Por Julio María Sanguinetti (*)
El Presidente Mujica llegó al gobierno con la idea
que la educación era la prioridad nacional. Reconocía con sinceridad que
estábamos en crisis y buscó caminos de entendimiento con la oposición. Los
acuerdos llegaron, pero luego todo se diluyó, hasta el punto que el propio
Presidente bajó los brazos, reconociendo que a las autoridades "no hay
cómo entrarles".
Allí está,
al desnudo, el corazón del drama: 1) los jerarcas de la educación, designados
por estricta cuota política por el Presidente, no le responden al gobierno sino
a las gremiales a las que han pertenecido desde siempre; 2) el gobierno carecía
de un proyecto, al punto que, recién en el poder, descubrió que las escuelas de
tiempo completo y otras realizaciones de la reforma de 1995 eran buenas y que
si él -y todo el Frente- habían estado en contra era porque el Profesor Rama
era "un cascarrabias".
El país
entero, tirios y troyanos, saben que no es así y que aquella reforma
fundamental se llevó a cabo con una oposición desmelenada y difamatoria, agresiva
y violentista. Era la "reforma del BID", impuesta "desde
afuera", pese a que nuestro programa pre-electoral, publicado bajo el
título de "El Uruguay entre todos", describía punto por punto lo que
pensábamos hacer. Y se hizo.
Se
universalizó la matrícula pre-escolar de niños de 5 años y se duplicó la de los
de 4, se construyeron más de cien escuelas de tiempo completo (en época
económica bien distinta a ésta, en que el mercado internacional nos regala lo
que nunca), se instalaron los CERP en todo el país para formar profesores, se
abrieron los exitosos bachilleratos tecnológicos (punta de lanza del cambio
hacia la tecnología), se montó -con una oposición inexplicable- un programa de
alimentación adecuada, se comenzó un renovado programa de enseñanza media con
menos materias y más horario y tantas otras cosas.
¿Por qué se
pudo? ¿Porque la oposición ayudó y las gremiales comprendieron? Todo lo
contrario. Hasta desgremializaron y satanizaron a profesores de origen
frentista simplemente porque colaboraban en el esfuerzo de mejorar la educación
pública. Pese a todo se fue adelante, porque el programa estaba, las ideas eran
claras y los ejecutores tenían -en el Codicen- la categoría de Rama, Williman,
Tornaría, Leites o Márquez. Ya en nuestra primera Presidencia habíamos
encargado a Cepal unos estudios, que dirigió Rama, para tener un diagnóstico
claro y por eso él fue el encargado de presidir su ejecución una vez que se
diseñó el proyecto.
Él encajaba
con nuestra idea de la responsabilidad social del Estado y la necesidad de
atacar con vigor la inequidad en la educación, llevando las pre-escolares a los
hogares más pobres y el horario extendido en primaria a los establecimientos
con menores rendimientos escolares, obviamente los de condición social más
deprimida.
Fue muy duro
llevar adelante ese proyecto, en épocas en que no había la holgura económica de
hoy, pero el Ministro de Economía de la época, el Cr. Mosca, fue también un
sostén fundamental en proveer los recursos para construir establecimientos y
llevar adelante estos programas. Incluso para convencer a los organismos
financieros internacionales, de orientación muy anti-estatal, de que en el
combate a la inequidad social la vanguardia la tenía que llevar,
inevitablemente, el Estado.
El tema hoy
está en una cruz de caminos. Si se quiere, se puede. Pero ello implica
modificar la nefasta ley que dio a las gremiales más poder que nunca, enfrentar
los criterios arcaicos de sus dirigentes y apoyarse en una sociedad que
acompañará como lo hizo en aquellos momentos tan difíciles. No basta con
cambiar dos miembros del Codicen. El Presidente vuelve a reconocer que la
situación es crítica, pero se queda en la periferia, en lo personal, o aun en
lo formal cuando se habla de temas burocráticos o desconcentraciones que distan
mucho de ser el nudo de la cuestión.
El problema
está en que para los dirigentes gremiales (y la mayoría de los jerarcas
frentistas), hablar de excelencia es elitismo. Exigir calidad es oligárquico.
Pensar en el mercado de trabajo de los jóvenes es arrastrarse ante el
capitalismo. Evaluar rendimientos es neo-liberal y si se aceptan pruebas
internacionales es poco menos que declararse colonia. Formar profesores en
metodologías modernas y amplitud en las ciencias básicas, sociales o exactas,
es desconocer la opinión de los docentes agremiados. Que la autoridad educativa
planifique y que los Directores ejecuten es autoritarismo. Que haya orden y
disciplina en los establecimientos es represivo.
Todo
empieza, precisamente, por enfrentar esta mentalidad reaccionaria, derogar la
nefasta ley de educación que nos rige, pensar un programa sobre parámetros
distintos y nombrar a ejecutores convencidos.
De este modo
se puede. Naturalmente, en dura lucha con esa vetusta mentalidad que se cree
"de izquierda" y, simplemente, es atrasada.
(*)
Abogado. Ex presidente de la República (1985-1990 y 1995-2000)
Fuente:
El País Digital
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