En catorce
artículos, el senador colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) desarrolló un
proyecto de ley por el que se establecen normas de conducta para quienes ocupan
cargos políticos y de particular confianza, bajo la supervisión de un Instituto
Parlamentario de Evaluación.
De ser aprobado el proyecto en el Parlamento, quienes ocupen cargos
políticos en la administración central, en los entes autónomos y en los
servicios descentralizados tendrán dos tipos de obligaciones. Por un lado,
presentar un plan de gestión en un plazo de sesenta días y después presentar
rendiciones de cuentas anuales. Por otro, llevar un comportamiento ajustado a
diversas indicaciones para el ejercicio de la función y para garantizar la
transparencia.
Entre sus obligaciones, los funcionarios referidos deberán presentar
dentro de los treinta días de la asunción de su cargo o de la verificación de
toda nueva situación de implicancia, una declaración jurada conteniendo toda
clase de vinculación o actividades que mantengan con empresas o personas con
las que pudiera establecerse un conflicto de interés, individualizándolas y
declarando el tipo de relacionamiento o intereses con ellas. Según establece la
iniciativa, la presentación se hará aún en los casos dudosos, con las
aclaraciones pertinentes.
Por otra parte, se explicita que los funcionarios deberán utilizar los
bienes muebles e inmuebles pertenecientes al organismo público en que revistan
o asignados a su uso o consumo, exclusivamente para el funcionamiento de los
servicios a su cargo.
Además, se especifica que está prohibido el uso de locomoción,
combustible, repuestos y servicios de reparaciones de cargo de toda fuente de
fondos públicos, por parte de cualquier funcionario público, fuera de lo
necesario para el cumplimiento de sus tareas.
Para el control de todas las obligaciones se crea un Instituto
Parlamentario de Evaluación que podrá determinar apercibimientos, multas y
ceses.
Fuente: Montevideo Portal
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