La pulseada constante

Por Carlos Flores

Fuera cual fuera la integración de la Suprema Corte de Justicia, el pronunciamiento acerca de la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de caducidad respecto a los delitos cometidos durante la dictadura sería el mismo. Esto es sencillamente porque se trata de una obviedad desde el punto de vista jurídico.

Lo más polémico es, en tal caso, que a pesar de esa obviedad la ley interpretativa fue aprobada por el parlamento. Eso debiera preocuparnos mucho más que lo que pueda indignarnos toda presión que pueda ejercer del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial en una república democrática como la nuestra.

Para ser más claro: ¿cómo puede sorprendernos que los legisladores del Frente Amplio adhieran y fomenten manifestaciones contra el Poder Judicial o amenacen con juicios políticos a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, su órgano máximo, si, de antemano y en uso de las mayorías circunstanciales que tiene el partido de gobierno en el parlamento, aprueban leyes que se dan de frente contra la constitución y dos pronunciamientos populares?

La aversión contra las normas, las instituciones y los pronunciamientos de la ciudadanía no es novedad. Se trata, ni más ni menos, que del pilar fundacional del sector mayoritario del Frente Amplio. Así nació el Movimiento Tupamaro. Aborreciendo el sistema político, la democracia plenamente vigente a principios de los años sesenta y la Justicia que, en aquellos años al igual que hoy, constituía uno de los poderes independientes de nuestro país. Esto último, cometiendo todo tipo de delitos. Contra la vida y contra la propiedad.

La novedad radica en la restitución de esa animosidad, ahora desde el poder, cuando la ciudadanía depositó su confianza en el entendido que esas eran cuestiones del pasado.

Hoy, como ayer, la denominada izquierda uruguaya está enferma. El desprecio a las instituciones, a la Constitución y a las leyes vuelve a aflorar.

Se rompió el pacto. A tal punto que, dentro del propio Frente Amplio está instalada su reconsideración. Me pregunto: ¿podrá la ciudadanía volver a depositar su confianza en un partido cuyos integrantes discuten aún cuestiones tan fundamentales para la vida democrática de una nación?

¿Podrá la gente tener confianza en un nuevo gobierno de un partido político cuyos integrantes no tienen confianza entre sí, al punto que, como propone Fernández Huidobro, se les prohíba a los miembros del gabinete ingresar al consejo de ministros con celulares?

Si esto es así, definitivamente habremos perdido la pulseada. Entre la libertad y el oscurantismo.