Por Ope Pasquet (*)
Enrique Iglesias y la fundación que él creó,
ASTUR, tuvieron la feliz ocurrencia de invitar a Montevideo a don César
Gaviria, ex presidente de Colombia (período 1990-1994) y Secretario General de
la OEA durante diez años (de 1994 a 2004). En la actualidad Gaviria es miembro
de la Comisión Global sobre Política de Drogas, asociación privada sin fines de
lucro encabezada por el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso e
integrada además por personalidades de la talla del Premio Nobel de Literatura
Mario Vargas Llosa, el ex presidente de México Ernesto Zedillo, el ex
Secretario de Estado de los Estados Unidos George Schultz y el ex presidente de
la Reserva Federal del mismo país, Paul Volcker.
La Comisión Global critica severamente la
política de “guerra contra las drogas” promovida en su día por Richard Nixon y
vigente aún hoy en la mayor parte de los países del mundo, incluido el nuestro.
La Comisión Global sostiene que esa política ha fracasado (cada día se consumen
más drogas en el mundo) y que sus costos son altísimos (en términos de dinero
destinado a ejecutarla, de víctimas de la lucha contra el narcotráfico y entre
los mismos narcotraficantes, de vidas destruidas por penas de prisión que no
rehabilitan más que a unos pocos afortunados, de corrupción en todos los
niveles del aparato estatal, etc.). Consecuentemente, propone cambiar el
enfoque del asunto y pasar a considerar el consumo de drogas como un problema
médico, no criminal. De la prohibición respaldada por sanciones penales
se pasaría a la regulación apoyada por los servicios médicos, educativos y de
asistencia social del Estado. En líneas generales, dice Gaviria, este cambio de
paradigma se aplica ya en varios países europeos como Holanda, Suiza y
Portugal. En Estados Unidos nadie desafía abiertamente al prohibicionismo, pero
ya hay catorce Estados de la Unión que han aflojado los controles y permiten el
uso medicinal de la marihuana, por ejemplo. Mientras tanto, la lucha continúa sin
tregua en América Latina, donde se gastan miles de millones de dólares al año y
mueren decenas de miles de personas en pos de la utopía inalcanzable del “mundo
sin drogas”.
Gaviria reclama con énfasis un tratamiento
pragmático del tema, que evalúe costos y resultados y que evite discutirlo como
si se tratara de una disputa religiosa entre bandos de fanáticos. “En Uruguay
la discusión es muy emotiva, muy principista, cuando en realidad este problema
debe ser visto como cualquier otro problema público”, dijo en la entrevista
concedida a Brecha.
Teniendo en cuenta la recomendación del ex
mandatario colombiano, que me parece muy sensata, propongo que nos aboquemos a
dar cumplimiento cabal a algunas normas ya vigentes hoy en Uruguay, cuya
efectiva aplicación podría aliviar el sufrimiento de muchas personas, sin
violentar la conciencia de nadie. Me refiero específicamente al artículo 3 del
Decreto Ley 14.294, en la redacción dada por la Ley 17.016, de 22 de octubre de
1998. La norma dice así: “Quedan prohibidos la plantación, el cultivo, la
cosecha y la comercialización de cualquier planta de la que puedan extraerse
estupefacientes u otras sustancias que determinen dependencia física o
psíquica, con excepción –según los casos- de los que se realicen con exclusivos
fines de investigación científica o para la elaboración de productos
terapéuticos de utilización médica. Las plantaciones o cultivos, en tal caso,
deberán ser autorizados previamente por el Ministerio de Salud Pública y
quedarán bajo su control directo. Toda plantación no autorizada deberá ser
inmediatamente destruida (…)”.
De acuerdo con el artículo 5 del Decreto Ley
14.294, se podrá utilizar con fines terapéuticos o de investigación científica
una serie de sustancias, entre las que se cuenta el principio activo que se
extrae de la marihuana.
En buen romance: sin cambiar la legislación
sería posible hoy, en Uruguay, que con la autorización y bajo el control del
Ministerio de Salud Pública, y receta médica mediante, se suministrase
cigarrillos de marihuana a los enfermos que lo necesitan. Los usos médicos de
la cannabis sativa son conocidos; puede encontrarse en Internet todo lo que
se quiera saber sobre el tema. A nuestros fines basta con señalar que hay
enfermos de cáncer a quienes fumar marihuana aliviaría los graves
sufrimientos físicos y psíquicos propios de las etapas finales de su mal.
No considero que sea necesario agregar
argumentos. En estas cuestiones, las razones de humanidad deberían ser
suficientes.
Lo que falta es que el Poder Ejecutivo
reglamente las normas legales pertinentes, para habilitar la plantación y el
suministro de marihuana bajo receta médica, con todos los controles necesarios
para evitar desviaciones.
Evitemos los debates de corte fundamentalista
y apliquemos la ley vigente con amplio espíritu humanitario.
En esto, creo, todos podemos estar de
acuerdo.
(*) Abogado. Senador de la República (Vamos
Uruguay- Partido Colorado)
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