La venda y la balanza: ¿al museo?

Por Ope Pasquet (*)

Decía Federico Engels que un día, tras el advenimiento de la sociedad sin clases (la sociedad comunista), el Estado iría a parar al museo, junto a la rueca y al hacha de bronce…

Parece que en el Uruguay hay quienes quieren ir adelantando camino. Para ello se empeñan en colocar desde ya, en la vitrina de las antigüedades inservibles, a la venda y la balanza que tradicionalmente componen la alegoría de la Justicia.

La venda que cubre la vista de quien juzga y la balanza equilibrada que su mano sostiene, aluden a ese atributo esencial de la función jurisdiccional que es la imparcialidad. “No se puede ser juez y parte”, dice la sabiduría popular. En efecto, las dos figuras se oponen y no pueden confundirse en una sola. Cada parte reclama, ante el Juez, lo que cree que le corresponde; y el Juez, después de haber oído a la reclamante y a su contraria, decide lo que, de acuerdo con la ley, le parece más justo. Si antes de empezar el juicio, el Juez ya tomó partido a favor o en contra de una de las partes, el juicio es una farsa y el Juez no merece el nombre de tal.

Estas nociones elementales han sido pacíficamente recibidas en el Uruguay desde siempre. Hechos recientes y notorios demuestran, sin embargo, que hay sectores de la sociedad y la política que hoy las cuestionan.

Los reclamos por la permanencia de la Dra. Mota en el fuero penal, sólo se entienden a partir de la negación del valor de la imparcialidad. En una causa por delitos cometidos durante la dictadura (caso Calcagno), la Dra. Mota estampó en una sentencia del año 2011 el concepto de que el imputado tiene el deber de producir prueba, aún en su contra. Violó así, directamente, un derecho humano fundamental universalmente reconocido y consagrado –entre otros instrumentos- por el Pacto de San José de Costa Rica. El Colegio de Abogados emitió una contundente declaración en defensa del “principio de no autoincriminación”, pero la Suprema Corte de Justicia optó por mirar para otro lado y hacerse la desentendida, frente a un error inexcusable y lesivo de garantías elementales. Poco después la Dra. Mota participó en la tradicional marcha del 20 de Mayo por los Desaparecidos; la Corte declaró que violó así el deber ético de imparcialidad, olvidándose de que ese deber tiene también rango jurídico, por lo que no aplicó sanción alguna y archivó, sin más, las actuaciones.

Obviamente, los denunciantes en las causas por delitos cometidos durante la dictadura estaban encantados con la Dra. Mota. Lo demostraron ruidosamente el viernes pasado, haciendo necesaria la intervención policial para restablecer el orden en el Palacio Piria. El hecho de que un Juez tenga  hinchada propia, es la prueba más clara de que no es imparcial; a la hinchada se le llama, también, “parcialidad”.

Días después del traslado de la Dra. Mota, la Corte declaró la inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). ¡Para qué! La dirigencia frenteamplista hacía cola para pegarle. La senadora Xavier, presidente del Frente Amplio, dijo que la Corte protege a los grandes capitales, perjudicando al país. El senador Lorier hizo un gran paquete con la defensa de la impunidad (traslado de Mota) y la protección de los intereses económicos hegemónicos (ICIR). El diputado Pardiñas, Secretario General del Partido Socialista, criticó a la Corte por no interpretar el sentir de la fuerza política de gobierno. El diputado Luis Puig, del PVP, adelantó que denunciará internacionalmente a la Corte, si declara la inconstitucionalidad de la ley “interpretativa” (anulatoria) de la Ley de Caducidad.

Estas no son   meras opiniones personales: son la expresión de una visión marxista del Derecho y la Justicia, prevaleciente en el Frente Amplio, que los concibe como instrumentos de dominación de clase.  “Ya que nosotros conquistamos legítimamente el poder político al ganar las elecciones”, diría el razonamiento, “tenemos derecho a que el Poder Judicial nos ayude a ejecutar el programa de la mayoría, convalidando las medidas que tomamos, en vez de andar haciéndole el juego a la derecha”. Palabra más, palabra menos, esa es la idea.

La tradición republicana y liberal quiere poderes separados, “frenos y contrapesos” y controles recíprocos. Desde la perspectiva de la lucha de clases no tiene sentido buscar esos equilibrios, salvo por razones tácticas; lo que se busca es la hegemonía, tan pura y tan dura como sea posible lograrla.

Para los liberales, el poder político debe estar limitado por la Constitución y la ley; los jueces son los guardianes de esos límites, y de esa manera garantizan los derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos. Para los marxistas, en cambio (aunque no sólo para ellos), “lo político está por encima de lo jurídico”.

Son estas visiones radicalmente distintas del Estado, el Derecho y la Justicia las que se contraponen en el Uruguay de hoy.

Error fatal sería, para quienes creemos en la libertad como valor fundamental,  en el Derecho como regla de convivencia y en un Poder Judicial independiente como garante de su recta aplicación, no advertir que es todo esto lo que está en juego.

(*) Abogado. Senador del Partido Colorado (Vamos Uruguay)