Por Jorge Batlle (*)
Con este título el ilustre abogado Sr. Hebert Gatto publicó en la edición del lunes 3 de junio un formidable artículo que todos deberíamos leer con atención.
Sostiene que en el Uruguay “se ha transformado en rutina ejercer presiones sobre el Poder Judicial. Presiones para peor promovidas por la Corte Interamericana, nuestro propio Ejecutivo, todos decididos a modificar una sentencia judicial”.
Sostiene el Dr. Gatto que la actitud de los fiscales recusando a cuatro Ministros de la Corte es un hecho inédito en nuestra historia. Agrega que la recusación no tiene fundamento jurídico y constituye otra forma de acoso a los jerarcas de la Suprema Corte.
Continúa el Dr. Gatto “parece insólito que, por primera vez en la historia, recusen por parcialidad a la mayoría de nuestra Corte, cuando, por fuera de sus veredictos, ninguno de sus tres integrantes se pronunció sobre el tema. Con fiscales afiliados a la peregrina tesis que quien calla otorga, ¿tendremos suficientes garantías? Si tamaño prejuicio, adecuado para inquisidores medievales, lo esgrimen contra magistrados designados con venia calificada del Senado, y una vida dedicada a la justicia, ¿cómo evaluarán las actitudes de connacionales de los que poco o nada saben?”.
¿Quiénes están en esta campaña? La Jueza Mariana Motta, que sostuvo en un dictamen judicial que el principio de que todos somos considerados inocentes salvo prueba en contrario, fijado por la Constitución y la Ley, según ella, había sido derogado por obsoleto. En una palabra, la Jueza Motta se transformó en reformadora de la Constitución por cuenta propia, y con esa modalidad tan original aplicaba el derecho penal. Ella sigue los pasos de la Dra. Mirta Gianze a lo que se le agrega la Senadora Constanza Moreira y la joven nieta de Gelman, más un abogado el Dr. López Goldaracena, todos quienes se constituyeron en París para armar una conferencia de prensa contra la justicia uruguaya.
¿Qué es lo que sostienen estos ciudadanos? Sostienen que la prescripción y la no retroactividad de la ley penal están superadas. En buen romance, pretenden aplicar en forma retroactiva las penas y la calificación delictiva posterior a los hechos ocurridos. Además de ser esto absolutamente ilegal, es muy peligroso para los intereses que defienden los excursionistas parisinos, porque por esa vía quizás mucha gente, no sólo militares, puedan merecer un nuevo juicio más allá de las leyes de amnistía votadas en su momento.
¿Qué es lo que se procura y lo que se pretende? Que no haya jueces independientes.
Lo que quieren es terminar con la justicia para aplicar el mismo régimen que en su momento aplicaran los dos filósofos de la historia que ellos adoran: Stalin y Hitler, cuyos tribunales operaban de esta manera. Ambos habían incluido en sus normas una de tal amplitud que le permitía al gobierno de turno mandar a los jueces poner contra el paredón a cualquiera que discrepara con sus pensamientos.
¿Acaso está pasando algo diferente a esto en Venezuela? Venezuela es así. Los jueces han desaparecido, es el gobierno que dicta sentencias, y en la Argentina, ¿no está sucediendo lo mismo?
¡Qué diferencia con Brasil, donde la independencia del Poder Judicial es de tal magnitud y naturaleza que la Corte decretó la prisión y sentencias muy duras a los personajes políticos más importantes del Partido de la Presidenta de la República! Ese es un país, no este mamarracho que queremos hacer acá.
Hay un viejo dicho que dice: “no sea cosa que la oración se vuelva por pasiva”. Mañana cambia el gobierno y aplicando los criterios de estos ilustres ciudadanos, que quieren que la justicia responda a las órdenes del Poder Ejecutivo eliminando la separación de Poderes, de pronto ellos son la máquina que mata al inventor. Todos presos por violar la Constitución.
¡Qué conjunto de suicidas e ignorantes! La suerte que tienen es que cuando cambie el gobierno regirá la Ley y ella los va a proteger a ellos, que la quieren destruir.
(*) Abogado. Ex presidente de la República (2000-2005)
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