Fracaso policial

Por Ope Pasquet (*)

Leo en El Observador de hoy, viernes 7, que a juicio del Jefe de Policía de Montevideo el operativo policial del martes pasado, desplegado en el centro de la ciudad en previsión de eventuales desbordes tras los sucesos deportivos de ese día, fue “correcto”.

Lamento no poder compartir la apreciación del Sr. Layera.

Daños en el Palacio Piria y Palacio de los Tribunales cuya reparación insumirá unos 30 mil dólares; un kiosko incendiado; un comercio saqueado en 18 y Vázquez, 29 locales comerciales dañados, 22 funcionarios policiales heridos; con estos resultados a la vista, no se entiende cómo puede considerarse satisfactoria la actuación policial.

No hubo sorpresas. Según la información de prensa (El País, jueves 6), 430 efectivos fueron afectados al operativo en cuestión; 64 de ellos fueron desplegados en torno al edificio de la Suprema Corte de Justicia, que estaba protegido además por un vallado.

Quiere decir pues que la Policía previó la posibilidad de que se produjeran incidentes, y tomó las providencias que consideró adecuadas. Lo que pasó fue que las medidas preventivas resultaron insuficientes. Los delincuentes no sólo apedrearon a los edificios judiciales y a los mismos policías que los custodiaban, sino que además lograron penetrar en el Palacio de los Tribunales y sustraer de allí dos monitores de computadora. Si no se pudo evitar siquiera la invasión de dicho edificio, es evidente que el operativo fracasó.

El fracaso pudo deberse a distintas causas: insuficiente cantidad de efectivos, falta de equipos adecuados para actuar en esas circunstancias, errores de criterio en la conducción de la fuerza, u otras. Yo no me considero capacitado para opinar respecto de lo que son, evidentemente, cuestiones de técnica policial; pero me bastan la apreciación de los lamentables resultados de la jornada y el sentido común, para llegar a la conclusión opuesta a la que proclama el Jefe de Policía de Montevideo.

Un aspecto del asunto que me llama la atención, es que no se ha informado de la existencia de lesionados entre los vándalos. Si 22 policías resultaron heridos, fue porque hubo choques entre ellos y sus atacantes. ¿Cómo se entiende que de esos choques sólo resultaran lastimados los funcionarios policiales? O la información de prensa es incompleta, o hay que suponer que a los policías les dieron orden de aguantar lo que viniera, sin repeler la agresión.

Hubo decenas de detenidos, pero ni un solo procesado; el Juez actuante comentó que no había pruebas que permitieran imputar hechos concretos a nadie. De nuevo, es sorprendente que habiéndose hurtado mercadería de varios comercios, nadie haya sido detenido llevando encima el producto del delito, lo que hubiese sido más que suficiente para procesar. No entendemos tampoco que de los testimonios de los funcionarios actuantes no surjan imputaciones concretas contra algunos, siquiera, de los detenidos; siempre hay cabecillas que imparten órdenes, audaces que actúan antes que los demás, líderes que marchan adelante y guían al resto; ¿los policías no fueron capaces de identificar a ninguna de estas figuras, clásicas en este tipo de episodios? ¿O el Juez entendió que los testimonios de los funcionarios policiales no son “elementos de convicción suficientes” para disponer por lo menos la iniciación de un sumario?

Planea sobre todo el asunto la sospecha de que no se quiere reprimir, es decir, usar efectivamente la fuerza pública, ni siquiera contra quienes alteran gravemente el orden, causando lesiones a las personas y daños a las propiedades. Probablemente, una sola foto de un policía golpeando a un pretendido manifestante hubiera hecho que algunos sectores denunciaran automáticamente la “brutalidad policial”, como si el uso de la fuerza pública fuera ilegítimo de por sí, en vez de ser la “última ratio” del Estado contra quienes violan la ley y atentan contra la convivencia pacífica.

Se entiende que el gobierno del Frente Amplio no quiera exponerse a esas críticas, que el propio Frente lanzaba sin vacilaciones cuando en el gobierno estaba alguno de los partidos tradicionales. Pero quienes tienen hoy la responsabilidad de gobernar deben hacerse cargo de los deberes consiguientes, aunque ello les valga la censura de algunos sectores de su propia parcialidad.

Es inaceptable que una pandilla de forajidos se lance por las calles del centro de Montevideo a romper y robar cuanto encuentre a su paso, sin que la Policía contenga sus desmanes y los someta a la Justicia, con las pruebas pertinentes, para hacer efectiva su responsabilidad.

Y si el malón se produce, que no se diga que “el operativo policial fue correcto”; lo primero que hay que hacer, para resolver un problema, es reconocer que existe.

(*) Abogado. Senador de la República (Vamos Uruguay-Partido Colorado)