Por
Ope Pasquet (*)
La
seguridad pública es la preocupación principal de la población; así lo vienen
indicando, desde hace tiempo, todas las encuestas. Por lo tanto, la política
del gobierno en esta materia es de la mayor importancia. Esa política está
cambiando, y hay que señalarlo.
Durante años, el Frente Amplio sostuvo
que el aumento de las penas no es un arma eficaz para combatir al delito. La
más reciente exposición de ese criterio la escuché en la noche del pasado
miércoles, de labios del diputado Julio Bango. En el programa que conduce Sonia
Breccia en Televisión Nacional, Bango polemizó con el diputado colorado Germán
Cardoso acerca de la edad a partir de la cual quien comete un homicidio, una
rapiña u otros delitos gravísimos, debe asumir plena responsabilidad por lo que
hizo. A propósito de ese tema, el legislador socialista repitió varias veces
que aumentar las penas no soluciona el problema de la delincuencia.
Pues bien: a la mañana siguiente el
Senado votó por unanimidad un proyecto de ley remitido al Parlamento por el
Poder Ejecutivo, que aumenta las penas para tres distintos grupos de delitos:
los delitos contra la Administración Pública cometidos por ciertos
funcionarios; los delitos de cualquier tipo cometidos por quienes cumplen
funciones en establecimientos de reclusión; y los delitos originariamente
establecidos por los artículos 30 a 35 del viejo Decreto Ley 14.294, cuando el
objeto material de la conducta en ellos prevista es la pasta base de
cocaína.
Queda pues de manifiesto que el Frente
Amplio ha dado un giro a su política de seguridad pública. Quienes antes
negaban la magnitud del auge delictivo y hablaban de “sensación térmica”, hoy
reconocen la realidad. Quienes hasta ayer nomás decían que aumentar las penas
es inútil, hoy proponen y votan aumentos de pena muy severos para delitos
vinculados con el tráfico de pasta base, y también para otros que no tienen
nada que ver con los anteriores.
Más vale tarde que nunca. Celebramos el
cambio de criterio, aunque nos hubiese gustado una declaración abierta y franca
al respecto. Que en los programas de televisión algunos representantes del
Frente Amplio sigan diciendo que están en contra del aumento de penas, mientras
en el Parlamento todos los legisladores frenteamplistas votan a su favor, sólo genera confusión. Abrigamos la
esperanza de que en lo sucesivo, por respeto a la ciudadanía, el debate acerca
de la edad de imputabilidad se procese con coherencia y sinceridad.
(*) Abogado. Senador de la República
(Vamos Uruguay – Partido Colorado)
No hay comentarios:
Publicar un comentario