Por
Ope Pasquet (*)
Hoy,
tres de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, los uruguayos no
podemos obviar la consideración de un
hecho que lesiona directamente esa libertad fundamental.
Miguel Nogueira, periodista ampliamente
conocido y reconocido por su seriedad y profesionalidad, denunció ante la
Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) un caso de censura a la prensa que no se
puede pasar por alto. No crea el lector que se trata de la supresión de Poder
Ciudadano, el acreditado programa conducido por Nogueira y Romano, de la
programación de Televisión Nacional del Uruguay (TNU); se trata de algo más
grave aún, en cuanto podría constituir delito.
Según la denuncia de Nogueira, el
pasado lunes 29 fue entrevistado en el programa Algo Contigo, de Canal 4, a
propósito del abrupto final de su largo ciclo en TNU. Mientras transcurría la
entrevista, que se grababa para ser emitida el 1º de mayo, una productora del programa entró al estudio
y dispuso que se suspendiera; así nomás. El motivo alegado fue que Canal 4
había recibido una llamada de autoridades del Ministerio de Educación y Cultura
“para que no se hablara más del tema en cuestión”, según expresa el comunicado
emitido por APU con fecha de ayer, condenando y rechazando el hecho.
Lo ocurrido es muy grave. Me recuerda
un episodio similar sucedido hace algún tiempo en Argentina, cuando una
entrevista televisiva a Alberto Fernández,
ex jefe de gabinete del gobierno de Néstor Kirchner, fue interrumpida
cuando el entrevistado comenzó a criticar con dureza a la actual presidente.
Obviamente, lo que está en juego es la
libertad de prensa. Si el gobierno uruguayo puede ordenarle a los medios de
comunicación que no traten los temas que
le resultan incómodos, esa libertad no existe. De acuerdo con la denuncia de
Nogueira, de la que se hizo eco APU, eso fue precisamente lo que sucedió en
este caso.
Que un medio de comunicación o un
periodista cedan ante la presión oficial, puede -según las circunstancias-
constituir una falta a normas de ética profesional. Según las circunstancias,
digo, porque cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y los particulares no
están obligados a actuar heroicamente.
Pero si un funcionario público presiona a un medio de comunicación o a un
periodista para que trate o no trate determinado tema, o entreviste o no a determinada persona, está violando al
hacerlo no solo normas éticas, sino también normas penales. El abuso de
funciones, por lo menos (art. 162 del Código Penal), se perfila con claridad.
Los hechos denunciados por Miguel
Nogueira a APU y por APU a la opinión pública, deben ser investigados por la
Justicia Penal. Son hechos notorios, con apariencia delictiva, que han sido
denunciados por un profesional serio y responsable. Que se puedan probar o no,
se sabrá al cabo de la indagatoria; por eso mismo hay que investigar.
Que en una sociedad haya efectivamente
libertad de prensa no depende de una decisión instantánea de alguien, como si
se tratara de encender o apagar la luz. La libertad de prensa se fortalece con
el efectivo ejercicio que de ella se hace, o se debilita y menoscaba
gradualmente, con las claudicaciones de unos y las arbitrariedades de otros.
Por eso este episodio no se puede pasar
por alto; es demasiado grueso como para soslayarlo.
Nogueira hizo lo que debía hacer,
denunciando el hecho ante el gremio que integra.
APU, a su vez, denunció el hecho ante
la opinión pública.
Ahora le toca actuar a los poderes
públicos; específicamente, a los jueces y fiscales de la materia penal que
estaban de turno en el departamento de Montevideo el pasado lunes 29 de abril.
Es cierto que los fiscales integran lo
que se llama el Ministerio Publico, que es un organismo dependiente del Poder
Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura. Entiendo que
quizás no les resulte cómodo promover la investigación de hechos en los que
podrían hallarse involucrados funcionarios de alto rango de ese mismo
Ministerio; pero el cargo de fiscal no es para estar cómodo. (De paso: queda de
manifiesto la necesidad de sacar al Ministerio Público del Poder Ejecutivo,
pero ese es tema para otra ocasión).
El juez penal puede iniciar la
investigación de un hecho con apariencia delictiva aunque el fiscal no lo
solicite.
Esperemos, para saber qué grado de
sensibilidad existe en el Uruguay de hoy, ante los abusos del poder en
perjuicio de la libertad de prensa.
(*) Abogado. Senador de la República
(Vamos Uruguay – Partido Colorado)
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