Una visita impertinente

Por Ope Pasquet (*)

Según informó el semanario Búsqueda en su edición de ayer, una delegación de altos jerarcas del gobierno (el secretario de la Presidencia, los ministros de Relaciones Exteriores, Interior y Educación y Cultura, el director de Derechos Humanos de este último Ministerio y el Comisionado Parlamentario para el sistema Carcelario) visitó el pasado miércoles a la Suprema Corte de Justicia. La finalidad de la visita era hacerle saber a la Corte que su criterio, según el cual es inconstitucional la ley que vació de contenido a la Ley de Caducidad, ha sido severamente criticado por el Comité de Seguimiento de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y podría hacer incurrir a Uruguay en responsabilidad internacional. En un tono “cordial”, según la crónica, el canciller Almagro –la voz cantante de la delegación del gobierno- dijo varias veces que “el Estado es uno solo”, ofreciendo la colaboración del Poder Ejecutivo para buscar “caminos de entendimiento”. Al cabo de la reunión, uno de los ministros de la Corte comentó a Búsqueda que “si bien fue una especie de tirón de orejas, se trató de un encuentro cordial (…)”.

Apartemos, para empezar, lo del “tirón de orejas”; los ministros de la Suprema Corte de Justicia son conscientes de la posición institucional que ocupan y no tolerarían un rezongo del Poder Ejecutivo ni de nadie. Seguramente, el cronista debió interpretar mal lo que manifestó su fuente.

Pero más allá del tono que haya tenido la reunión, el significado político de la visita es a mi juicio muy claro: con su sola presencia, el Secretario de la Presidencia y los tres Ministros le hicieron sentir a la Corte que el gobierno no está de acuerdo con las sentencias que dicta y que hace cuestión del asunto. Para trasmitir, simplemente, una opinión o una preocupación, bastaba la discreta visita al Palacio Piria de una o dos personas. Cuando va una delegación de seis miembros a entrevistarse con los cinco ministros de la Corte, lo que se está haciendo se llama presión; con “guante blanco”, si se quiere, pero presión al fin. Y cuando se le propone al máximo órgano jurisdiccional buscar “caminos de entendimiento” con el Poder Ejecutivo para dictar sentencia, se está abusando de la amabilidad de los ministros de la Corte, que ante esa propuesta indecente bien pudieron haber invitado a sus distinguidos visitantes a retirarse.

No estamos ante un episodio aislado. Están frescos en la memoria de todos los hechos de febrero, cuando las sentencias de la Corte en los temas Caducidad e ICIR, y el traslado de una jueza de la materia penal a la civil, suscitaron una asonada en la sede del máximo órgano jurisdiccional y un amague de juicio político a los ministros “rebeldes”, surgido del cogollo del oficialismo. Las declaraciones de algunos dirigentes políticos generaron en ciertos sectores un clima hostil a los ministros de la Corte, ante el cual el Ministerio del Interior debió otorgarles protección especial. Poco después aparecieron en la prensa informaciones acerca de los viajes al exterior hechos por esos magistrados y los viáticos por ellos percibidos en esas ocasiones. Posteriormente se cuestionó que la carrera de los actuales integrantes de la Suprema Corte se hubiera desarrollado durante la dictadura, como si los centenares de miles de uruguayos que eran funcionarios públicos hubieran presentado renuncia a sus cargos el 27 de junio de 1973. A continuación vino una insólita decisión de un grupo de fiscales, que acordaron recusar sistemáticamente a los cuatro ministros que forman la mayoría de la Corte en el tema Caducidad, en mérito a declaraciones de uno de ellos…En el acto del PIT-CNT del 1º. de mayo, el muy aplaudido Richard Read se despachó a gusto contra los ministros de la Corte que, según él, defienden la impunidad de los asesinos por los crímenes cometidos durante la dictadura, etc.

En este ambiente, se habla en el oficialismo de “reformar” al Poder Judicial. No se sabe bien en qué consistiría la reforma, pero la idea básica subyacente es la misma que inspira, en la Argentina, lo que el gobierno K llama la “democratización” de la Justicia: los jueces deben responder a la mayoría, lo mismo que el presidente de la República y los legisladores electos por esa mayoría. La separación de poderes –esa que viene indicada ya en las Instrucciones del año XIII- no es más que un artificio que debilita la voluntad popular y obstruye los procesos de cambio “progresista”. Los jueces y fiscales deben adaptarse al momento político que vive el país y actuar en consecuencia. Porque en definitiva, como dijo el canciller Almagro en la reunión con la Corte, “el Estado es uno solo” (lo decían también Aparicio Méndez y el Acto Institucional No. 8, como recordarán los memoriosos).

La independencia del Poder Judicial es un pilar absolutamente indispensable del Estado de Derecho. Según la doctrina liberal y republicana a la que responde nuestra Constitución, la política está sometida al Derecho, y no a la inversa. Por eso la Suprema Corte de Justicia puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes y hacerlas inaplicables, aunque esas leyes hayan sido votadas por la unanimidad de los legisladores o ratificadas en referéndum por la nación soberana. La nación misma está sometida al Derecho, y no puede ejercer su soberanía sino del modo que establece la Constitución.

Son esos conceptos fundamentales los que están en tela de juicio en el Uruguay de hoy, mientras discutimos acerca de la regasificadora o la marihuana y celebramos, automáticamente y sin pasión republicana, el bicentenario de las Instrucciones del año XIII.

(*) Abogado. Senador de la República (Vamos Uruguay)