Por Daniel
Bianchi (*)
Los diarios de circulación nacional
fueron más que expresivos al utilizar una figura harto representativa al
momento de dar a conocer el nuevo retroceso en las posibilidades de lograr un
acuerdo con Argentina por el dragado del Canal Martín García, en aguas de
Uruguay, que en caso de concretarse, pondría en igualdad de condiciones
competitivas a los dos países.
El gobierno argentino “dio un portazo”, fue la
expresión elegida para ilustrar la acción que desorientó por completo a la
delegación de nuestro país que negocia el inicio de la operativa.
Como se recordará, el pasado mes de setiembre se
completó la primera etapa del proceso, cuando finalizó la precalificación de
las empresas interesadas en llevar adelante la obra. La segunda etapa será la
aprobación del pliego de obras y la tercera el proceso ejecutivo en sí mismo,
que incluye el diseño, las tareas de excavación subacuática, y la limpieza y
traslado de sedimentos, con vistas a incrementar la profundidad para aumentar
la capacidad de transporte y, al mismo tiempo, evitar el riesgo de
encallamiento.
Debido al impacto ambiental que estas obras
significan, debe realizarse una minuciosa evaluación a fin de mitigar el mismo.
Y eso requiere tiempo.
Pero el tiempo es precisamente aquello que, al
gobierno argentino, parece no preocuparle.
El Canal, con un largo total de unos 106
kilómetros, se extiende desde el km 39 del Canal de Acceso a Buenos Aires hasta
el km 0 del Río Uruguay. Originalmente, fue habilitado para la navegación en
1892 con una profundidad de 19 pies. Hasta el año 1988 fue dragado en forma
circunstancial, a diferentes profundidades, hasta que el julio de 1996 se firmó
el contrato entre la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) -un
organismo binacional uruguayo-argentino- y la empresa Riovia S.A. -una firma
uruguaya creada en 1996 y radicada en Colonia del Sacramento, subsidiaria de la
empresa holandesa Boskalis International B. V., una de las más importante del
sector- para el dragado, balizamiento y mantenimiento.
Las obras fueron oficialmente inauguradas en
diciembre de ese año por los presidente Julio Mª Sanguinetti, de Uruguay, y
Carlos Menem, de Argentina, finalizando las obras de apertura en enero de 1999,
cuando el canal fue habilitado para la navegación.
Desde ese entonces, se ha mantenido una de las
disputas diplomáticas más importantes entre Uruguay y Argentina en los últimos
tiempos.
Hasta la fecha, Argentina ha venido frenando el
llamado a licitación para profundizar el canal de 32 a 36 pies de profundidad,
lo que notoriamente se ha traducido en un beneficio para el vecino país debido
al significativo ingreso por cobro de peajes en el Canal Mitre, traza obligada
de los barcos que, debido a lo importante de su carga, no disponen de ninguna
otra salida hacia el Océano Atlántico. Por el contrario, dicho freno deriva en
serios perjuicios para los puertos uruguayos, en especial para el de Nueva
Palmira, que pierde su atractivo debido a que, con vistas a navegar por aguas
con la profundidad necesaria, los barcos se verían obligados a hacerlo por un
trayecto más extenso con los consiguientes perjuicios económicos -entre ellos,
los fletes más elevados- motivo por el cual lógicamente optan por el Canal
Mitre.
El canciller argentino, Héctor Timerman, y el
embajador Dante Dovena -profundamente cuestionado por estas horas- habían
anunciado el 26 de abril que, indefectiblemente, el jueves 3 de mayo se
aprobaría el pliego para la licitación de la obra, y el gobierno uruguayo se
gratificó del anuncio enarbolándolo como el inicio de la recomposición de la
relación bilateral, a esa altura visiblemente dañada.
No obstante, en la fecha prevista, sorpresivamente
-para los representantes del gobierno uruguayo, pero no para muchos actores
políticos, comerciales y de la prensa especializada, que preveían el
desenlace que finalmente tuvo lugar- los delegados argentinos en la CARP pusieron
numerosas objeciones que, una vez más, llevaron los trámites a fojas cero.
La medida argentina, en este caso, se asemeja más a
una afrenta hacia su par uruguayo que a una decisión estratégica, porque el
texto final del pliego había sido elaborado entre julio y diciembre del año
2011, con el asesoramiento y el aporte de una empresa consultora, y ya por
aquel entonces Uruguay lo había aprobado. Aguardaba por la repuesta de
Argentina, que insumió cinco meses para transformarse en un categórico “No”
debido a que, según su punto de vista, debían introducirse algunas
modificaciones.
Los cambios propuestos deberán ser ahora analizados
por Uruguay, lo que seguramente demandará varias semanas, máxime teniendo en
cuenta que, ahora, las dudas y falta de confianza en las autoridades del vecino
país parecen ser la moneda corriente en las negociaciones entre ambos
gobiernos.
En las últimas horas, el presidente uruguayo, José
Mujica, anunció que, si se demora la resolución argentina, autorizará
“unilateralmente” el dragado del canal.
Como sea, la solución parece distante, y medidas
unilaterales como la anunciada, difícilmente contribuyan a llevar los trámites
a buen puerto.
Y peor aún, difícilmente recompongan el clima de
entendimiento que ha sido tradicional entre nuestros dos países.
(*) Médico. Representante Nacional por el
departamento de Colonia (Vamos Uruguay – Partido Colorado)
El ex
presidente Julio María Sanguinetti manifestó que los reclamos por las violaciones
de los derechos humanos durante la dictadura se han "prestado para toda
clase de excesos, injusticias y aberraciones jurídicas". Afirmó que
"detrás de este afán desmedido de procurar reparaciones lo que hay es un
interés económico".
