducción de la política educativa nacional. Y poco después, el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, agregó que el Poder Ejecutivo actuará para resolver los  problemas de la educación, hasta topar con el límite mismo del concepto de autonomía de la enseñanza.

Es dolorosamente obvio que la preocupación oficial se justifica. Entre los resultados de las pruebas PISA y los de la Encuesta de Hogares 2009 del INE, los motivos de alarma sobran. La creencia de que tenemos una población educada es falsa, salvo que –a contramano del mundo y de la época- llamemos “educada” a la persona que únicamente fue a la escuela.

Pero nuestro tema de hoy es otro. Si los anuncios y declaraciones reseñados proviniesen de gobernantes colorados, los sindicatos de la enseñanza ya estarían convocando a un paro en defensa de la sacrosanta autonomía. Como el gobierno es del Frente Amplio, las quejas por la ofensiva del Poder Ejecutivo parecen ronroneos de gatitos mimosos.

Por cierto, el fenómeno no es nuevo. Tiempo atrás el propio Mujica lo dijo con todas las letras, refiriéndose a la Universidad: cuando el gobierno es de “derecha” la autonomía debe defenderse “a muerte”, pero cuando el gobierno es frentista se debe actuar con otra elasticidad...Tabaré Vázquez no perdió el tiempo hablando y fue directamente a los hechos: con el apoyo del LATU  impuso el Plan Ceibal en Primaria, sin que el Consejo respectivo ni la Federación Uruguaya de Magisterio se plantasen en defensa de la autonomía ostensiblemente avasallada por la voluntad presidencial.

Pues bien: este doble estándar institucional es inaceptable. Está bien que cuando cambian los gobiernos cambien las políticas, pero las instituciones siguen siendo las mismas, salvo que se  modifiquen por las vías que el orden jurídico establece. A ningún demócrata se le puede ocurrir que el voto deba ser secreto o “cantado, según el color del partido que gobierna; ni que los jueces deban actuar con independencia, o consultar al Poder Ejecutivo antes de dictar sentencia, en función de la misma variable. Del mismo modo, la autonomía de la enseñanza es una sola, para Tabaré Vázquez, para José Mujica y para los presidentes que en el futuro elija el pueblo, cualquiera sea el partido al que pertenezcan.

¿Que se ha exagerado hasta el absurdo con el concepto de autonomía de la enseñanza? En buena hora lo reconoce la  izquierda, como antes reconoció que es necesaria la  inversión extranjera y hoy admite, desde el Ministerio del Interior, que en materia de seguridad pública hay que cortar con tanta dulzura...

El punto es que estas no son cuestiones internas de “la  fuerza política”. Las instituciones son de todos. Si el Frente Amplio logra ponerse de acuerdo en un concepto de la autonomía de la enseñanza que se ajuste a la  Constitución y responda a las necesidades del país, debe proponerlo al Parlamento para que se apruebe por ley y valga para todos: para el gobierno de hoy, y para los de mañana también.  

  

*Abogado. Senador del Partido Colorado.