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| Diputado Daniel Bianchi |
El martes de la semana pasada, a las
13 horas, alrededor de 700 ciudadanos de todo el país, de todos los partidos
políticos y de todos los sectores sociales, se dieron cita frente a uno de los
accesos al Palacio Legislativo, el ubicado sobre la avenida Gral. Flores, y formaron
una cadena humana para descargar 368 cajas conteniendo 1.000 firmas cada una,
adhiriendo al proyecto de Reforma Constitucional para modificar la normativa
que refiere a los menores con perfiles infraccionales.
Exactamente 367.588 voluntades fueron las que se
encontraban en las cajas descargadas, es decir, 120.000 más de las necesarias
para impulsar la consulta popular.
No hubo, en esa jornada, banderas políticas de
ninguna clase.
No debía haberlas, porque el reclamo para que se
modifique parte de la normativa que refiere a la seguridad pública no es
impulsado por un solo partido político, ni mucho menos.
Sólo hubo pabellones patrios, banderas uruguayas, y
un grito de unidad en las gargantas: ¡Uruguay, Uruguay!
No debía ser de otra forma, porque las víctimas de
la delincuencia jamás fueron cuestionadas acerca de sus preferencias
partidarias, ni de su religión ni del lugar que ocupan en la sociedad. Simple y
lamentablemente, fueron eso: víctimas. Personas inocentes que vieron
violentados sus hogares, robados sus bienes o atropellada su integridad física,
en muchos casos, con serias secuelas.
Varias de esas acciones fueron perpetradas por
menores, muchos de ellos por iniciativa propia, y muchos otros manipulados por
mayores inescrupulosos.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, señalaba
no hace mucho que los menores infractores no eran más de 450 en todo el país.
Cualquier persona con sentido común podía notar que esa cifra era falaz -al
igual que muchas otras cifras manejadas- habida cuenta que los casos de menores
en conflicto con la ley eran, y son, cada vez más notorios en todos los
rincones del país.
Y la realidad -no la oposición, ni los familiares
de las víctimas de la delincuencia, sino la simple y contundente realidad- se
encargó de desmentir al ministro, habida cuenta que el Registro
Nacional de Antecedentes Judiciales de Adolescentes en Conflicto con la Ley
Penal, creado recientemente por el Artículo 116 de la Ley Nº 18.778, ya cuenta
con un registro de 700 menores infractores que han cometidos delitos graves,
básicamente rapiñas y homicidios, a sólo ocho meses de su implementación, el 20
de agosto de 2011.
Como se ve, es una cifra sustancialmente superior a
los 400 menores que registra el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
(SIRPA) que funciona en la órbita del Instituto del Niño y el Adolescente del
Uruguay (INAU), condición que no queremos los 370.000 adherentes de la campaña
“Por la Seguridad” -y muchos uruguayos más- habida cuenta que se trata de un
organismo profundamente cuestionado cuya política es reiteradamente puesta en
tela de juicio.
Pero, además, según autoridades de la Policía
Técnica, la mayor cantidad de adolescentes registrados responde a rapiñeros y
homicidas, ya que habitualmente la Justicia “no procesa” a los menores que
cometen hurtos; en caso de hacerlo, es claro, esa cifra de 700 aumentaría
significativamente.
Y, como corolario, la Suprema Corte de
Justicia (SCJ) indicó que el mencionado registro de antecedentes aún no
funciona “a pleno”, debido a algunas dificultades en la recepción de las
planillas con la información y a problemas con los sistemas informáticos de la
Policía Técnica.
Lo real y contundente es que, el martes pasado,
casi 370.000 voluntades se manifestaron en el recinto parlamentario, en
representación de otros tantos ciudadanos que le están solicitando al Gobierno
que, de una vez por todas, modifique -o elabore, mejor dicho- una política de
seguridad que defienda a los ciudadanos.
Y que lo haga antes de que sea tarde.
(*) Médico. Representante Nacional por el
Departamento de Colonia (Vamos Uruguay-Partido Colorado)
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