Por José Amorín (*)
Parecería que los problemas con el gobierno de la
República Argentina nunca van a terminar, todo lo contrario, cuando uno no
terminó ya aparece otro. Es el caso de la situación de la planta de la papelera
UPM que próximamente paralizará sus actividades y está a la espera de una
autorización del gobierno que le permita aumentar la producción para no tener
que dejar de trabajar. UPM paralizará su planta, en primera instancia, para
tareas de mantenimiento. Eso sucede todos los años y no lleva más de 15 días.
Pero esta
vez está pendiente la respuesta a un pedido de autorización para aumentar la
producción en unas 200 mil toneladas más. Si esa autorización no llega a tiempo
la planta deberá permanecer cerrada por dos meses por lo menos con el
consiguiente perjuicio para miles de trabajadores.
Los que
trabajan en la fábrica —unos 600- irán al seguro por desempleo, lo mismo
ocurrirá con cientos de empleados de las empresas que venden servicios a la
pastera, con los obreros de la madera, en fin, con mucha gente cuyo trabajo
depende del funcionamiento de esta industria. ¿Cuál es la razón de este
problema? Sencillo: Argentina reiteró un cuestionario sobre los alcances del
plan de negocios de la empresa que prevé el aumento de producción. Se sabe que
esto en la vecina orilla no cae bien. Y bueno, ahí está la actitud del gobierno
que por boca del presidente Mujica señaló la necesidad de cuidar la relación
con Argentina, porque "los vecinos que tenemos no se mudan y nosotros
tampoco, así que hay que tener la habilidad de convivir". Y a renglón
seguir dijo, según la prensa, que tiene una decisión tomada, la cual, si
tenemos en cuenta la relación con Argentina, será negativa para UPM.
También por
la prensa nos enteramos que el Ministerio de Trabajo comenzó a estudiar, con
las cámaras empresariales, el impacto del cierre de la planta, en particular en
el sector forestal y en el transporte de madera. Esta situación nos pone frente
a una realidad deprimente como es el hecho de que hay decenas de miles de
trabajadores perjudicados por la sumisión a Cristina Fernández de Kirchner. Y
lo peor es que el resto del Frente Amplio es cómplice de esta situación, algo
que no puede pasarse por alto. El no argentino a UPM se suma a la negativa a
dragar los canales, al rechazo al puerto de aguas profundas, al cierre de
exportaciones, y en fin, a una serie de ataques al trabajo de los uruguayos.
Trabajo que el gobierno debería defender por sobre todas las cosas, pero no lo
hace porque tanto el gobierno como el Frente Amplio no quieren disgustar a CFK.
Titánica
tarea tendrá el próximo gobierno para cambiar todo esto y defender el trabajo
de la gente.
Ése será el
camino que deberemos de recorrer para salvar los destinos de la República.
(*) Abogado. Senador de la República
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