Aviso a los navegantes

Por Dr. Pedro Bordaberry (*)

Esta semana que termina dos ex Presidentes de la República y el Vicepresidente actual alertaron sobre la situación de nuestra Educación. Se sumaron así a otros avisos que se vienen dando desde hace rato, ya sea a partir de los resultados de las prueba Pisa, la bajísima cantidad de egresados de nuestra Universidad de la República, la poca cantidad de jóvenes (32% del total) que completan doce años de estudios o las carencias edilicias.

Varios decanos ya habían alertado de la situación hace varios años. El Prof. Germán Rama lo hace de tanto en tanto, relacionando de forma directa las carencias educativas con la situación de pobreza.

Sin embargo, nada cambia. Todo sigue igual o peor. Pese a que el país invierte como nunca recursos en la Educación la misma retrocede en calidad y resultados.

En la campaña electoral dijimos una y otra vez que el Uruguay tenía tres prioridades: Educación, Educación y Educación (http://www.youtube.com/watch?v=iRnpIEknBzo).

En nuestro Programa de Gobierno propusimos lo que nuestro equipo llamó “Educación: la Revolución Imprescindible”, dedicándole la mayor cantidad de espacio a la misma (http://www.vamosuruguay.com.uy/).

Al comenzar este período de gobierno los cuatro partidos con representación parlamentaria llegamos a un acuerdo sobre cuatro grandes temas. Uno de ellos, quizás el más importante, era la Educación. Entre lo que se acordó estaba la integración de la oposición a los órganos de la Enseñanza, lo que no se cumplió, y – lo más importante – la creación de un Sistema Nacional de Evaluación.

Este es un paso pequeño pero vital: contar con un análisis, una evaluación de nuestra Educación para tomar medidas, proponer soluciones, corregir rumbos.

Paso ya un año y medio y la creación de este Instituto de Evaluación sigue navegando por el Parlamento ante el pedido de varias Instituciones de integrar a quien las va a evaluar.

Es realmente increíble que alguien que va a ser evaluado quiera integrar el organismo que lo evaluará, es decir, autoevaluarse. Pero además evaluar a quienes compiten con él.

En el año 2009 desde Vamos Uruguay y el Partido Colorado presentamos un proyecto de ley para crear una segunda Universidad de la República en el interior del país.

Lo habíamos incluido en nuestro programa de gobierno y en cumplimiento de ello presentamos el proyecto de ley. El mismo ni siquiera fue tratado en el Parlamento.

Se trata de un proyecto que busca terminar con esa enorme diferencia que existe entre quien nace en el interior del país y quien lo hace en la capital. El del interior (salvo que pueda acceder a alguna  reducida propuesta regional) debe abandonar familia, amigos, desarraigarse, y trasladarse a la capital para estudiar.  Con todo el costo económico y afectivo que ello tiene.

El año pasado con el Senador Ope Pasquet presentamos un proyecto de ley para que fuera obligatorio el dictado, como mínimo, de 200 días de clase. Algo tan sencillo como la cantidad de días efectivos de clase.

En marzo de este año los cinco Senadores del Partido Colorado presentamos al gobierno y el sistema político 50 medidas para mejorar la Educación (http://www.vamosuruguay.com.uy/blogs/40/posts/2963). Entre ellas está la creación del Instituto de Evaluación.

Antes de ello, dos veces, en la Asamblea General nuestro Partido pidió la conformación de una Comisión Bicameral sobre Educación, similar a la que se había creado por la Inseguridad. Pero el Frente Amplio se negó y fue rechazado.

Cuando trabajamos en el tema de la inseguridad seguimos un camino similar: primero le hicimos propuestas al gobierno, buscamos acuerdos;  ante la negativa de éste, presentamos proyectos de ley; como éstos no fueron tratados advertimos que si no se trataban no nos quedaba otro camino que recurrir a la recolección de firmas para que los uruguayos se pronuncien sobre las propuestas.

En los meses por venir terminaremos, con la ayuda generosa de muchos, de reunir las firmas para convocar a una reforma constitucional para vivir en Paz y con Seguridad. De esa forma empezaremos a solucionar un problema que nos ha quitado calidad de vida a los uruguayos.

Mientras terminamos de reunir las firmas, seguiremos intentando llegar a acuerdos para que quienes tienen las mayorías reaccionen en materia de Educación.

Pero esperaremos solo hasta principios del año que viene. El año 2012 tiene para nosotros un valor muy importante: se cumplen cien años de la ley de Batlle y Ordoñez y Rodó de creación de los liceos departamentales.

De ser necesario, propondré a mi Partido conmemorar ese año recurriendo a los únicos mecanismos posibles desde la oposición para enfrentar la mayoría circunstancial del partido de gobierno: convocando a la gente a firmar.

A firmar para que exista una  segunda Universidad de la República pero exclusivamente en el Interior del Uruguay. A firmar para que sea obligatorio el dictado como mínimo  de 200 días efectivos de clase en el año. A firmar para que se derogue de una vez por todas la ley de Educación. Para que no se gaste el dinero de los uruguayos en butacas o congresos partidarios. A firmar para que exista un Instituto de Evaluación de la Educación primaria, secundaria y universitaria.

En definitiva, a firmar para que todos los uruguayos, y no sólo los que se la pueden pagar, tengan la misma educación.

Lo que no es otra cosa que es que todos tengan las mismas oportunidades.

El aviso a los navegantes esta dado.

(*) Abogado. Senador de la República. Líder de Vamos Uruguay

El primer argumento del Dr. Larrañaga

Por Dr. Ope Pasquet (*)

El senador Dr. Jorge Larrañaga ha difundido recientemente doce argumentos contra la enmienda constitucional promovida por el Partido Colorado, el Herrerismo y diversos grupos de la sociedad civil. Dicha enmienda constitucional procura, como se sabe, mejorar la seguridad pública a través de diversas medidas. La más polémica de estas medidas es la que sitúa en los 16 años el  comienzo de la responsabilidad penal plena por la comisión de ciertos delitos especialmente graves (homicidio, rapiña, violación, etc.), y contra ella van dirigidos los argumentos del senador Larrañaga.

Compartimos, ciertamente, muchas de las preocupaciones que expresa el líder de Alianza Nacional con relación a los problemas sociales que subyacen al delito, a la espantosa situación de nuestras cárceles y a otras cuestiones conexas con las anteriores. Estimamos, sin embargo, que las propuestas que defendemos ayudarán a resolver esos problemas y no a agravarlos, como piensa el senador Larrañaga. No podemos contestar en el espacio de esta nota sus doce argumentos, pero contestaremos sí el primero, dejando para otra ocasión (u ocasiones) la refutación de los  demás.

Y bien: el primer argumento del Dr. Larrañaga dice que “La baja de imputabilidad no es preceptiva. Se le otorga discrecionalidad al Tribunal para eximir o atenuar la pena según el menor tenga o no madurez o discernimiento suficiente. (...) En 48 horas los jueces, sin los elementos con que cuentan otros jueces del mundo de donde proviene esta modalidad de imputabilidad selectiva, deben dictaminar el futuro del menor sobre la base de la apreciación de  la madurez intelectual y sicológica del infractor. Una reforma que está pensada como reacción a 400 o 500 infractores se le aplicará a todo el universo de jóvenes entre 16 y 18 años, por lo que si un joven de 17 años sin antecedentes de especie alguna, cursando bachillerato –lo que puede revelar su madurez intelectual- sale a manejar y atropella en forma culpable a una persona causándole lesiones graves o incluso la muerte, seguramente va a ser procesado con prisión por lesiones u homicidio culposo... ”. A continuación, el Dr. Larrañaga plantea el caso hipotético de un menor de 17 años con una historia de vida complicada (no tiene familia, no terminó primaria, vive en la calle, consume pasta base), que comete una rapiña o un homicidio, y se pregunta si el Juez lo considerará imputable o no.

Ante todo, digo que esa discrecionalidad del Juez para decidir si el menor que cometió un delito grave debe ser considerado imputable o no, que el Dr. Larrañaga estima que es un defecto de la propuesta, es a mi juicio uno de sus principales méritos. En efecto: le damos al Juez una herramienta para forjar la solución justa, la que mejor se adapte al caso concreto. Esto nos parece claramente preferible a la solución impuesta al barrer, para todos los casos, por una norma general y abstracta. Es paradójico que quienes quieren proteger a los menores infractores de un trato que ellos consideran excesivamente riguroso, se opongan a darles a los jueces la posibilidad de exonerarlos de ese trato.

En segundo lugar: no es cierto que el Juez deba decidir en 48 horas acerca de la imputabilidad o inimputabilidad de la persona. Ese plazo es el que establece la Constitución (artículo 16) para resolver acerca del procesamiento, cuando la persona está privada de su libertad. Pero aún si se dispone el procesamiento puede ocurrir que,  posteriormente, el Juez ordene la realización de las pericias técnicas necesarias para determinar si el procesado es penalmente imputable o no lo es. Durante la instrucción del sumario, el Juez puede ordenar todas las medidas probatorias que considere pertinentes. En este punto, nos parece evidente el error técnico (específicamente procesal penal) en el que incurre el Dr. Larrañaga.

Aún más evidente, si cabe, es el error siguiente, referido al estudiante de bachillerato de 17 años que manejando un automóvil “atropella en forma culpable a una persona, causándole lesiones graves o incluso la muerte”. Como surge de los propios términos empleados por el Dr. Larrañaga, estamos ante una hipótesis de delito culposo, y nuestra propuesta dice expresamente que se refiere sólo a los delitos intencionales (también llamados dolosos). Al joven estudiante del ejemplo propuesto por el senador Larrañaga, pues, se le juzgaría según el Código de la Niñez y de la Adolescencia, y no según el Código Penal. Este no es ni siquiera un error técnico, sino un error de lectura solamente.

Con relación al último ejemplo con el que el Dr. Larrañaga ilustra su primer argumento  -el menor de 17 años, criado en la calle, sin familia, consumidor de pasta base, que comete una rapiña o un homicidio-, diremos que no es posible responder “a priori” a la pregunta que él plantea acerca de si el Juez lo considerará imputable o no. La respuesta deberá surgir de los estudios técnicos (médicos, psiquiátricos, sociales, etc.) que a ese joven se le practiquen. Pero si es considerado imputable no nos parecerá injusto que se le trate en consecuencia, pese a su desgraciada historia personal, porque las víctimas de sus delitos no tienen la culpa de sus desgracias y porque además es preciso evitar que haya futuras víctimas de nuevas acciones criminales. 

En suma: nos parece claramente inconsistente, por las razones expuestas, este primer argumento de los doce que plantea  el Dr. Larrañaga. Esperamos tener tiempo y oportunidad para ocuparnos de los otros once, que en conjunto no nos parecen –adelantamos nuestra opinión- más sólidos que el primero.

(*) Abogado. Senador de la República. Secretario General del Partido Colorado

Yo firmo y pido que firmen

Por Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera (*)

No puedo, no debo ni quiero estar ausente en este debate acerca de la baja de la edad de imputabilidad y demás medidas contenidas en el proyecto de reforma constitucional que está siendo ofrecido a los ciudadanos para que lo apoyen. Espero, con el respeto por posiciones distintas de la propia que he practicado siempre, convencer a muchos de mis compatriotas de que -hoy y aquí- este es el camino que se puede recorrer para lograr estas mejoras en la legislación referida a la minoridad delictiva, a su control y a su rehabilitación.

Hemos tenido continuidad con esta propuesta a lo largo de muchos años. Esa gran figura, que se llamó Dardo Ortiz irrumpió en el campo legislativo, en 1987, con una propuesta en ese sentido. El gran legislador proponía la reducción de la edad de imputabilidad de 18 a 16 años pero reservando al criterio judicial, caso a caso, la facultad de decidir en definitiva si el imputado tenía la madurez suficiente como para incurrir en dolo. Esta iniciativa no llegó al plenario de aquel Senado que integramos. Fue otro gran ciudadano, Martín Sturla, quien volvió con la iniciativa. No fue considerada por el Parlamento. Luego, dentro de nuestra corriente partidaria, los diputados que nos representan volvieron a intentar la vía natural para solucionar ese tema que es, naturalmente, la de la ley ordinaria.

En este punto vale la pena detenerse para una consideración acerca de las responsabilidades legislativas. Quienes representamos a nuestros votantes debemos de ser lo más claros que sea posible en la ejecución de las diversas acciones que el mandato implica. Por ello es que las sesiones parlamentarias son abiertas al público, por ello es bueno que se proyecte llevarlas a la TV, para que quien así lo desee pueda comprobar en qué sentido vota su representante, para que se vea cómo interpreta el mandato en cada instancia. La publicidad de dichos votos ese esencial al régimen democrático. Por otra parte suponemos que a ninguno de los que ha elegido la vida política, le resulte incómodo que lo vean apoyando o no una iniciativa.

Sin embargo quienes tienen, mayoría mediante, la llave del trámite parlamentario hace dos legislaturas que escamotean la posibilidad de laudar el tema levantando o no la mano en el plenario.

La fijación de la edad de imputabilidad por ley es, desde luego y como todo límite legal, arbitrario. Lo mismo podemos decir de los 25 años para ser diputado, los 30 para ser senador o presidente, los 21 para la mayoría de edad. El que está vigente en materia de imputabilidad data de 1934. De esa fecha no nos separan solamente setenta y siete años, nos separa un abismo de cambios políticos, sociales y económicos. La familia era distinta, las costumbres, la educación, las relaciones barriales, la convivencia eran otras. No debemos entrar a juzgar si mejores o peores, son distintas. Para bien o para mal, se trata de un dato de la realidad que no podemos cambiar. Lo que podemos y debemos hacer es adecuar las normas que nos rigen a las nuevas realidades. El delito es un hecho social y por ende multicausal. Nadie pretende solucionar el azote de la delincuencia juvenil por el simple cambio de la edad de imputabilidad, pero es difícil argumentar en contra de que se trata de una de las armas con que la sociedad debe contar para su defensa. Que a los 16 se es consciente de sus actos, que esos lejanos 18 ya no son un límite actualizado, nadie lo puede negar, menos cuando la realidad nos dice que jóvenes de esa edad matan, violan y roban todos los días. Que muchos de ellos provienen de entornos difíciles, carentes de valores, de ejemplos, de consejos, también es cierto. Pero no por ello se les debe dejar que sigan agrediendo a todos. La privación de libertad que proponemos, llevada a cabo en un ámbito donde la disciplina, el trabajo, la enseñanza, el deporte y -por qué no- el amor y el cuidado moral que quizás son la mayor carencia de estos muchachos, puede enderezarlos y devolverlos a la sociedad, cambiados. No es imposible y es el único camino realista para encarar este problema. No se estigmatiza a nadie, no se quiere perseguir a los jóvenes, simplemente a quienes cometan delitos, violenten el derecho ajeno, ponerlos en un régimen especial para que, por lo menos, no sigan matando y robando. El régimen vigente no estigmatiza a los mayores de 18 años; cuando delinquen se les pena, no persigue a "los jóvenes"; a una minoría ínfima de ellos les castiga cuando violan la ley. El nuevo régimen que castiga la tentativa en los jóvenes tampoco estigmatiza, refleja una nueva realidad social y completa las armas de defensa de la sociedad. Con una iniciativa constitucional se recurre a un medio que no es el mejor para lograr una nueva legislación, es cierto, pero ante el silencio del Parlamento, no queda otra vía. Por ser iniciativa popular, la gente firma porque quiere proponer y protestar. Tiene los argumentos que le dicta la realidad, quiere seguridad y autoridad, por ello ejerce sus derechos. Invitamos a acompañarnos, para proponer y para protestar. Para hacer oír la voz que no se quiere escuchar en los ámbitos parlamentarios. Firmo e invito a firmar.

"No se estigmatiza a nadie, simplemente a quienes cometan delitos, ponerlos en un régimen especial para que no sigan matando y robando".

(*) Abogado. Ex presidente y actual senador de la República

Diputado Germán Cardoso procura controlar sociedades anónimas del Estado

Proyecto de ley para extender el sistema de control

El diputado Germán Cardoso presentó un proyecto para controlar las sociedades anónimas que funcionan dentro del derecho público. Las mismas hasta el momento no están sujetas a ningún tipo de control, ni de parte del parlamento y ni del Tribunal de Cuentas. Existen alrededor de 80 sociedades y en la mayoría de los casos, el estado es el único accionista pero no están obligadas a rendir cuentas ni los jerarcas que están al frente.-

En su exposición de motivos en el parlamento al presentar el proyecto, el diputado Germán Cardoso, expresó que "la propuesta que se presenta, tiene como fundamento extender el sistema de control, imprescindible en un Estado de Derecho a determinadas organizaciones que operando dentro del Derecho público no obstante permanecen totalmente al margen de los sistemas de control que le es propio a las personas jurídicas públicas estatales que manejan fondos públicos".

Señaló que en los últimos años, "ha sido frecuente que como consecuencia de la sanción de diversas leyes, las llamadas empresas públicas tienen competencia para crear sociedades anónimas en relación con las cuales tienen la titularidad de la totalidad o la mayoría del paquete accionario".

"Por su lado, las personas públicas no estatales, han también conformado sociedades anónimas incrementándose en todos estos casos la ausencia de control de dichas entidades, más allá de los propios que se derivan de la aplicación del Derecho privado", indicó.

"En el primer supuesto, y en rigor esto es, cuando el Estado, los entes autónomos, servicios descentralizados o personas públicas no estatales, por lo menos en los tres primeros casos citados que manejan fondos públicos, nada impide, es más resulta necesario, que las sociedades anónimas de las que son propietarios, así como aquellas que a su vez hayan sido creados por tales formas societarias, sean debidamente controladas por el Tribunal de Cuentas, como máximo órgano de contralor externo en los términos previstos por nuestra Constitución en los artículos 211 y siguientes de la Carta", acotó.

Además sostuvo que "la propuesta que se presenta respecto del control en lo que refiere al manejo de fondos públicos, se justifica en el hecho de que habida cuenta del carácter propio de los accionistas de tales sociedades anónimas que a su vez han procreado otras modalidades societarias subsidiarias, resulta notorio, que tales sociedades deben ser objeto de la debida fiscalización y que en tal sentido el Parlamento debe estar debidamente informado de la marcha de tales sociedades que funcionando como apéndices de las empresas públicas, se encuentran bajo su responsabilidad en cuanto a la gestión operativa como en lo que refiere a los aspectos financieros y económicos".

Otros aspectos del proyecto

Cardoso advierte que "en el régimen actual, se ha producido una fuga de tales sociedades que bajo la consideración de que actúan dentro del Derecho privado, quedan exentas del control del Tribunal de Cuentas como también del Parlamento.

Tal apreciación, constituye un grueso error, porque si bien es compartible que mediante esas modalidades organizativas, las empresas públicas pretendan ser más eficientes rigiendo parte de lo que es su especialidad por el derecho privado, ello de forma alguna habilita a pensar que por tal circunstancia quedan excluidas de todo tipo de control perteneciente al derecho público".

"Este tipo de estrategia se ha seguido desde décadas atrás en muchos países de Europa y ante tal fenómeno se ha dicho con razón que con la excusa de la eficiencia en realidad lo que se pretende es escapar a los controles propios de una democracia. Ya no es una fuga al derecho público, sino simplemente una fuga al derecho", sostuvo.

Agregó que "se ha señalado insistente en nuestro país que hay que solucionar problemas que se derivan de los controles que provienen del derecho público en materia por ejemplo de contratación administrativa, cuando se trata en especial de empresas públicas que se encuentran sometidas al derecho de la competencia".

Por estas razones, explicó Cardoso, "este proyecto de ley tiene por finalidad colmar el vacío normativo existente, extendiendo el control del Tribunal de Cuentas a todas las sociedades anónimas propiedad del Estado, entes autónomos, servicios descentralizados, personas públicas no estatales o Gobiernos Departamentales, que por ser propiedad de personas jurídicas públicas que administran fondos públicos no pueden permanecer ajenas a los necesarios controles que en nuestra opinión como se ha dicho, le corresponde tanto al Tribunal de Cuentas y por su intermedio al Poder Legislativo.

Base de control que establece el proyecto

En la exposición de motivos del mismo, se establece al respecto lo siguiente: "El fundamento en que se apoya este proyecto parte de una modificación de las normas de los artículos 26 y 27 de la ley Nro. 17.555 que se aplican al supuesto que se trata de regular.

El artículo 26 sólo se limita a un control bastante limitado en tanto el Tribunal de Cuentas no está habilitado a realizar auditorías sino solamente tener conocimiento de los estados contables pertenecientes a dichas sociedades anónimas.

Algo similar acontece con las modificaciones que se proponen al artículo 27 de la ley 17.555.

En otro orden de cosas, también se hace extensivo a los integrantes de los Directorios de las sociedades anónimas como de sus subsidiarias, las obligaciones y deberes que prevén las leyes No. 17.060, de 23 de diciembre de 1998, y No. 18.362, de 15 de octubre de 2008, que refieren a la inclusión de los miembros de todas las sociedades anónimas propiedades del Estado, entes autónomos, servicios descentralizados y personas públicas no estatales de realizar declaración jurada de sus bienes e ingresos", concluye la exposición de motivos.

Al borde del abismo

Por Gustavo Toledo

Cuando en medio de la campaña electoral del 99, el Dr. Jorge Batlle prometió “dejar el alma en la cancha por el Uruguay”, nadie se imaginó cuán difícil sería el partido que le tocaría jugar durante su presidencia (debacle argentina, crisis bancaria, aftosa, contrabando, etc.). De lo que nadie tuvo dudas es que hablaba en serio y que cumpliría su promesa a rajatabla. Y así lo hizo, como bien lo reconocieron hace algunos días el ex ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, y el actual vicepresidente de la República, Danilo Astori, durante la presentación del libro de Carlos Steneri, “Al borde del abismo: Uruguay y la gran crisis del 2002-2003”.

“Vivimos momentos muy duros. Realmente duros”, recordó el ex ministro en esa instancia. “Debo reconocer una cosa. Este presidente se rompió el alma por el país. Merece un reconocimiento”, señaló, con voz entrecortada y lágrimas en los ojos, refiriéndose a Batlle. 

Por su parte, Astori señaló que el gobierno que encabezó el ex presidente colorado enfrentó una crisis “tan dura” actuando con “gran responsabilidad”, lo que constituye una “lección” para el futuro. Dijo, además, que es necesario agradecer “a quienes tomaron las decisiones que había que tomar. Desde el presidente Batlle, sus ministros y su cuerpo de trabajo”.

“Si hoy el Uruguay está obteniendo buenos resultados económicos, en gran parte se debe al camino que se inició en aquel momento”, agregó.

Casi diez años nos separan de aquellos agitados días en los que el país se asomó al abismo, como señala Steneri en su libro y describe con tanta precisión Claudio Paolillo en el suyo (“Con los días contados”); días que todos recordamos con angustia, en los que apenas un puñado de canallas que todos conocemos se encargó de echar leña al fuego e intentó -sin éxito- sacar provecho de la situación.

Por fortuna, poco a poco vamos tomando real conciencia de lo que sucedió en aquel entonces y de lo que pudo haber sucedido y no sucedió. De a poco vamos tomando dimensión de la profundidad de la crisis que atravesamos y de que pudimos salir de ella gracias a un sistema político que con sus luces y sus sombras supo estar a la altura de las circunstancias, a un grupito de valientes que supo dar pelea en todos los frentes (Bensión primero, Atchugarry después, Alfie, Davrieux, De Brun, Fernández Faingold, el propio Steneri) y a un presidente que supo jugarse la camiseta en cada momento y defender al Uruguay como un padre defiende a sus hijos de las peligros de adentro y de afuera.

Gracias a esa conjunción de factores, pero sobre todo al coraje y a la determinación de Batlle, a quien algún día la historia también le reconocerá los muchos otros servicios prestados a la nación, no sólo se rescató a los bancos del fondo del pozo, se acomodaron las financias, se reactivó la economía y se reestructuró la deuda, sino que se preservaron nuestras instituciones. ¿No es poca cosa, verdad?

Pese a las presiones para que renunciara a la presidencia y tomara medidas contrarias a nuestra tradición democrática y republicana, se mantuvo fiel a los principios que heredó de sus mayores y nos condujo a la salida de ese oscuro y largo túnel que muchos creímos interminable y que hoy incluso sus antiguos adversarios reconocen con gratitud y admiración.

Me alegra que se haga justicia con Jorge Batlle. Si alguien ha hecho méritos para entrar a la historia por la puerta grande y ser valorado como un patriota de verdad, ese es él.

El Uruguay de hoy desde la óptica de los ex presidentes

Los ex presidentes Lacalle, Batlle y Vázquez disertaron en la Cámara de Comercio y Servicios.

El selecto club al que pertenecen les permite mirar los temas del país desde un lugar más alto. Alejados de la pelea diaria -administran sus tiempos para hacer política- los ex presidentes tienen en sus encuentros una relación de clan, como si fueran amigos que no se ven desde hace tiempo. Abundan las bromas, la extrema cordialidad, y nunca salen a luz las críticas que   en ocasiones se lanzan desde los medios de comunicación.

Cuando se juntan están mucho más allá de la pelea chica y de las internas partidarias. Ya no están para eso. Algunos de ellos se van alejando de las cuestiones coyunturales, aunque siempre guardan en el puño una dosis de poder político suficiente para provocar un estallido. Marcan la cancha.

El nacionalista Luis Alberto Lacalle -el único integrante del Parlamento- acaba de renunciar a una eventual candidatura presidencial; el frentista Tabaré Vázquez aún no lanzó oficialmente la suya y el colorado Jorge Batlle ya no tiene otras aspiraciones que la influencia derivada de su posición.

Por eso durante la conmemoración del Bicentenario de Uruguay celebrada ayer en la Cámara de Comercio sus charlas no tuvieron nada que ver con impuestos, crisis financieras o renuncias de jerarcas. Ellos mismos bromearon con la posibilidad de formar un gremio. “Mis compañeros del sindicato de ex presidentes”, dijo Vázquez al referirse a sus colegas de panel al comienzo de su oratoria. Lacalle le recordó que no están afiliados al PIT-CNT y Vázquez apeló a Jorge Batlle para que fuera el representante del gremio ficticio.

Lacalle y Vázquez siempre se llevaron bien. Tanto es así que el líder herrerista le reclamó a Vázquez un viaje de pesca que ambos tienen pendiente. Ellos se escuchan, no se agreden, se aplauden, posan sonrientes y abrazados para las fotos, y aunque no estén de acuerdo, se respetan.

Antes de empezar a hablar de la historia de Uruguay y sus 200 años, Vázquez y Batlle junto al vicepresidente Danilo Astori charlaron un buen rato sobre la situación de desaparición del líder libio Muammar Gadafi y sobre los partidos de fútbol del fin de semana. De política nacional, nada. Y también evitaron las agresiones. Apenas hubo alguna referencia crítica que no despeinó a ninguno.

Sanguinetti

El ex presidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), que se encuentra fuera del país, envió un mensaje a los asistentes a través de una grabación que fue proyectada en pantalla gigante. Destacó la “capacidad” de Uruguay para comerciar y dijo que la actividad es la “base esencial” de la “existencia” de las personas independientes. En ese sentido, definió a la actividad comercial como “vivificadora” y “pacífica” porque “genera mentalidades abiertas” y permite que las personas se conozcan.

“Cuando la gente se conoce, cuando la gente negocia, cuando la gente se ve, no genera esos rencores que la distancia o la desesperación produce”, sostuvo.

Sanguinetti advirtió que a lo largo de los años “hubo momentos de mayor y menor libertad” en el comercio internacional porque en el mundo existieron variables que generaron esas distintas situaciones.

El primer presidente desde el retorno a la democracia luego de la dictadura fue el único de los ex mandatarios que no estuvo presente en la ceremonia organizada por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay.

Lacalle

El ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-1995) criticó el funcionamiento del Mercosur, el acercamiento del actual gobierno uruguayo con Brasil y Argentina y la negativa a firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en 2008 durante el gobierno de Tabaré Vázquez.

Lacalle dijo que Uruguay “necesita” que sus mercaderías ingresen a Brasil y Argentina pero indicó que “eso hoy no es cierto en 100%”. En referencia a la relación con los países limítrofes agregó que Uruguay  “necesita amigos poderosos pero lejanos”.

Además afirmó que el pacto que dio origen al Mercosur no fue cumplido en su totalidad. En ese sentido sostuvo que son necesarias “menos instituciones políticas” porque si bien se dieron “pasos importantes” también hubo retrocesos. “Vamos a seguir avanzando cuando los comerciantes digan que no tienen problemas. Entre tanto no”, sentenció.

El actual senador dijo que se debe “reflexionar” sobre el rechazo a firmar el TLC con Estados Unidos porque, según dijo, “entre todos” no se supo “apreciar la oportunidad” que se tenía.

Batlle

El ex mandatario Jorge Batlle (2000-2005) llamó a la unidad entre los distintos “colores” y dijo que es el “momento” de que “todos” los actores políticos se junten para impulsar cambios en el país durante “los próximos años”. Además dijo que las transformaciones son necesarias para “consolidar un tiempo nuevo”.

Batlle destacó el “buen momento” de la economía uruguaya pero advirtió que la situación de bonanza es “coyuntural” y nunca es “lineal”.

Durante su oratoria realizó un repaso de la historia uruguaya desde las invasiones inglesas al Río de la Plata de 1805 hasta la Revolución Industrial y la Guerra Grande. En ese sentido hizo énfasis en la intervención que tuvieron los inmigrantes ingleses en los avances tecnológicos que tuvo Uruguay como el ferrocarril, la telefonía y las cañerías.

Según dijo, en esa época de crecimiento industrial “el país hizo una cosa muy simple” que fue abrir “las puertas a quién quería venir a trabajar y a traer conocimiento”. “En el año 1868 construyeron en tres años una cañería (y los caños los traían en carreta)”, exclamó.

Vázquez

El ex presidente Tabaré Vázquez (2005-2010) dijo que se identifica y respalda al gobierno del presidente José Mujica pero advirtió que no puede representarlo. “Ni siquiera puedo hablar en nombre del partido de gobierno. Soy un frenteamplista más”, sostuvo.

Vázquez destacó la “estabilidad democrática”, la “resistencia” de la economía a la crisis financiera internacional de 2008, los planes sociales de los gobiernos de izquierda, la reducción de la pobreza y la indigencia, la caída del desempleo y el crecimiento de los salarios. “No sólo resistimos. También avanzamos y crecimos”, sostuvo.

El ex mandatario advirtió que frente a la posibilidad de una crisis financiera no se debe caer “en el no pasa nada” pero tampoco en que es “el fin del mundo”.

El primer presidente de un gobierno frenteamplista dijo que es “inexorable” que con el paso del tiempo las personas tiendan a caer “en más recuerdos que proyectos”. “Si las naciones lo hacen desaparecen, pero no es el caso de Uruguay”, concluyó. Además sostuvo que “las naciones van más allá de los colores de gobierno”.

Extraído de El Observador, 24 de agosto de 2011.

Bordaberry quiere respuestas por el acuerdo entre el gobierno y Montes del Plata

Pedirá que el ministro de Ganadería sea llamado a sala

El senador Pedro Bordaberry pedirá el llamado a sala del Ministro de Ganadería Tabaré Aguerre para preguntarle si estaba enterado del contrato “secreto y confidencial” que firmó el gobierno con la empresa Montes del Plata (MDP) el pasado 18 de enero, el cual –según él- deja a la empresa multinacional por fuera del impuesto a la tierra que impulsa el Poder Ejecutivo.

El líder colorado cuestionó la forma “de encarar la justicia tributaria” que realiza el gobierno con el impuesto, el cual aumentará la presión tributaria para los propietarios de tierras con más de 2.000 hectáreas. “Lo que llama la atención es que mientras los militantes del MPP y el Frente amplio pintaban los muros contra el latifundio, el gobierno suscribió un documento que rotuló de secreto y confidencial por el cual a la empresa que es propietaria de 250.000 hectáreas se le estaba dejando fuera del impuesto”, expresó Bordaberry a El Observador.

De esta forma, cuestionó las declaraciones que este lunes hizo el directo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Gabriel Frugoni, quien este lunes señaló que “no está contemplado” que el nuevo impuesto genere “mecanismos de resarcimiento” para Montes del Plata.

“Cuando el señor Frugoni dice que este impuesto se le va a aplicar a MDP está mintiendo. En el artículo 3.5.10 del contrato de inversión se dice que si se establecen nuevos impuestos el gobierno lo va a compensar para que no se les apliquen”, comentó.

Dicho artículo del acuerdo, al cual accedió El Observador, indica: “ROU y MDP convienen que para el caso que hubiera cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto de MDP durante la vida del mismo, las partes revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la Ley de Inversiones para compensar por esta vía los citados eventuales perjuicios”.

“Me parece que eso está mal”, dijo Bordaberry. “Los impuestos son para todos y en base a la capacidad contributiva, quien tiene 250.000 hectáreas tiene una capacidad contributiva mayor que otras personas”, indicó. “Esto no es contra Montes del Plata, a mí me parece muy bueno que Montes del Plata haga su inversión. Es contra esta forma de encarar la justicia tributaria que tiene el gobierno de Mujica. Al que tiene 250.000 hectáreas lo deja fuera del impuesto y al que tiene 2.100 lo deja adentro. Parece no ser el camino”, agregó.

Equivocaciones

El senador agregó que el contrato tiene varias equivocaciones. Una de ellas es que interfiere en la autonomía del Instituto Nacional de Colonización (INC). Según Bordaberry, el gobierno se obliga a no hacer uso de la opción a la cual el INC tiene derecho por ley de compra cuando se vende un inmueble. Así lo señala el artículo 3.5.4: “ROU se compromete a que en dicha operación de fusión el Instituto Nacional de Colonización no ejercerá la opción de compra sobre las tierras que serán transferidas por las empresas a ser absorbidas en el citado proceso, en la medida que los precios manejados sean precios de mercado al momento de la operación”.

“En eso el gobierno está metiéndose dentro de la autonomía del INC, lo que es ilegal y no se puede hacer”, comentó. “Cuando compra una multinacional el INC no puede hacer uso de la opción y cuando compra un particular sí, lo hace”.

Contrato confidencial

El contrato fue firmado por el secretario de Presidencia Alberto Breccia por parte del gobierno. En el capítulo 5, subtitulado “Confidencialidad”, se determina el carácter secreto del acuerdo. “El contenido del presente documento así como todas las informaciones adicionales presentadas por MDP se consideran confidenciales y por tanto las partes se obligan entre sí a no divulgar el contenido de este documento ni ninguna otra información relativa al proyecto de MDP en Uruguay, respetando la legislación vigente en Uruguay”.

Para Bordaberry es “ilegal” que el vínculo sea secreto y confidencial. “¿Qué es lo que querían ocultar? Le querían ocultar a sus militantes que pintaban sus muros contra el latifundio que en realidad estaban beneficiando al propietario de 250.000 hectáreas, le querían ocultar a los pequeños productores lecheros y queseros de Colonia y San José que estaban recategorizándolos para que sean área de prioridad forestal las tierras donde hoy ellos están trabajando”, se preguntó.

Sobre este último punto, el contrato indica en su numeral 3.1.3 que “las partes reconocen la necesidad de ir sustituyendo las plantaciones más alejadas de la planta industrial (de Punta Pereira) por plantaciones en un radio máximo de 200 km de Punta Pereira, considerando en particular la existencia de suelos 5.02b de aptitud forestal, que pueden tener un uso compartido y complementario con otros tipos de explotación agropecuaria también estratégicos para el desarrollo del país”. También se agrega en el numeral 3.1.5 que los suelos 5.02b incluyen suelos con características que permitirían considerarlos de “prioridad forestal” y que la Dirección General de Recursos Naturales Renovables lleva a cabo un estudio del cual “debería surgir una cantidad de suelos recategorizados suficiente para las necesidades del proyecto”.

“Son muchas cosas a explicar”, señaló Bordaberry quien ya habló con el senador Jorge Larrañaga, presidente de la Comisión de Ganadería del Senado, para que Aguerre sea citado y responda sus dudas.

Batlle lanzó duras afirmaciones contra Mujica, Vázquez y el FA

El ex presidente acusó al mandatario de “anarquista” a Vázquez de “no haber hecho nada” y al FA de “antidemocrático”.

El presidente de la República, José Mujica “es anarquista. No sólo ideológico, es también genético. Siempre lo fue. Yo vivía en camino de las tropas esquina Simón Martínez y él vivía en Simón Martínez esquina Camino Tomkinson, a 800 mts. Él tiene 75, yo 83. Decía que cultivaba claveles. MENTIRA. Se los afanaba a los japoneses".
t "Qué quiero decir", agregó y sostuvo que "él nunca fue un cultivador. Su padre sí lo era. Pero él nunca fue un trabajador ordenado. La prueba está en que él no pudo votar en las elecciones del BPS porque no era un productor registrado.

¿Por qué? porque no trabaja en eso”, afirmó el ex primer mandatario, Jorge Batlle, a la publicación partidaria colorada “A dónde vamos”.

El ex mandatario se refirió a su par, el también ex presidente Tabaré Vázquez, de quien dijo que cuando habla de su gobierno “habla del Plan Ceibal, habla de los ojos, del tabaco. Él mismo no habla de otra cosa de las cuales supuestamente tendría que hablar un presidente en función del hecho de que se entiende que las cosas fundamentales que hizo para el país son esas, lo cual significa claramente que no hizo ninguna. Porque esas son sí importantes pero hoy tenemos un problema serio con la infraestructura porque se pasó 5 años sin invertir un peso”, dijo Batlle.

Con relación al partido de gobierno, el Frente Amplio (FA), el último presidente colorado afirmó que “el Frente no cree en el sistema democrático. Este crecimiento (el de la economía) es pese al Frente. ¿Qué sucede? El Frente llegó 40 años tarde. Realizaron una revolución armada en 1960, cuyo primer hecho público fue en el 63, de similar perfil a todas las demás revoluciones que hubo en América”, concluyó Batlle.

No nos callaremos

Por Dr. Pedro Bordaberry (*)

Cuentan que un día el Presidente Luís Batlle Berres fue a visitar al líder nacionalista Luís Alberto de Herrera a su casa. Luego de las conversaciones preliminares de estilo le planteó su intención de aprobar un proyecto de ley del que le dio detalles a Herrera.

El caudillo nacionalista lo leyó y contestó: “está bien, preséntelo que yo me voy a oponer”. Sorprendido, el Presidente Batlle, preguntó cómo era posible que le pareciera bien y se opusiera.

Herrera replicó: “Así funciona la cosa. Usted lo presenta, yo me opongo y el proyecto se aprueba”.

Si bien la oposición no debe oponerse a todo y sí apoyar lo que considera conveniente para el país, la anécdota destaca una parte importante del sistema democrático y republicano: la función de la minoría.

Desde un tiempo a esta parte parece que quienes nos oponemos a las iniciativas del Frente Amplio en el Parlamento somos considerados poco menos que enemigos de la Nación.

Los que se oponen a propuestas del oficialismo dentro del propio oficialismo son considerados como traidores.

Esta forma de actuar es antiliberal y antirrepublicana. Nada hay de mal en discrepar y nada más malo para un país que el pretender una unanimidad impuesta y regimentada.

En nuestro Partido estamos convencidos que la situación de inseguridad que soportamos debe ser objeto de nuestra atención y trabajo.

La violencia que adquirió la vida en el Uruguay en los últimos seis años es realmente alarmante. Entendemos que se originó a partir de decisiones equivocadas adoptadas por el entonces Presidente Tabaré Vázquez y su Ministro del Interior José Díaz. Ellas  fueron determinantes en la profundización y – sobre todo – crecimiento de la violencia e inseguridad que hoy se vive en nuestra sociedad.

Vázquez y Díaz tomaron medidas y emitieron señales equivocadas. Liberaron más de mil presos; derogaron el decreto 690 que permitía detener en averiguación; a ello se sumó su falta de respaldo al accionar policial. Todo esto hundió al país en la situación de violencia e inseguridad ciudadana en que hoy nos encontramos.

Como respuesta a ello hace tres años y medio solicitamos a dos expertos un estudio internacional. Les solicitamos que analizarán las medidas que tomaron países que sufrieron lo que estaba sucediendo en el Uruguay.

Los expertos señalaron diversas medidas que tuvieron éxito y otras que no. A partir de ello, junto con un equipo de técnicos en la materia, elaboramos 50 propuestas para mejorar la seguridad en el país (bit.ly/pjhT7x en www.vamosuruguay.com.uy).

Las mismas se entregaron al entonces Presidente Vázquez. Este ya había removido al Ministro José Díaz quien notoriamente había cumplido una muy pobre y equivocada gestión.

Entre las cincuenta medidas estaban las cuatro que hoy estamos solicitando que la ciudadana apruebe en una consulta popular.

Nuestra función como legisladores de la oposición es precisamente esa: señalar aquello que entendemos está mal, estudiarlo y proponer soluciones.

Si el gobierno no las comparte debemos buscar por todos los medios posibles su aprobación. Para eso nos pagan, para eso nos eligieron como parlamentarios.

Esta semana que termina, por hacer nuestro trabajo, fuimos objeto de todo tipo de ataques e insultos. Por señalar lo que entendemos está mal y hacer conocer nuestra posición, algunos dejaron la discusión sobre el fondo del asunto de lado y pasaron a los agravios hacia nosotros y nuestro Partido.

No entiendo qué es lo que pretenden con ello: ¿Callarnos? ¿Amedrentarnos? ¿Evitar que cumplamos con nuestro trabajo?

No lo lograrán.

En especial cuando esta misma semana volvieron al ruedo público tres de los causantes de la situación de inseguridad que estamos viviendo: el ex Presidente Vázquez que se pronunció en contra de la propuesta de firmar para Vivir en Paz con más Seguridad; el ex Ministro José Díaz que arremetió contra la misma propuesta descalificando a quienes la respaldamos; y, lo más preocupante, la reiteración del mecanismo de liberar presos en lugar de construir plazas carcelarias.

Por más increíble que parezca el Frente Amplio vuelve a insistir con liberar presos como medida para lograr seguridad. Está vez quiere largar 2.000 presos a la calle.

La Suprema Corte de Justicia alertó contra esta política que pretende solucionar los problemas de sobrepoblación carcelaria liberando reclusos en lugar de construir más cárceles.

Nosotros como Herrera con Batlle Berres nos opondremos con todas nuestras fuerzas. Es nuestro trabajo como oposición.

Eso sí, esperemos que por el bien del país y los ciudadanos honestos que hoy no pueden circular con tranquilidad por el mismo, no se apruebe este nuevo desacierto.

Largar dos mil presos a la calle no parece ser lo mejor para terminar con la inseguridad y violencia que hoy estamos soportando.

(*) Abogado. Senador de la República. Líder de Vamos Uruguay

Viajó a Vietnam sin venia

Por Dr. Ope Pasquet (*)

El título de esta nota parece un ejercicio escolar en el uso de la uve, pero es la síntesis de algo que sucedió en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Poder Ejecutivo designó “embajador itinerante” al Sr. Salomón Schvarz Alexandrowich y le encomendó la tarea de viajar a la Republica Socialista de Vietnam e instalarse allí por tres meses (desde el 12 de agosto hasta el 16 de noviembre del corriente año), “a fin de mantener contactos con autoridades locales, así como realizar los  preparativos necesarios para el efectivo funcionamiento de la Misión, previo a que asuma funciones el embajador que se designe” (Resolución de 5 de agosto pasado).

El embajador Schvarz ya salió rumbo a Hanoi, asistido por un funcionario diplomático de menor jerarquía, pero lo hizo sin que el Senado haya otorgado la venia requerida por la Constitución para el nombramiento de los Jefes de Misión, que no le fue solicitada.

Quizás recuerde el lector que la  figura de los embajadores itinerantes fue creada por la Ley de Presupuesto del actual gobierno (Ley 18.719, artículo 336). Cuando la norma se discutió en la respectiva Comisión del Senado, el Canciller Almagro explicó que con ella se buscaba “fortalecer el nivel político de representatividad de algunas misiones especiales y atender algunas negociaciones puntuales”. Citó como ejemplo la designación del Dr. Washington Beltrán como enviado especial del gobierno uruguayo para acompañar al Papa Juan Pablo II en su primer viaje al país, durante el primer gobierno del Dr. Sanguinetti.  

No sabemos qué representatividad política estima el gobierno que tenga el Sr. Schvarz, quien es un desconocido para la opinión pública aún bajo el seudónimo de “Niko Schwartz” con el que firma sus columnas de opinión en el diario La República. En todo caso es evidente que su designación no es comparable con la del Dr. Washington Beltrán, ex presidente del Consejo Nacional de Gobierno, líder político y legislador en varios períodos.

Tampoco sabemos qué habilidades  o conocimientos tenga el Sr. Schwarz para estrenarse, a los 80 años, en las lides diplomáticas. Más bien nos preocupa el efecto que pueda tener el clima  cálido y húmedo de Vietnam sobre la salud de una persona de tan avanzada edad.

La Constitución dice que el Poder Ejecutivo necesita venia del Senado para designar a los Jefes de Misión, y no distingue entre misiones permanentes o temporales. En rigor, todas las  misiones son a término, y lo que cambia es la duración del período de actuación del embajador. ¿Qué criterio empleó el Poder Ejecutivo para decidir por sí y ante sí que, en este caso, puede saltearse el requisito constitucional?

Se lo preguntaremos al Canciller Almagro cuando comparezca ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, el próximo 1º de setiembre. Ya que utiliza los cargos de embajador para cumplir con los compromisos políticos del Frente Amplio, lo menos que puede exigírsele es que también cumpla con la Constitución.

(*) Abogado. Senador de la República. Secretario general del Partido Colorado

A propósito de las firmas

Por Reinaldo Perdomo

La recolección de firmas sigue viento en popa, y a consecuencia del éxito de la campaña, todas las semanas aparece algún dirigente dolorido, sobre todo de algunos que le temen a la avalancha del pueblo, la que seguramente les moverá el piso a sus sillones.

No les importa si lo que dicen es verdad  o mentira. Tampoco miran si es mejor ponerse del lado de los delincuentes o de las víctimas. Lo único que parece interesarles es no perder votos.

Y uno podría preguntarse: ¿para qué les sirven los votos de los presos, si no pueden votar?  Claro que los que están presos en el momento de las elecciones, no podrán hacerlo, pero sus los familiares y los pandilleros compañeros de tropelías, sí.

Tampoco es seguro que para el 2014 quede alguno preso, porque de aquí a allá muchos se habrán escapado o el gobierno los habrá puesto en libertad, tal como ha sido su política de los últimos años y que parece piensa continuar.

Claro que todos los que se manifiestan en contra del plebiscito, da la casualidad que  son dirigentes bien  protegidos por guardias de seguridad, casas o mansiones con buenas rejas y caras alarmas contratadas. Ninguno de ellos vive en un asentamiento, o en un barrio, ni tiene que salir a trabajar de madrugada o volver de noche a su casa; ni tampoco son jóvenes que quieren salir a estudiar o a divertirse como corresponde a sus edades. Son éstos y no los dirigentes, los que vienen a firmar sin que se les vaya a buscar.

Reconocemos, como demócratas y liberales que somos, el derecho a discrepar con lo que estamos promoviendo, lo que si no aceptamos es que, cuando en el afán de criticar se miente y se hace decir a la propuesta lo que no dice: “que todos los adolescentes van a ir presos y van a estar juntos en las cárceles para mayores”. Ni lo uno ni lo otro. Proponemos que se rebaje la imputabilidad de 18 a 16 años, solamente  para aquellos que comentan delitos graves tales como homicidio, rapiña, secuestro o violación. Y no van a ser alojados en los infiernos carcelarios de los mayores, sino en un Centro de Rehabilitación especial para ellos, donde se buscará devolverlos a la sociedad, una vez que cumplan la condena, con posibilidades de insertarse en la sociedad como personas útiles y de bien.

Se nos dice también que nuestras medidas no podrán  ser aplicadas hasta después de las próximas elecciones del 2014. Esto no es culpa nuestra, sino de los mismos que ahora nos critican, puesto que cuando propusimos en el parlamento estas mismas soluciones y otras muchas, que también hay que tomar para mitigar la inseguridad en que vivimos, ninguno de ellos levantó la mano para aprobarlas.

Últimamente, Monseñor Galimberti ha salido también a criticar la propuesta, y poco la ha faltado para decir que firmar es pecado. En sus declaraciones ha demostrado que desconoce totalmente el texto que se propone. ¡Por favor Monseñor!,  lea primero las normas en juego, y no haga como el juez de fútbol que desconoce el reglamento y cobra al grito.

Doña Rosa, ministra de Economía

Por Gustavo Toledo

Doña Rosa, oriental, casada, de 47 años, tiene dos hijos adolescentes y vive en La Teja, en una casita alquilada de dos habitaciones y un jardincito del tamaño de un repasador de cocina. Tanto ella como su esposo trabajan (él en la construcción y ella haciendo limpiezas por horas). Entre los dos suman ingresos por no más de 26.000 pesos al mes (la Canasta Básica Familiar, es decir el ingreso básico necesario para sustentar una familia de cuatro integrantes, los padres y sus dos hijos, es de 28.400 pesos).

Doña Rosa, como buena ama de casa, administra los recursos de la familia con mano de hierro. Cuida cada peso como si fuera el último; camina y camina todas las mañanas buscando ofertas, a veces en lugares tan recónditos como impensados; reclama los gramos que le faltan para llegar al kilo; devuelve los envases retornables; junta las tarjetitas de descuento;  pelea cada precio con ferocidad perruna. Es lógico, de eso depende poder llegar a fin de mes.

Doña Rosa no se viste a la moda. No tiene cable. No va al cine ni a boliches bailables. Y no es que no quiera usar ropa de marca; mirar HBO y El Gourmet tirada en la cama; ir al Movie Center una vez por semana o de vez en cuando salir a mover el esqueleto. ¡Claro que quiere! Sólo que no puede…

Doña Rosa vive con la calculadora en la mano. Priorizando gastos: alimentos, alquiler, salud, luz y agua. No hace lo que quiere; hace lo que debe. Así de simple.

Está claro que doña Rosa no fue a Harvard ni a Oxford. No conoce la Escuela de Chicago. Nunca tuvo un libro de Macroeconomía en sus manos. Ni nunca oyó hablar de Milton Friedman, Joseph Stiglitz o Rudi Dornbusch. Sin embargo, sabe más de Economía Práctica que todos ellos juntos. Su saber no pasa por las estadísticas, los cuadros comparativos o los indicadores de actividad económica, sino por el manejo mismo del dinero. Su conocimiento no es libresco, sino empírico.

Por ejemplo, tiene claro lo que no han tenido claro ninguno de nuestros últimos ministros de Economía: 1) que no puede gastar más dinero del que ingresa a su hogar y que los gastos superfluos son los primeros que deben ser recortados para evitar inconvenientes; 2) que no puede asumir compromisos financieros que ella y su pareja no pueden pagar; y 3) que si no ahorra en los tiempos de “prosperidad”, y la situación en determinado momento cambia de signo, no va a poder cubrir sus gastos ni sus deudas.

Entre 2005 y 2010, la recaudación estatal aumentó casi US$ 4.000 millones, pero el gasto público subió US$ 4.400 millones. Según el economista Ernesto Talvi, si Uruguay hubiera dispuesto de una regla fiscal como la chilena (que establece ahorrar los ingresos que se dan por encima de lo previsto), el gasto público habría aumentado en US$ 2.700 millones -60% del aumento observado- con lo cual se habría generado un superávit fiscal en los últimos cinco años. Así se habría podido formar un fondo de estabilización para ser usado en tiempos de crisis por US$ 1.200 millones.

Claro, la tentación de gastar es grande. La tentación de decir que “SÍ” a amigos, camaradas, aliados y electores, es grande. La tentación de hacer política gastando a costa de todos es más grande todavía. Basta con abrir la canilla y dejar salir el dinero. Hasta que un día alguien advierte el charco, pero ya es tarde para hacer algo...

Así como un buen padre o una buena madre debe saber decir que “NO”, un buen ministro de Economía debe saber decir que “NO”. Un buen presidente debe saber decir que "NO".

No tengo dudas de que doña Rosa, previsora, hubiese guardado un dinerito debajo del colchón para los tiempos de malaria, y, obviamente, no hubiese realizado gastos por fuera de su presupuesto.

Si yo fuera el Pepe, convoco a doña Rosa para el equipo económico. De ministra. De Presidenta del BCU. De Directora de la OPP. O de asesora. Alguien ahí adentro tiene que poner orden y decir qué es lo que hay que hacer, ¿no les parece?