El domingo todos a votar

Por Jorge Batlle (*)

Más allá de lo que cada uno opine sobre la Ley en cuestión, el ejercicio pleno de la condición legislativa que cada ciudadano adquiere en oportunidad de su voto hace a la esencia de la democracia.

La democracia griega se basaba en eso, los ciudadanos decidían en una Asamblea. En muchos cantones Suizos, no sé si en todos, durante muchos años las cuestiones se resolvieron así. La democracia directa funciona en la Asamblea. Cada ciudadano es un legislador.

Asuntos como el que trata esta Ley –nada más ni nada menos que las cuestiones de la vida misma- no son asuntos de carácter político partidario. Son temas que hacen al pensamiento más profundo de cada persona. Esas decisiones no pueden estar solamente en manos del legislador, por más que él sea quien nosotros hemos elegido y depositado confianza para que nos represente. Son asuntos de tal importancia que todos tenemos que resolverlos luego de pensar y reflexionar muchísimo, no en función de una cuestión política.

Por cierto, entonces, el domingo lo que vamos a decidir es que se dé esa instancia. El domingo lo que decidimos es abrirnos la oportunidad para poder transformarnos en legisladores.

La Constitución dice que la soberanía existe radicalmente en cada uno de nosotros. Los hechos demuestran que un gobierno por Asamblea directa es imposible, en algunos casos, como éste, sin embargo, es necesario que todo el pueblo opine con su voto sobre lo que sienten a propósito de una legislación de enorme trascendencia.

Creo que la convocatoria del próximo domingo es una de las cosas más trascendentes y que mejor le hacen al sistema democrático. Todos nos tenemos que sentir muy orgullosos de que nos convoquen para que el pueblo deba decidir qué es lo que se debe hacer en esta materia. Por suerte en el Uruguay las cosas las decidimos por el voto, no por las armas ni por la prepotencia de unos pocos sobre los demás. Tenemos una vez más que hacer sentirle a todo el país el enorme peso que cada uno de nosotros al votar tiene en la vida de la República.

El domingo nos encontramos en las urnas.

(*) Abogado. Ex Presidente de la República (2000-2005)

Votemos el veintitrés

Por Pedro Bordaberry (*)

“Garantir al niño suprimer derecho esencial: el derecho al calor, al perfume, al pecho próvido, al cariño y al amparo de la madre.

Salvaguardar su vida en su azaroso comienzo.

¡Cuántos perecen en las entrañas de la madre, que no osó afrontar a sus acusadores, y busca en la muerte, para ella y para el hijo ilegítimo, un refugio seguro!

Y, al primer vagido, cuántos son estrangulados, sofocados o entregados a la intemperie, para que los ultimen en la soledad y complicidad de la noche …”

Estas son palabras de José Batlle y Ordóñez, recogidas en la primera edición del Libro “La Ideología de Batlle” de Antonio M. Grompone (pág. 157).

En ellas el ex Presidente de la República y fundador del Uruguay moderno expresa su preocupación no sólo por el niño que nace sino que también por el que “perece en las entrañas de la madre”.

Acto seguido cita diversas propuestas del programa de gobierno del Partido como la prohibición que la madre trabaje en los 30 días previos y posteriores al parto; la necesidad de crear establecimientos que la alberguen en esos períodos, de abonarle una pensión, de contar con guarderías (él las llama casa cunas) y prohibir el trabajo infantil.

Todas esas propuestas estaban destinadas a proteger al niño. Al niño por nacer y al nacido. A alentar a la madre a tenerlo, a cuidarla mientras está embarazada.

Esta defensa de la vida es parte fundamental del pensamiento de quien, por ejemplo, propuso la ley que abolió la pena de muerte en 1907, norma que luego sería incorporada en 1918 a la Constitución de la República.

Defensa de la vida y no sólo de la vida humana sino de todas las formas de vida.

Algunos confunden esto con la defensa que hizo Batlle y Ordóñez de los derechos de la mujer; defensa que hizo y es bien conocida.

Lo confunden al desconocer que la defensa de la vida, desde las entrañas de la madre, no tiene que ver con los derechos de la mujer sino con la vida del concebido.

La defensa del niño por nacer hace al derecho que éste, como ser humano, tiene de vivir en cuanto, científicamente, hoy se encuentra probado que a partir de la concepción hay vida.

El tema no es el derecho de la madre, del padre o de ambos de interrumpir un embarazo. Es el derecho a la vida que tiene quien está vivo.

Las mujeres tienen derechos que hay que proteger siempre. Pero el concebido, en cuanto posee vida, tiene un derecho superior: el derecho a vivir.

Esto no depende de una creencia o convicción religiosa. Defender la vida, rechazar la pena capital, el homicidio, o cualquier otra forma de muerte no depende de que uno sea ateo, creyente, o agnóstico.

Son principios que están más allá de eso y todos compartimos.

Como el de votar y que en última instancia sea el Pueblo quien decida.

Por ello concurriré a votar el próximo Domingo 23 de Junio. Estoy convencido que hay que hacerlo para habilitar un plebiscito que derogue la ley que fuera aprobada por un voto, sí un voto, en el Parlamento Nacional.

Porque, además, como afirmaba el propio Batlle y Ordóñez “en una Democracia de verdad, el Pueblo no debe conformarse con elegir a sus gobernantes, debe gobernar a sus elegidos”.

Como colorado, como integrante de la colectividad política fundada por Rivera, asentada en la gesta heroica de la Defensa de Montevideo y en los principios de Justicia Social de Batlle y Ordoñez, votaré para que se plebiscite la ley.

De esa forma habilitaremos el voto del Pueblo. No hay nada mejor para la Democracia que ese voto.

(*) Abogado. Senador de la República. Líder de Vamos Uruguay – Partido Colorado 

Sobre disciplina partidaria

Por Ope Pasquet (*)

Cuando el miércoles pasado se trató en el Senado el proyecto de ley sobre despenalización del aborto, yo dije que estaba a favor del proyecto pero que votaría contra él por disciplina partidaria, y así lo hice.

En este caso, al igual que en algún otro muy reciente (anulación de la Ley de Caducidad), la cuestión de la disciplina partidaria adquirió una cierta autonomía, y se la discute independientemente de la posición que se tenga sobre el tema de fondo de que se trate. ¿Cómo deben actuar los legisladores: siguiendo siempre su propia convicción, o ajustándose a los lineamientos definidos por su partido o su sector, cuando así se les exige que lo hagan?

Desde los comienzos del siglo XX, el criterio dominante en la política uruguaya ha sido el que podríamos denominar “pro disciplina”.

En 1903, el Partido Nacional expulsó de sus filas a Eduardo Acevedo Díaz porque votó a favor de la candidatura presidencial de don José Batlle y Ordóñez (en aquella época el presidente era elegido por la Asamblea General, y los blancos habían resuelto apoyar a otro candidato colorado, Eduardo Mac Eachen). En los años 20 hubo otro disidente en filas nacionalistas, Lorenzo Carnelli, y se le negó el uso del lema partidario (lo que le costó a Herrera la pérdida de la presidencia en la elección de 1926). Y más recientemente, en el año 2008, el Directorio del Partido Nacional declaró “asunto político” el proyecto de ley sobre despenalización del aborto tratado ese año, y exigió a sus legisladores que votaran en su contra (ver Bottinelli, Oscar, y Bouquet,  Daniel, “El aborto en la opinión pública uruguaya”, pág. 14).

En el Partido Colorado, Batlle y Ordóñez sostenía una concepción particularmente fuerte de la disciplina partidaria. En 1919 promovió y logró la creación de un órgano partidario, la Agrupación de Gobierno Nacional, en el que se discutirían los asuntos de administración y de gobierno para acordar posiciones comunes al respecto. Feliciano Viera no estuvo de acuerdo con él, se alejó del Batllismo y formó lo que se conoció como el “vierismo”. Cuando la Agrupación se pronunciaba por dos tercios de votos, el incumplimiento de sus resoluciones podía determinar la censura del incumplidor, que tendría por efecto su “descrédito partidario”. (En los años veinte el Batllismo iría más lejos, postulando incluso como aspiración, para una futura reforma constitucional, la revocabilidad de los mandatos legislativos).

La Carta Orgánica del Partido Colorado de 1983 mantuvo la existencia de la Agrupación de Gobierno. Esta institución de pura cepa batllista tampoco sufrió alteraciones con la reforma del año 2007.  La Carta Orgánica no dice qué asuntos son de la competencia de la Agrupación de Gobierno (no hace tampoco referencia al programa), ni establece una reserva de temas que queden excluidos de la disciplina partidaria y librados a la convicción personal de cada legislador; es la propia Agrupación, por lo tanto, la que elige los asuntos sobre los que se pronuncia y los términos más o menos compulsivos en los que declara su “parecer” al respecto. Cabe agregar que, en los hechos, la Agrupación no funciona a nivel de todo el partido, sino de cada uno de los sectores que lo integran.  

En el Frente Amplio  es tradicional la disciplina de voto. Quienes no se han sometido a ella han terminado yéndose (como se fueron Zabalza de la Junta Departamental de Montevideo, y Chiflet de la Cámara de Diputados) o han sido políticamente estigmatizados (Semproni por votar en contra de la primera tentativa de anulación de la Ley de Caducidad).

La Constitución no se refiere a la disciplina partidaria, porque reconoce a los partidos políticos “la más amplia libertad” para organizarse como mejor les parezca (artículo 77, numeral 11). Pero todo nuestro sistema electoral (con la excepción del voto por los candidatos en la segunda vuelta de la elección presidencial) está estructurado en torno a la idea de que se vota por un partido, antes que por sus candidatos (por eso el doble voto simultáneo, las listas sábanas cerradas y bloqueadas, el tercer escrutinio, etc.). Las hojas de votación dicen “Voto por el Partido tal, y las precedentes listas de candidatos”. No se puede ser candidato por fuera de los partidos.

Cuando la bancada parlamentaria de Vamos Uruguay decidió reclamar unidad de acción a sus legisladores para votar en contra del proyecto de ley sobre despenalización del aborto, innovó dentro de la tradición partidaria. Innovó, porque nunca antes los colorados habíamos apelado a la disciplina partidaria en esa materia; pero lo hizo dentro de una vieja tradición, como surge de todo lo expuesto. El diputado Fernando Amado y yo nos opusimos a la innovación, pero puesto el asunto a votación, perdimos por catorce votos contra dos. El paso siguiente fue la discusión y votación sobre el tema de fondo, la despenalización del aborto; en esta ocasión, fuimos tres (Gloodtdofsky, Amado y yo) contra trece. 

Por supuesto que no me agradó votar en contra de mis convicciones; pero lo hice, porque creo firmemente que no hay democracia sin partidos políticos, ni partidos políticos sin unidad de acción y disciplina de voto en los temas que, en cada momento, las mayorías califican de fundamentales o estratégicos.

El nervio del asunto está en cómo se adoptan las decisiones en estas materias. Si resuelve el líder de turno, por sí y ante sí, caemos en bien conocidos personalismos. Pero si se resuelve colectivamente, por votación y previa discusión, lo que corresponde es acatar lealmente lo resuelto por la mayoría.

Así, al menos, pienso yo. 

(*) Abogado. Senador de la República (Vamos Uruguay –Partido Colorado)

Que decida el soberano

Por Ope Pasquet (*)

En la madrugada del pasado miércoles la Cámara de Diputados sancionó, con modificaciones, el proyecto de ley ya aprobado por el Senado que permite, en ciertos casos, la interrupción del embarazo. Como consecuencia de las modificaciones introducidas en Diputados el proyecto deberá volver al Senado, donde el oficialismo cuenta con los votos necesarios para su sanción.

La cuestión de la despenalización del aborto es sumamente polémica y parece claro que ni la sanción de la ley, ni mucho menos un improbable fracaso del proyecto, le quitarán ese carácter; en cualquier caso el debate continuará, y está bien que así sea y que se discuta con apasionamiento, porque la importancia del tema lo merece. Discutir con pasión, empero, no debería conducir a faltarle el respeto a los que piensan distinto. En este debate, lamentablemente, se ha caído en ese exceso. La convivencia democrática necesita de la tolerancia, que poco valdría si se aplicara solamente a la discusión de banalidades. Es en el debate acerca de los temas importantes donde es más necesario el respeto mutuo, pero es aquí también, por desgracia, donde los fanáticos se descontrolan y muestran la hilacha.   

Lo que debiera discutirse en el Parlamento no es el aborto desde el punto de vista ético, sino la utilidad o conveniencia de que el aborto (me refiero al realizado con consentimiento de la mujer, obviamente) constituya un delito y por lo tanto se castigue con una pena. Son cuestiones distintas.

En el plano de la ética, cada persona está llamada a formarse su propia opinión y tiene derecho a sostenerla, aunque el resto de la humanidad piense otra cosa. “La voz de la conciencia” es para cada uno, de manera indelegable e intransferible, la voz de su propia conciencia, digan lo que digan las mayorías de turno.  

Las mayorías de turno, en cambio, son las únicas que tienen derecho a imponer la ley; en democracia, por lo menos, es así. Se supone que la ley expresa la voluntad de la nación soberana; cuando no hay unanimidad (y nunca la hay), es la mayoría la que decide por la nación.

En materia penal resalta con claridad la necesidad de que la ley luzca el sello de la legitimidad democrática. Si el Estado ha de usar su poder para privar a una persona de su libertad, nada menos, debe hacerlo de conformidad con una ley que exprese realmente la voluntad del soberano, para que esa restricción de la libertad se justifique desde el punto de vista democrático.

Lo que en el Uruguay está en tela de juicio desde hace tiempo es si las normas penales que hacen del aborto un delito expresan  realmente  la voluntad de la nación. Varios elementos de juicio hacen pensar lo contrario. Las decenas de miles de abortos que se realizan por año; los muy escasos procesamientos dispuestos por la Justicia ante esos hechos; la falta de sanción social a quienes incurran en tales conductas y las encuestas de opinión que desde hace años relevan la existencia de una sólida mayoría favorable a la despenalización, son algunos de esos elementos.

Despenalizar no implica necesariamente convalidar el aborto desde el punto de vista ético, ni considerarlo una forma de ejercicio del derecho de la mujer sobre su propio cuerpo. Aunque hay quienes piensan así, otros entendemos que de lo que se trata es de rechazar el empleo de una herramienta tan tosca como la ley penal, para enfrentar una situación sumamente compleja y delicada.

Ya Irureta Goyena,   el sabio codificador de 1934 al que nadie podría etiquetar como “progresista”, enseñaba en sus clases de Derecho Penal que el aborto –al que moralmente condenaba en los términos más enérgicos- no debía ser delito, y que la ley que lo definiera como tal resultaría ineficaz.

El tiempo le ha dado la razón.

Es hora de someter el asunto a la decisión del soberano. Aunque el Parlamento tiene facultades para sancionar y derogar leyes, la naturaleza de la cuestión y la forma en que afecta la sensibilidad de vastos sectores de la sociedad recomiendan que sea el Cuerpo Electoral quien pronuncie la palabra definitiva al respecto. En esto, supongo, todos hemos de estar de acuerdo.

En el derecho uruguayo, el camino para llegar a un pronunciamiento de la nación soberana respecto de una ley, es el del recurso de referéndum instituido por el artículo 79 de la Constitución y reglamentado por leyes que facilitan su ejercicio. Para que haya referéndum contra la ley, antes tiene que haber ley; no es posible plantear una consulta previa al soberano, con valor vinculante.

Si el aborto ha de seguir siendo delito, que lo sea porque la mayoría lo quiere, pero no por inercia legislativa. La intensidad de las convicciones éticas de algunos sectores de la sociedad, no otorga legitimidad democrática a las leyes que no expresan la voluntad popular. La mayoría no siempre tiene razón, pero –como decía Batlle- es la única que tiene derecho a equivocarse.

(*) Abogado. Senador de la República (Vamos Uruguay- Partido Colorado)