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Ope Pasquet |
Finalmente
pasó lo que tenía que pasar: un automovilista reaccionó frente a la prepotencia
de un “limpiavidrios” alcoholizado, que le exigía el pago de un lavado del auto
que aquel no había pedido ni autorizado, y lo atropelló con el vehículo. El
incidente terminó con el “limpiavidrios” hospitalizado y el automovilista
detenido y a disposición de la Justicia.
Los montevideanos, pero
especialmente las montevideanas, soportan a diario situaciones incómodas o
peligrosas en los semáforos de la ciudad, cuando con la excusa de ofrecer un
servicio hay quienes exigen, más que piden, “una moneda”.
El tema se ha discutido en la
Junta Departamental capitalina y diversos jerarcas de la Intendencia y del
Ministerio del Interior se han referido a él. Se habla mucho, pero las
soluciones no aparecen. El Frente Amplio gobierna en la ciudad y en el país,
pero ni aún con la Intendencia y el Ministerio del Interior en sus manos, más
la mayoría parlamentaria para votar las leyes que hagan falta, logra articular
una política eficaz para resolver el problema.
Ante la pasividad o ineptitud
de las autoridades, los incidentes se repiten; muchos automovilistas se avienen
a comprar la tranquilidad con unas monedas, pero otros se niegan a hacerlo. La
negativa hace ingresar al conductor –y a su vehículo-en el terreno de la
incertidumbre: no se sabe de antemano qué consecuencias tendrá el no
“colaborar”.
En el caso que comentamos,
ocurrido ayer jueves 19 en Colonia y Eduardo Acevedo, el desenlace fue de los
peores. A primera vista, la reacción del conductor parece claramente exagerada
y, por ello, condenable. Pero a medida que se van conociendo más detalles,
surgen las dudas.
El “limpiavidrios”,
alcoholizado, estaba apoyado por un “colega” que sostenía una baldosa y
amenazaba con ella al conductor y a su vehículo. El conductor, por su parte,
estaba acompañado por una mujer, que quizás fuera su esposa.
Ante la situación con la que,
sin quererlo, debió enfrentarse, ¿qué debió hacer el automovilista?
Si pagaba se iba en paz, seguramente;
pero nadie está obligado a ceder frente a la prepotencia de otro.
Ya que no quería pagar, ¿debía
el automovilista abrirse paso a trompada limpia, peleándose con el
“limpiavidrios” y su amigo? Nadie está obligado, tampoco, a hacerse dar una
paliza.
Otra posibilidad era negarse
tanto a pagar como a pelear, y llamar a la Policía. Sabiendo lo que normalmente
demora en acudir la Policía, cuando acude, esta línea de acción exponía al
automovilista, a la mujer que lo acompañaba y al vehículo en que viajaban, a
sufrir los desmanes de sus agresores.
Quizás la mejor opción era
enviar a la mujer a buscar a la Policía, mientras el
automovilista se quedaba en el vehículo; si entonces lo agredían, la
huida en su auto probablemente fuera irreprochable.
El protagonista del episodio,
empero, no tuvo tiempo para evaluar serenamente estas u otras alternativas;
debió decidir en unos pocos segundos, bajo la fuerte presión de las
circunstancias.
En definitiva será el Juez
quien decida, a la luz de todos los elementos de prueba que logre
reunir, si hubo en el caso legítima defensa, completa o incompleta.
Es intolerable que todos
los días corramos el riesgo de quedar entrampados en una situación como la
descrita.
Las autoridades deben asegurar
la tranquilidad y el orden en las calles y demás lugares públicos de la ciudad.
Ya no se trata del narcotráfico, ni de las rapiñas, ni de la violencia
doméstica; si ni siquiera pueden poner orden alrededor de los
semáforos, tendrían que irse ya.
(*) Abogado. Senador
de la República (Vamos Uruguay- Partido Colorado)
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