Después de Pluna

Por Ope Pasquet (*)

El pasado jueves el Senado dio media sanción a un proyecto de ley que, en sustancia, habilita al fideicomiso propietario de los aviones de Pluna a disponer de ellos; la idea es que sea la empresa que formen quienes fueron trabajadores de Pluna, la que reciba esos aviones y los utilice.

El proyecto de ley fue sancionado con los votos del oficialismo solamente;  los partidos de oposición no lo apoyamos, por entender que la excesiva generalidad y amplitud de sus disposiciones lo asemeja a un cheque en blanco que obviamente, en las actuales circunstancias –es decir, con una investigación penal en trámite- no estamos dispuestos a darle al gobierno.

La discusión parlamentaria se centró en lo ocurrido hasta ahora y en las responsabilidades emergentes de ello. Está bien que así haya sido; para que la democracia funcione bien es necesario que la gestión de los asuntos públicos sea sometida a controles y que los gobernantes se hagan cargo de los errores cometidos.

No recibió en cambio la atención necesaria –a mi juicio- lo atinente a lo que se espera que sea la empresa que ocupe el lugar que Pluna dejó vacío (aunque no lleve su fatídico nombre): esa nueva aerolínea que sería de propiedad de los ex trabajadores de Pluna, que recibiría el apoyo del Estado y que nos aseguraría la “conectividad” que hoy nos falta.  Los comentarios del oficialismo a este respecto se agotaron en el elogio a los trabajadores, a su actitud constructiva, a la seriedad de su planteo, etc.; pero del proyecto empresarial en sí, casi no se dijo nada.

El único senador que se refirió a dicho  proyecto en términos concretos fue Eduardo Lorier. El legislador comunista tuvo el mérito de abordar la tarea que nadie había cumplido hasta que él habló, comentando diversas previsiones y estimaciones en las que funda el proyecto sus pretensiones de viabilidad.

Pero el discurso de Lorier, obviamente, no quiso ser un análisis técnico e independiente del asunto, sino un vibrante alegato político en pro de los ex trabajadores de Pluna (que colmaban las barras del Senado), y eso fue.

Lo que faltó en el debate fue, precisamente, el análisis técnico e independiente de la propuesta de los trabajadores, que el gobierno quiere apoyar. Es cierto que todos los legisladores que conocen la propuesta, tanto del gobierno como de la oposición, la han elogiado, por considerarla seria y bien fundada. Pero esa apreciación política no sustituye la evaluación técnica, rigurosa y desapasionada.

Y esa evaluación es necesaria, antes de que el Estado vuelva a comprometerse, de un modo o de otro, en un negocio que a través del tiempo le ha costado muchos millones de dólares a generaciones y generaciones de uruguayos.

¿Es realmente necesario que contemos con una “aerolínea de bandera”? ¿Cuánto le costaría al país? ¿Qué alternativas existen y cuánto costarían? ¿Qué resultados arroja la comparación de los costos y beneficios que puedan esperarse de las diversas hipótesis consideradas? ¿Qué le conviene más al país: que el gobierno financie un nuevo emprendimiento aeronáutico, o que apoye a AFE para recuperar el ferrocarril? ¿Podemos hacer las dos cosas y además impulsar el puerto de aguas profundas, por ejemplo...?

Estas y otras preguntas similares son las que no aparecen planteadas, ni mucho menos respondidas. Se sustituye el tratamiento de estas cuestiones por la exaltación de los trabajadores y las manifestaciones de confianza en lo que ellos hagan.

Los trabajadores deben ser contemplados, naturalmente, a través de los diversos instrumentos con los que el Estado cuenta para apoyar a quienes han perdido su empleo y legítimamente aspiran a volver a trabajar. Pero una cosa es resolver el problema social y humano que plantea la situación de  esas personas, y otra muy distinta es seguir comprometiendo fondos públicos en emprendimientos de incierto destino.

Esto último es, empero, lo que Uruguay se dispone a hacer, una vez más. 

(*) Abogado. Senador de la República (Vamos Uruguay- Partido Colorado)