Por
Carlos Flores
Finalmente
no hubo acuerdo interpartidario para hacer del tema de la minería a cielos
abiertos una política de estado. La ley de Megaminería salió con los votos a
manos de yeso del Frente Amplio, con los del Partido Independiente y con los de
seis legisladores del Partido Nacional.
En esta ley se
atan dos temas, el de Aratirí con la ley de puertos para la construcción del
puerto de aguas profundas aunque el gobierno no sabe qué hacer con ninguno de los
dos. Pero existen algunas certezas: hay ex integrantes del gobierno de Tabaré Vázquez
vinculados a la empresa de la que se dice que se le hizo una ley a medida que,
para completar, tiene la contra de la Cámara de Industria Minera, de los
productores y propietarios de campos (afectados y no afectados), de las
organizaciones rurales, y no existe opinión, ni participación, del Ministerio
de Ganadería Agricultura y Pesca del que depende la Dirección Nacional de
Mineralogía.
Historiando: el
Poder Ejecutivo convocó a los partidos políticos para tratar el asunto como un
“tema de estado” y surgió de ahí un documento que dio lugar a este proyecto de
ley. Luego, el gobierno envió su proyecto al parlamento que se aprobó en
comisión con los votos del Frente Amplio, el Partido Colorado y Unidad Nacional.
En esa ocasión el senador Jorge Larrañaga anunció que su sector no acompañaría
el proyecto por ser una ley hecha a medida de Aratirí y no contar con medidas
de seguridad en materia ambiental y el sector nacionalista Unidad Nacional le
dio libertad a sus legisladores para votarlo en sala.
Veamos: todo
compone un panorama muy confuso que devela, por lo menos, que no tuvo el debido
tratamiento y discusión parlamentaria un asunto en el que se suponía que tenía
que haber consenso interpartidario, por lo que el Partido Colorado votó en
contra.
Entre los
reclamos de quienes se bajaron del acuerdo surgen ciertos elementos:
-Se pide mayor
seguridad ambiental y se denuncia que la ley está hecha a medida de Aratirí.
- La extracción
del hierro a cielo abierto se hará si Aratirí continúa con su proyecto, o
conforma una sociedad con el estado, o se busca un nuevo inversor siguiendo las
pautas de le ley de megaminería que aprobó ayer el Parlamento para esta empresa.
- Según el
senador Larrañaga “la delegación del Poder Ejecutivo comprometió presentar un
plan director minero de ordenamiento territorial que nunca llegó y cuya
consideración debía ser previa a la aprobación de esta ley y encima, debe
destacarse con preocupación, la llamativa ausencia del MGAP en la elaboración
de este proyecto de minería de gran porte, dado que su visión es fundamental
para la compatibilidad del desarrollo minero con la preservación del Uruguay
Natural, en un modelo de equilibrio y diversificación productiva”.
- El grupo minero Zamin Ferrous tiene como uno de sus representantes en
Uruguay a Fernando
Puntigliano, ex Presidente de la Administración Nacional de Puertos durante el
gobierno de Tabaré Vázquez. Puntigliano perteneció al Instituto de Mecánica de
los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de la República y participó del proyecto “Estudio Hidráulico de la
ampliación del puerto de La Paloma”, en agosto de 1987, cosa que le da
credenciales para vincular el proyecto de Aratirí con la construcción del
puerto de aguas profundas tal como afirma el Presidente Mujica.
- En febrero de
este año las autoridades de Aratirí se reunieron con el presidente José Mujica
para comenzar a delinear una posible asociación entre el estado y la minera.
Mujica explicó que el emprendimiento “es importante por sí mismo” y porque
“colabora con la necesidad de un Puerto de Aguas Profundas” pero Fernando
Puntigliano dijo en la comisión del parlamento sobre minería de gran porte que
no conocía la propuesta.
Con todos estos
elementos el oficialismo pretende centrar el debate en la actitud del Partido
Colorado de bajarse del acuerdo a pesar, además, que el Frente Amplio es
incapaz de lograr consensos dentro de sus propias filas ni siquiera para la
conducción económica del país.
El oficialismo
le exige acuerdos a la oposición cuando su gobierno no puede, siquiera, reunir
a su Consejo de Ministros desde hace tres meses por las fuertes disputas
internas.
Ridículo. ¿No?
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